Medida medioambiental urgente en RD: proteger las fuentes de agua

Para el expresidente de la Sala Capitular de Santiago, Antonio Cid López, el Estado debe asumir una política medioambiental urgente orientada a proteger las fuentes de agua en la República Dominicana, debido a que son vitales para el desa­rrollo del país y el bienestar común.

Según Cid López, preservar los ríos, arroyos, norias, manan­tiales, lagos, presas y aguas subterráneas constituye un compromiso y un deber patrióti­co, ya que estos recursos son imprescindibles para la producción de alimentos, el riego de los suelos productivos, la generación de energía eléctrica, el consumo humano y el desarrollo de las distintas acti­vidades productivas.

“Una fuente de agua garantiza el suministro de este precia­do líquido para dinamizar la producción agropecuaria, la industria y el comercio, generar electricidad y abastecer de agua potable a la población”, expone el exfuncionario muni­cipal.

A su juicio, “la protección de las fuentes de agua puede reducir los riesgos para la salud al evitar la circulación de agentes microbianos que ­podrían afectar a las personas. Por tanto, se deben invertir los recursos económicos necesarios y emplear tecnologías de punta para proteger los espa­cios acuíferos”.

“También, la protección de la calidad del agua es indispen­sable para conservar la riqueza silvestre y las distintas especies que nos proporciona la madre naturaleza”, asegura Cid López.

Medidas apremiantes

Entre las medidas priorita­rias, Cid López propone refo­restar las cuencas de los ríos y las montañas, combatir la conta­minación, regular la extrac­ción de arena, gravilla y otros materiales de los cauces, reducir la explotación minera, delimitar los terrenos destinados a la producción agrope­cuaria y las áreas boscosas, disminuir la sedimentación de los suelos y articular programas productivos agroforestales.

“Por ejemplo, en las zonas boscosas de Villa González desaparecieron muchos manan­tiales y norias como consecuencia de la tala indiscriminada de árboles, la quema de carbón y la explotación minera sin control. Eso constituye un crimen ecológico, una situación que debe obligar a las autorida­des a intervenir y poner fin a esas prácticas que devastan los recursos naturales”, subra­yó.

“Otra acción urgente es edu­car y orientar a las familias para concienciarlas sobre la importancia de rescatar, conser­var y preservar las riquezas naturales, así como propiciar un equilibrio entre los ecosistemas y el ser humano”, sostu­vo.

“Es preciso que el Estado y la ciudadanía aúnen esfuerzos y voluntades para impulsar iniciativas en favor de un ­ambiente sano y un hábitat agradable, a fin de aprender a convivir con la naturaleza sin destruirla”, concluyó.