"En principio, la investigación necesita más cabezas que medios” Severo Ochoa
Resulta altamente preocupante el informe emitido por el Panel de Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre un supuesto contrabando de armas y municiones que, en el año 2022, habrían sido transportadas desde la República Dominicana hacia Haití.
Según el organismo internacional, esos pertrechos eran utilizados por bandas criminales que, desde hace varias décadas, operan en dicho territorio y mantienen una amplia cadena de torturas, muertes y desapariciones.
Ahora bien, ¿qué consideramos mucho más peligroso con relación al tema que nos ocupa, además del agrio clima de violencia que impera en Haití? Que nuestro país pueda verse expuesto a sanciones como consecuencia de no contar con los mecanismos necesarios para desarrollar una investigación real y efectiva que permita identificar a los responsables y establecer las sanciones correspondientes, caiga quien caiga.
Tanto el presidente Luis Abinader como el actual ministro de las Fuerzas Armadas, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, deben emplearse a fondo en este asunto. Esto no puede quedarse en el tintero ni limitarse a los titulares de los medios de comunicación. Se trata de una situación mucho más delicada de lo que algunos han querido reconocer.
Si no se toman las medidas correspondientes, podríamos convertirnos en el escenario propicio para las operaciones de esos grupos que masacran a nuestros vecinos haitianos. Además de la violencia que generan en ese territorio, existe el riesgo de que esos mismos pertrechos puedan ser utilizados, llegado el momento, contra nuestro propio país. Ese es el temor latente de muchos de quienes observamos esta situación con detenimiento y sin fanatismos.
El presidente Luis Abinader debe ordenar, cuanto antes, una investigación exhaustiva sobre la denuncia de la ONU. Y, si las circunstancias lo ameritan, debe hacerlo con la firmeza necesaria para garantizar que el proceso llegue hasta las últimas consecuencias.
Si nuestras autoridades no utilizan los canales correspondientes para identificar a quienes habrían realizado tales operaciones en perjuicio de nuestras Fuerzas Armadas y del país, podríamos terminar pagando consecuencias terribles en el futuro. Estas podrían afectar nuestra imagen ante el resto de Latinoamérica y proyectarnos como una nación con deficiencias en los mecanismos de control y resguardo de sus pertrechos militares. Y eso, más que cualquier otra cosa, resulta altamente peligroso, sobre todo en estos momentos, cuando el mundo se debate entre gruesos nubarrones de incertidumbre y un futuro cada vez más impredecible.
Declaración oficial sobre las municiones
En relación con este tema, el Ministerio de Defensa de la República Dominicana (MIDE) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) emitieron declaraciones oficiales tras la publicación del informe del Grupo de Expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el que se aborda la presencia de municiones de origen dominicano en poder de bandas armadas en Haití, entre ellas el grupo 400 Mawozo.
Puntos clave de las declaraciones oficiales
• Cooperación con la ONU: El MIDE informó que ha mantenido una comunicación permanente con el MIREX para responder a los requerimientos del Panel de Expertos de las Naciones Unidas y proporcionar información sobre la adquisición, distribución y custodia del material bélico.
• Ausencia de pruebas de una transferencia autorizada: El MIDE aclaró que la similitud de las marcas o los calibres no demuestra, por sí sola, que el material haya sido transferido de manera autorizada por las instituciones militares dominicanas.
• Antigüedad de los proyectiles calibre .50: El canciller Víctor «Ito» Bisonó afirmó que parte del material analizado, incluidos proyectiles calibre .50 hallados en Haití, tiene más de 50 años de antigüedad. Asimismo, señaló que el informe de la ONU no determina con precisión cuándo ni cómo dicho material cruzó la frontera.
• Lotes de 2022 y rastreo en curso: El informe de la ONU también documentó la presencia de casquillos de calibre 5,56 × 45 mm con siglas del Ejército de la República Dominicana (ERD), correspondientes a lotes adquiridos en 2022, así como registros relacionados con el desvío de municiones de la Policía Nacional.
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