Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, la diplomática sostuvo que la política de asistencia exterior de Washington entra en una nueva etapa, caracterizada por un mayor control sobre el destino y la ejecución de los recursos.

Campos argumentó que la USAID se apartó del propósito para el que fue creada y cuestionó el manejo que, a su juicio, mantuvo la agencia en años anteriores. Asimismo, afirmó que parte de los programas financiados respondían a intereses ideológicos que, según expresó, representaban una injerencia en la soberanía de los países receptores.

En otro tema, la embajadora abordó el acuerdo bilateral suscrito entre República Dominicana y Estados Unidos para la repatriación de migrantes indocumentados, el cual forma parte de la política de control migratorio impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

Explicó que el mecanismo contempla el financiamiento por parte del Gobierno estadounidense de los procesos de repatriación, respetando la legislación de cada país, aunque aclaró que el programa aún no ha comenzado a aplicarse en territorio dominicano.

No obstante, indicó que su implementación podría iniciarse próximamente y aseguró que el proceso se desarrollará de manera organizada y coordinada entre las autoridades de ambas naciones.

Durante el encuentro, ambas partes coincidieron en que cualquier revisión del régimen tarifario deberá realizarse dentro del marco de la Ley núm. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que establece que el Intrant es el único órgano facultado para autorizar modificaciones en las tarifas del transporte público de pasajeros.

Morrison valoró la disposición al diálogo mostrada por la CNTT y reiteró que el interés del Gobierno es continuar construyendo soluciones que garanticen la sostenibilidad del sector, sin afectar el bolsillo de los ciudadanos.

“Hemos acordado instalar una mesa de trabajo para revisar de manera técnica la estructura de costos del transporte de pasajeros. Hasta tanto concluyan esos trabajos, no habrá aumento del pasaje. Nuestro compromiso es garantizar que cualquier decisión se sustente en estudios técnicos, el diálogo y el estricto cumplimiento de la ley”, expresó Morrison.

Por su lado, Juan Marte agradeció la disposición del director ejecutivo del INTRANT de recibir a la dirigencia de la CNTT y escuchar sus planteamientos. Asimismo, informó que, como resultado del encuentro, el gremio se comprometió a dejar sin efecto el aumento del pasaje anunciado y a no aplicar ningún incremento mientras se desarrollen los trabajos de la mesa de diálogo, donde serán evaluados técnicamente los costos operativos y las condiciones del servicio.

Morrison explicó que la mesa de trabajo realizará un levantamiento de las rutas donde se reportaron incrementos, analizará la estructura de costos del transporte de pasajeros y revisará los distintos factores que inciden en la prestación del servicio antes de considerar cualquier eventual ajuste tarifario.

El director ejecutivo del Intrant recordó que el Gobierno dominicano mantiene diversos mecanismos de apoyo para mitigar el impacto de los costos operativos del transporte, entre ellos los subsidios a los combustibles y el programa Bonogas Chofer. En ese sentido, destacó que el pasado año fueron entregadas más de 2,300 tarjetas Bonogas a transportistas de distintos gremios, incluyendo una parte importante de los afiliados a la CNTT, como parte de las acciones para contribuir a la estabilidad del servicio.

La información la recibió el Presidente de la República, Luis Abinader en el transcurso de una reunión que sostuvo con los ejecutivos de los principales centrales azucareros del país, en el Palacio Nacional, donde pasaron revista a los temas que atañen al importante sector productivo de la economía nacional, según detalla un comunicado de prensa.

En la reunión participaron José Pepe Franjul Jr., Leonardo Matos y Eduardo Martínez, por el Central Romana; Benigno Trueba, en representación del Ingenio Caei y por el Ingenio Barahona estuvieron Virgilio Pérez Bernal y Jaime Bonifacio.

El Presidente Luis Abinader estuvo acompañado por el Ministro de Industria, Comercio y Mipyme, Eduardo Sanz Lovatón.

En el encuentro se destacó la importancia de los avances logrados en la mecanización de la producción de azúcar en el país lo que ha contribuido a que este renglón industrial dependa cada día menos de la mano de obra extranjera.

La propuesta legislativa, integrada por 315 artículos, fue respaldada por 25 de los 27 senadores presentes, luego de más de cinco horas de debate en una sesión extraordinaria incorporada al orden del día tras la presentación del informe favorable de la comisión especial que estudió la iniciativa.

Entre los principales cambios figura la reorganización de la carrera policial en tres categorías: Directiva, Intermedia y Agente Patrullero, con el propósito de profesionalizar la institución, establecer criterios objetivos para los ascensos y fortalecer la formación académica de sus miembros.

El proyecto también endurece las sanciones por faltas graves, regula el uso de la fuerza conforme a estándares institucionales y prohíbe la asignación de agentes a servicios privados, una práctica cuestionada durante años por distintos sectores.

La aprobación de la reforma ocurre en medio del proceso de transformación impulsado por el Gobierno para modernizar la Policía Nacional y fortalecer la confianza ciudadana, en un contexto marcado por denuncias sobre uso excesivo de la fuerza y recientes casos que han reavivado el debate sobre la necesidad de una institución más profesional, transparente y respetuosa de los derechos fundamentales.

Concluida la primera aprobación, el presidente del Senado convocó una nueva sesión para hoy viernes a las 10:00 de la mañana, cuando el proyecto será conocido en segunda lectura. De ser sancionado, continuará su curso legislativo en la Cámara de Diputados antes de su promulgación.

La iniciativa constituye uno de los pilares del proceso de reforma policial que desarrolla el Estado dominicano y busca dotar a la institución de un marco legal actualizado para responder a los desafíos de la seguridad ciudadana.

Mientras para Unicef, los primeros mil días de vida, desde la gestación hasta los dos años, son determinantes para el desarrollo físico y cerebral, de manera que una alimentación inadecuada en este período puede afectar el crecimiento, el sistema inmunológico y elevar el riesgo de enfermedades crónicas en la adultez, lo que convierte este ciclo en un de los más críticos para la salud infantil. En República Dominicana, la alimentación de los niños comienza en edades en las que deberían predominar la lactancia materna y los alimentos naturales, pero una gran proporción ya está expuesta a bebidas azucaradas y artículos ultra procesados. Ese asunto no debe pasar desapercibido dada la importancia de garantizar la buena salud a la niñez y al resto de la población.

El azúcar, que tiene muchas calorías, la defino como un veneno sabroso o un mal necesario del que debemos cuidarnos, consumiéndola en una mínima proporción. Es lo que siempre acostumbro hacer cuando tomo café, té y jugos de elaboración doméstica. Nada de la calle.

A propósito del tema, veamos una investigación publicada por la entidad EnHogar-MICS 2025 (Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples), explicando que el 70.4% de los niños de 6 a 23 meses de nacidos consumió bebidas azucaradas el día anterior a esa entrevista de campo, mientras que un 38.5% recibió alimentos no saludables. Apenas el 19.2% logró lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, como recomiendan los organismos internacionales.

“En esa etapa, los niños deberían iniciar una alimentación complementaria basada en alimentos naturales, papillas, frutas, vegetales y la continuidad de la lactancia materna. Sin embargo, en la práctica, muchos son expuestos a jugos en caja, néctares industrializados, galletas dulces, cereales azucarados o incluso pequeños sorbos de refresco, productos que sustituyen preparaciones frescas y adecuadas para su desarrollo”, dice el estudio. (Véase periódico El Día, 4/07/2026). El hallazgo revela que la introducción temprana de ese producto en la dieta infantil constituye un peligro para la salud. Esta consulta técnica, realizada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), abarca más de 35,000 hogares y proporciona datos clave para la formulación y evaluación de políticas públicas, contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Por Manuel VÓLQUEZ

El ministro de Defensa de Perú, Amadeo Flores, inauguró este encuentro, que tiene por lema 'América que se une es una defensa que avanza', y destacó la importancia de este foro como una oportunidad para fortalecer la cooperación regional y promover respuestas conjuntas frente a los nuevos desafíos que enfrentan los Estados.

La Conferencia congrega a representantes de Antigua y Barbu­da, Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Esta­dos Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay, entre otros.

"Este foro abordará temas como la resiliencia estratégica, la seguridad humana, la gestión del riesgo de desastres, el desa­rrollo del talento humano, la transformación institucional y el empleo responsable de las tecno­logías emergentes para su aplicación en el ámbito de la defensa", señaló Flores.

Afirmó que el diálogo político, el respeto al derecho internacional, la responsabilidad compar­tida y la construcción de alianzas son pilares fundamentales para fortalecer la seguridad, la paz y el bienestar de los ­pueblos.

Durante su intervención, el ministro también resaltó que este espacio permitirá ampliar los ámbitos de acción de la defensa, sin desnaturalizar su misión fundamental de preservar la soberanía, la integridad territorial y los intereses nacionales.

Asimismo, advirtió que las amenazas actuales evolucionan constantemente y demandan mayores niveles de anticipación, adaptación y coordinación entre los países, indicó al mencionar desafíos como el crimen organizado transnacional, el terrorismo, los ataques cibernéticos y los desastres naturales.

En un comunicado, el director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, informó que los productos habían sido alterados de forma fraudulenta para modificar sus fechas de vencimiento y comercializarlos nuevamente, por lo que representaban un riesgo para la salud de los consumidores.

Según explicó, la destrucción de la mercancía constituye la fase final del proceso iniciado con las inspecciones e intervenciones de las autoridades y garantiza que esos productos no vuelvan a ingresar al mercado.

Alcántara recordó que, como resultado de la investigación, el propietario de los establecimientos intervenidos, Randy García, fue arrestado, sometido a la justicia y cumple una medida de coerción, mientras continúan las pesquisas para establecer el alcance de la operación y determinar posibles responsabilidades adicionales.

El funcionario señaló que entre los productos destruidos había alimentos de consumo masivo y otros artículos de uso cotidiano que habían sido manipulados.

Dijo que la manipulación buscaba aparentar estar aptos para la venta, y aseguró que Pro Consumidor continuará reforzando las labores de inspección para combatir prácticas comerciales que pongan en riesgo la salud de la población.

La ceremonia, celebrada en el auditorio de la Plaza Educativa Juan Pablo Duarte y Díez, reunió a autoridades policiales, militares, gubernamentales, académicas y religiosas, quienes destacaron la trayectoria del IPES como principal centro de formación superior de la institución y su contribución al fortalecimiento de la seguridad ciudadana ­mediante una educación de calidad.

El acto fue encabezado por el subdirector general de la Policía Nacional, general Esteban Figuereo García, en representación del director general, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, acompa­ñado por el inspector general de la institución, general Ernesto Rafael Rodríguez ­García, y el rector del IPES, general Juan Hilario Guzmán Badía.

Durante su discurso central, el rector del IPES destacó que la transformación de la Policía Nacional avanza de la mano con el fortalecimiento de la educación policial, resaltando la ampliación de la oferta académica, la incorporación de nuevas tecnologías, la actuali­zación del marco norma­tivo y el impulso de programas de formación conti­nua dirigidos a responder a los desafíos actuales en materia de seguridad.

Entre los principales logros mencionó la puesta en marcha de la Maestría en Dirección y Seguridad Ciudadana, el Técni­co Superior en Operaciones Policiales, aprobado por el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCyT), así como otros programas ­especializados orientados a fortalecer las competencias técnicas y profesionales de los miembros de la institución.

El general Guzmán Badía afirmó que la verdadera transformación policial no solo se refleja en la capacitación académica, sino también en el respeto a la vida, la dignidad humana, los derechos fundamentales y el uso racional y profesional de la fuerza, principios que fortalecen la confianza de la ciudadanía en la institución.

Cuello, respondiendo a los periodistas que la abordaron sobre el tema, expresó que los cacerolazos no aparecen de la nada y esas manifestaciones tienen un significado que las autoridades no deberían minimizar.

“En democracia, cuando la ciudadanía se expresa de manera pacífica, la primera responsabi­lidad de quienes ejercen el poder es escuchar”, declaró la ex vicemi­nistra de la Presidencia.

Explicó que la trágica muerte del joven Darlin Mercado Reyes fue el detonante de esa expresión ciudadana, pero el malestar que se manifestó viene acumulándose desde hace tiempo por el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana y los mortificantes apagones, entre otros aspectos.

“Está presente en los hogares que vuelven a padecer apagones; en las comunidades que deben comprar el agua que el Estado no les garantiza; en las familias cuyo poder adquisitivo continúa deteriorándose; en los ciudadanos que reclaman mayor transparencia sobre decisiones que afectan direc­tamente su economía”, indicó.

Asimismo, agregó, en quienes observan con preocupación dispo­siciones del nuevo Código Penal que pueden debilitar una libertad esencial para toda democracia: la libertad de expresión.

Para la ex candidata vicepresi­dencial del PLD cada uno de esos desafíos exige respuestas concretas. “Pero todos ellos, en conjunto, revelan un reto aún mayor: preservar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Ningún país puede avanzar de manera sostenible cuando esa confianza comienza a erosionar­se”­.

Zoraima Cuello asegura que el Partido de la Liberación Domi­nicana tiene el compromiso con una oposición responsable, que fiscaliza con firmeza, propone con seriedad y coloca siempre el interés nacional por encima de cualquier conveniencia política.

La cartera explicó que los equipos, entregados al Servicio Nacional de Salud (SNS) tras una inversión de 3,377,100 pesos, permitirán ampliar la cobertura del ­diagnóstico, reducir los tiempos de detección e iniciar con mayor rapidez el tratamiento de los pacientes.

De acuerdo con datos oficiales, en 2025 fueron notificados 4,447 casos de tuberculosis en República Dominicana, de los cuales 855 correspondieron a perso­nas con coinfección de tuberculosis y VIH.

Asimismo, la tasa de mortalidad por esta enfermedad fue de 0,6 por cada 100,000 habitantes.

El ministro de Salud, Víctor Atallah, afirmó que la incorporación de los nuevos equipos fortalecerá la respuesta nacional frente a la enfermedad y contribuirá a ampliar el acceso al diagnóstico y tratamiento oportunos.

Por su parte, el director del SNS, Julio Landrón, señaló que la red pública cuenta con una cobertura superior al 92 % del progra­ma de tuberculosis a través de 1,523 establecimientos de salud.

Agregó que en 2025 se realizaron 31,047 pruebas moleculares y que, en lo que va de 2026, se han ­diagnosticado 2,254 nuevos casos, todos bajo tratamiento.

Durante un recorrido por varios proyectos, el director general de la Caasd, Fellito Suberví, supervisó los trabajos de saneamiento de las cañadas Guajimía, Las Caobas, El Abanico y El Indio, en Santo Domingo Oeste, así como la rehabilitación del acueducto Haina-Manoguayabo donde instruyó a los contratistas a agilizar los trabajos, según detalla un comunicado de prensa.

Suberví afirmó que por primera vez la institución inter­viene de manera simultá­nea con todos los acueductos que abastecen al Gran Santo Domingo y al Distrito Nacio­nal.

Explicó que la Caasd desa­rrolla proyectos de saneamiento, construcción de plantas de tratamiento y perforación de nuevos pozos para fortalecer el suministro de agua y enfren­tar los efectos del cambio climático y los períodos de sequía.

El funcionario indicó que en los próximos meses conclui­rán los trabajos de reha­bilitación del acueducto Haina-Manoguayabo, que abastece sectores de la circuns­cripción uno del Distrito ­Nacional y de Santo Domingo Oeste. También señaló que avanzan las labores en el acueducto La Isabela, que sumi­nistra agua a comunidades como Arroyo Hondo, Cuesta Hermosa y zonas cercanas.

Asimismo, destacó el avance del proyecto de rebom­beo de Tamarindo, en Santo Domingo Este, el cual permi­tirá incorporar 22 millones de galones diarios a la produc­ción de agua que se distribuye en Santo Domingo Norte.

En materia de saneamiento, Suberví informó que la institución interviene 45 kilómetros de cañadas y ­recientemente licitó otros 17 kilómetros, con la meta de alcanzar cerca de 63 kilóme­tros antes de concluir el actual período de gobierno.

«Ya hemos entregado 19 kilómetros de esos primeros 45 y la meta es completar los 63 kilómetros antes de que concluya la presente gestión gubernamental», expresó.

De acuerdo a la institución, estas obras representan una inversión superior a RD$11,000 millones e incluyen la canalización de aguas residuales, instalación de redes de agua potable, mejoramiento de viviendas, construcción de vías de acceso y recuperación de espacios públicos.

El convenio fue suscrito por los directores Claudio Caamaño Vélez, de TNR, e Iván Hernández Guzmán, de Intabaco, con el propósito de elevar la producti­vi­dad de las plantaciones, optimi­zar el uso del agua, reducir el impacto ambiental y promover la expansión sostenible de las áreas dedicadas al cultivo de tabaco­.

Durante la actividad, Caamaño Vélez destacó que la alianza permi­tirá exhibir resultados concre­tos de coordinación entre instituciones, ampliar el alcance de la TNR en el sector agrope­cuario, además de consolidar la tecnificación del riego en un rubro con ventas en el exterior superiores a los USD1,300 millones anua­les­.

De su lado, Iván Hernández Guzmán afirmó que el acuerdo constituye una muestra de cómo la gestión eficiente del agua forta­lece la competitividad de una de las principales industrias agrícolas de exportación del país, al tiempo que impulsa la expansión de la tecnificación del riego hacia uno de los sectores más rentables e importantes de la República Domi­nicana.

“Sé que esta alianza entre Intabaco y la TNR producirá resul­tados tangibles en el corto plazo, que permitirá a los produc­tores tabacaleros incorporar siste­mas de riego tecnificado y conver­tirse en ejemplos de éxito para el sector”, concluyó Hernández. Como parte de los compromisos asumidos, la TNR ofrecerá asistencia técnica especializada, capa­citación y asesoramiento en el uso, instalación, operación y mante­nimiento de sistemas de riego tecnificado, con el fin de mejorar la eficiencia productiva y fortalecer las capacidades de los productores tabacaleros, mientras que Intabaco difundirá entre sus asociados y productores las oportunidades de capacitación, asistencia técnica y convocatorias relacionadas con la tecnificación del riego, fomentando una mayor adopción de tecnologías innova­doras que garanticen una produc­ción más eficiente y sostenible.

Entre las acciones previstas figura la creación de parcelas demostrativas para evidenciar los beneficios económicos y productivos de la tecnificación del riego, así como la realización de evalua­ciones conjuntas que permitan medir su impacto en el rendimiento y la calidad de la producción tabacalera.

Moreta Heredia deberá cumplir la medida de coerción en el Centro Correccional y Rehabilitación de Las Parras, ubicado en el municipio de Guerra, en la provincia de Santo Domingo.



Según la imputación, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 5:00 de la tarde, cuando el procesado realizaba labores de patrullaje en La Cañada de Guajimía, y se encontraba requisando al ciudadano Fénix Junior Ceballos Guzmán, quien conducía una motocicleta propiedad de la víctima.



El Ministerio Público establece que, cuando la víctima, Mercado Reyes, se acercó al agente policial para indicarle que la motocicleta le pertenecía, el imputado, sin mediar palabras, le realizó un disparo en el tórax que le ocasionó la muerte de manera instantánea, conforme al acta de levantamiento de cadáver.


Los hechos, que han causado gran indignación en todo el país, fueron grabados por Ceballos Guzmán, desde su teléfono celular, el cual fue remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para su posterior extracción.

La decisión fue aprobada durante la asamblea nacional de la entidad y dada a conocer por su presidente, Rafael Mena, quien explicó que estas dos aseguradoras serán las primeras afectadas por la protesta, aunque advirtió que el gremio evaluará extender la medida a otras ARS si el conflicto no encuentra una solución.

Andeclip aclaró que los servicios de emergencia y las unidades de cuidados intensivos (UCI) continuarán operando con normalidad para garantizar la atención de los pacientes en condiciones críticas y evitar riesgos para la vida.

El gremio sostiene que las ARS mantienen tarifas desactualizadas que comprometen la sostenibilidad financiera de las clínicas privadas. En ese sentido, reclama una indexación del 110 %, al considerar que ese porcentaje refleja la inflación acumulada por el sector salud desde la entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Social. Según Mena, en más de dos décadas las administradoras solo han aplicado incrementos cercanos al 25 %, cifra que calificó de insuficiente frente al aumento de los costos operativos.

DIDA irá a tribunales por suspensión de servicios

La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) anunció este miércoles que acudirá a los tribunales de la República, mediante una acción de amparo colectivo, si los centros privados de salud llegaran a suspender la atención a los afiliados a causa de su diferendo con las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

El titular general de la DIDA, Elías Báez, afirmó que la institución actuará de inmediato para salvaguardar el derecho a la salud de los afiliados, y recordó que el acceso oportuno, continuo y sin interrupciones a los servicios sanitarios es un derecho fundamental protegido por la Constitución de la República, la Ley No. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y la Ley General de Salud No. 42-01.

«Los conflictos entre las ARS y los prestadores de servicios de salud no pueden resolverse en detrimento de los afiliados. Ninguna diferencia administrativa, financiera o contractual entre las partes puede poner en riesgo la salud de la población», enfatizó Báez mediante un comunicado de prensa.

El director general reconoció que los prestadores tienen legítimo derecho a plantear y defender sus reclamaciones, pero subrayó que para ello existen mecanismos legales e institucionales que permiten dirimir esas controversias sin interrumpir la atención médica que reciben los afiliados.

Recordó, además, que las ARS administran recursos destinados exclusivamente a las prestaciones del Seguro Familiar de Salud, por lo que esos fondos deben garantizar el acceso efectivo al Plan de Servicios de Salud (PDSS) y no pueden verse comprometidos por disputas entre los actores del sistema.

La DIDA informó que mantiene una vigilancia permanente sobre la situación y que ejercerá todas las acciones legales y constitucionales necesarias para garantizar la continuidad de los servicios y la protección de los afiliados. La institución reiteró que sus canales de orientación y asistencia permanecen disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.

«La misión de la DIDA es defender a los afiliados y velar por que reciban las prestaciones que les garantiza la ley. Ante cualquier medida que limite o interrumpa el acceso a los servicios de salud, actuaremos con la firmeza que exige la protección de ese derecho fundamental», concluyó el director general.

Este equipo quedó integrado por los diputados Wandy Batista, como presidente junto a Mayobanex Martínez, Carmen Lidia Williams; Jorge Tavárez; Carolin Mercedes; Carlos de Pérez; Eugenio Cedeño; Sandro Sánchez; José Alberto Jiménez; Luis Báez; Luis Gómez; Miguel Arredondo; Rosendy Polanco; Sadoky Duarte y Rubén Peñaló.

Por parte del Senado participarán en estos trabajos de análisis Mercedes Ortiz, que fungirá como vicepresidenta y Pedro Catrain, Santiago Zorilla, Omar Fernández, Cristóbal Venerado Castillo, Ramón Rogelio Genao, Félix Bautista, Franklin Romero, Aracelis Villanueva, Rafael Barón Duluc, Pedro Tineo, Aneudys Ortiz y Lía Díaz.

La decisión de conformar una comisión bicameral para revisar las observaciones al nuevo Código Penal, fue respaldada por el presidente del Senado Ricardo de los Santos, al considerar que el Congreso debe mantener la apertura al diálogo y a la construcción de consensos.

De los Santos sostuvo que todas las iniciativas legislativas deben agotar su proceso en el Congreso y afirmó que, aunque el Código Penal permaneció cerca de tres décadas en discusión antes de ser aprobado, siempre existe espacio para introducir mejoras.

«Todo lo que hace el hombre es perfectible, tiene espacio para las mejoras», expresó el legislador al referirse a las observaciones que distintos sectores han formulado a varios artículos de la normativa.

Asimismo, indicó que tanto esa cámara como la Cámara de Diputados están comprometidas con legislar con el mayor nivel de responsabilidad posible y reiteró su disposición de colaborar en la revisión de cualquier aspecto que contribuya a fortalecer el marco jurídico.

El representante de la provincia Sánchez Ramírez manifestó que el objetivo de este trabajo conjunto es que el proyecto pueda estar listo en el menor tiempo posible, tomando en cuenta que el nuevo Código Penal tiene prevista su entrada en vigencia el próximo 3 de agosto.

La adjudicación fue realizada por el Fideicomiso RD Vial, tras concluir la Licitación Pública Nacional FIDEICOMISO-CCC-LPN-2025-0010, desarrollada junto al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). El proceso, que se extendió durante cerca de ocho meses, reunió a tres consorcios integrados por diez empresas nacionales e internacionales, siendo considerado uno de los concursos de infraestructura vial más importantes promovidos por ambas instituciones.

De acuerdo con el informe de evaluación, el consorcio ganador obtuvo la más alta calificación en los aspectos técnicos y económicos, al cumplir con todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

De acuerdo con la información suministrada por el fideicomiso, la licitación contó con el acompañamiento de una Comisión de Veeduría Ciudadana designada mediante el Decreto 298-26, integrada por Franklin Báez Brugal, José Radhamés García González y Pedro Silverio.

También participaron peritos especializados en las áreas técnica, financiera y legal, así como un notario público en los actos del procedimiento.

El proceso incluyó etapas de consultas, respuestas, observaciones, enmiendas y evaluaciones sucesivas, antes de que se adoptara la decisión definitiva conforme al pliego de condiciones y a la legislación sobre compras públicas.

La Autopista del Ámbar tendrá una longitud aproximada de 35 kilómetros y enlazará la Circunvalación Norte de Santiago con la carretera Puerto Plata-Sosúa mediante una vía concebida con estándares modernos de diseño y seguridad.

Las autoridades estiman que la nueva infraestructura mejorará el acceso a los polos turísticos de Puerto Plata y Sosúa, facilitará el transporte de mercancías entre el Cibao y los puertos del norte, incrementará la competitividad de las zonas francas y de la industria de Santiago y reducirá los tiempos de traslado de la producción agrícola hacia los mercados y centros de distribución.

Durante la fase de construcción también se proyecta la creación de empleos y oportunidades para empresas vinculadas a la construcción, la supervisión, la tecnología y la seguridad vial, mediante un esquema de financiamiento estructurado a través del Fideicomiso RD Vial.

A través de su cuenta en X, el funcionario reconoció que la reforma policial avanza y que se realizan importantes esfuerzos para transformar la institución. Sin embargo, sostuvo que toda transformación requiere un régimen de consecuencias claro para ser efectiva y sostenible.

"Ninguna vida se devuelve, pero la justicia sí puede impedir que el dolor termine convertido en impunidad. Desde el Defensor del Pueblo estaremos atentos al proceso, ofrezco mis competencias y acompaño el dolor de esta familia, pidiendo justicia para este joven dominicano", expresó Ulloa.

Asimismo, hizo un llamado a los residentes de Guajimía a mantener la calma y permitir que el proceso judicial siga su curso, al tiempo que recordó que la Policía Nacional puso a disposición del Ministerio Público a los agentes que integraban la patrulla involucrada en el caso.

"Desde el Defensor del Pueblo estaremos vigilantes para que haya justicia contra quienes manchan la honrosa labor policial", afirmó.

Ulloa destacó, además, que el Defensor del Pueblo y la Policía Nacional mantienen mesas de trabajo orientadas a fortalecer el respeto de los derechos humanos y las garantías fundamentales de la ciudadanía.

El espacio de diálogo forma parte de los trabajos impulsados por la comisión creada mediante el Decreto 309-26 y busca generar consensos en torno a una reforma que articule los distintos niveles y modalidades del sistema educativo, fortalezca la calidad de los aprendizajes y responda a los desafíos sociales, tecnológicos y económicos del país. 

Durante el encuentro, se presentaron los principales objetivos de la consulta a los comunicadores, entre ellos definir los elementos de una educación orientada al futuro, analizar las alternativas institucionales para fortalecer la articulación del sistema educativo dominicano, promover una reforma curricular y organizacional, así como elaborar una propuesta de legislación educativa alineada con las necesidades del desarrollo nacional. 

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó que la transformación educativa debe partir de una reflexión sobre el país que aspira a construir la República Dominicana en las próximas décadas y sostuvo que el propósito de la reforma trasciende la reorganización institucional para centrarse en ampliar las oportunidades de desarrollo de las personas mediante una educación de mayor calidad, pertinente y articulada. 

De Camps apuntó que el sistema que se construirá está enfocado en fortalecer los aprendizajes para que los estudiantes aprendan más y mejor, así como para que desarrollen los conocimientos, las competencias y las capacidades que necesitarán para desenvolverse en el futuro. 

“Necesitamos materializar esta transformación educativa para que lo que se genere en las personas, además de lo humano, también sea su capacidad de producción, y que  tengan la certeza y la tranquilidad de que van recorriendo una vida productiva en buena dirección”, apuntó De Camps. 

El titular del órgano rector del sistema preuniversitario recordó que el pasado fin de semana concluyeron las consultas territoriales llevadas a cabo en diferentes puntos del país, a través de las cuales más de 6,000 participantes pudieron manifestar sus opiniones y sugerencias de mejora para la educación dominicana. 

En tanto que el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Santos Badía, valoró la importancia de fortalecer la articulación entre la educación preuniversitaria, la educación superior, la investigación científica y la innovación como pilares del desarrollo nacional. 

El encuentro reunió a representantes de medios de comunicación, analistas, académicos y formadores de opinión, quienes intercambiaron ideas y formularon recomendaciones sobre los principales desafíos del sistema educativo dominicano y las oportunidades para su transformación. 

La Consulta Nacional para el Futuro de la Educación Dominicana continuará desarrollándose mediante espacios de diálogo con actores de los sectores educativo, productivo, social y académico, con el propósito de construir una propuesta de reforma basada en evidencia, participación y consenso, que contribuya a consolidar un sistema educativo más articulado, pertinente e inclusivo para las próximas generaciones.

Durante la apertura del encuentro “Universidades Dominicanas: Protagonistas del Ecosistema Digital. Hacia la Plenipotenciaria UIT 2026 (PP-26)”, el presidente del Consejo Directivo del Indotel afirmó que el vínculo entre la academia y el sector tecnológico constituye un desafío impostergable para acelerar la transformación digital del país.

Asimismo, hizo un llamado a las universidades a integrar la investigación, la innovación y la tecnología como componentes esenciales de sus planes de estudio, al considerar que las políticas públicas del país están cada vez más vinculadas con la transformación digital.

“Hoy prácticamente no existe un ámbito de la vida nacional donde la tecnología no sea indispensable. Por eso necesitamos que las universidades sean protagonistas del ecosistema digital y aliadas estratégicas en este proceso de cambio”, dijo.

El funcionario sostuvo que la tecnología no puede concebirse como un elemento aislado, sino como un eje transversal para el desarrollo económico y social, por lo que consideró indispensable fortalecer la colaboración entre las instituciones de educación superior y los organismos responsables de impulsar la innovación y la conectividad.

“Necesitamos dejar atrás las mentalidades análogas para construir una visión verdaderamente digital. El principal reto no es únicamente ampliar el acceso a la tecnología, sino transformar la manera en que pensamos y formamos a nuestros profesionales”, expresó.

El presidente del Indotel también puntualizó que la institución desarrolla programas de becas, capacitación y formación tecnológica dirigidos a preparar talento humano en áreas de alta demanda, como parte de una estrategia para impulsar la competitividad nacional y reducir las brechas de acceso al conocimiento.

El encuentro reunió a autoridades universitarias, representantes de organismos internacionales y especialistas del sector de las telecomunicaciones para conocer los principales resultados de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y definir una agenda conjunta de trabajo de cara a la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT 2026 (PP-26), que se celebrará en Doha, Qatar.

Las nuevas autoridades son:

Monseñor Alfredo de la Cruz Baldera: Obispo de la Diócesis de San Francisco de Macorís, quien asume la presidencia.

Mons. Tomás Morel Diplán: Arzobispo Coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, quien ocupará el cargo de vicepresidente.

Monseñor Amable Durán Tineo: Asume el rol de secretario general.

Durante el encuentro con los medios de comunicación, los nuevos directivos manifestaron su compromiso de seguir fortaleciendo la misión evangelizadora de la Iglesia. Se destacó la importancia de promover la comunión entre los obispos y de ofrecer respuestas pastorales ante los desafíos que enfrenta la sociedad dominicana.

Aprovecho esta ocasión para expresar mi agradecimiento por la oportunidad de compartir con el pleno de @episcopadord. Durante nuestra intervención, presenté las actividades que hemos llevado a cabo desde el inicio de nuestra labor como @rdensantasede, así como las iniciativas que tenemos programadas para el resto del año 2026. 

Este es un momento crucial para nuestra comunidad y estoy entusiasmado por lo que está por venir.

La aprobación fue adoptada por la comisión dispuesta por la ley, la cual está conformada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, quien la preside; el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez; el director de Presupuesto, José Rijo Presbot, y Carlos Pimen­tel, director de Contrataciones Públicas. 

De forma general, los miembros de la comisión sancionaron decisiones fundamentales que ­están orientadas a establecer el marco operativo para la implementación de la referida legislación y avanzar en el recono­cimiento y pago de las deudas del Estado con los contratistas acogidos a esta normativa bajo lineamientos de transparencia. 

En ese sentido, el protocolo aprobado para la aplicación de la Ley 16-26 establece los proce­dimientos, criterios y requisitos técnicos que regirán el proceso de revisión, evaluación y tramitación de los expedientes, el cual será de conocimiento público. 

Este protocolo representa un paso decisivo para la ejecución de la legislación, al dotar al proce­so de reglas claras, uniformes y ágiles para el conocimiento de los expedientes, manteniendo la seguridad jurídica de las actuaciones administrativas.

De igual forma, la comisión dispuso su remisión a los veedores y todas las instituciones compren­didas en dicha legislación, a fin de asegurar la correcta aplicación de los procedimientos establecidos, incluyendo la supervisión y rendición de cuentas contempla­das. 

La comisión reiteró que consti­tuye un objetivo prioritario avanzar con la mayor agilidad posible en la implementación efectiva de la referida ley, creando las condiciones administrativas, técnicas y operativas necesarias para dar inicio al proceso de pago de las deudas reconocidas por esta legis­lación. 

En ese orden, se dará prioridad a aquellos expedientes que, al momento de la entrada en vigor de la normativa, se encontraban en proceso de revisión por la Contraloría General de la República. 

La comisión de Adanegas estuvo integrada por su presidente, Juan Elías Pérez; el segundo vicepresidente, Juan Carlos Mata; la vocal, Dra. Kaira Vázquez; así como Anulfo Rivas, Dr. Rafael Polanco, Adalberto Arias y Nelson Marcelino, en representación de la asociación.

Durante el encuentro, las autoridades reiteraron su disposición de actuar como mediadores entre las partes involucradas, con el propósito de propiciar un entendimiento mediante el diálogo, dentro del marco de la libre empresa y la libre competencia.

Como parte del proceso, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes convocará posteriormente a los principales proveedores de servicios de pagos con tarjetas para dar continuidad a las conversaciones y facilitar la búsqueda de soluciones consensuadas.

Mientras se desarrollan estas reuniones, la normalidad en el servicio de pago con tarjetas se mantiene en las estaciones de combustibles del país.

Este primer encuentro tuvo carácter privado. Oportunamente, el Ministerio informará sobre los avances de este proceso de diálogo.

El rol del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes es procurar que las partes alcancen un entendimiento que preserve el normal funcionamiento del comercio, en el marco de la libre empresa y 

En un documento conjunto, firmado por Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD); Rafael (Pepe) Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS); y Gabriel del Río Doñé, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), las organizaciones sostienen que el proyecto sometido por el Poder Ejecutivo al Senado en octubre de 2024 debe ser aprobado conforme a los acuerdos alcanzados entre el Gobierno, los empleadores y los trabajadores. 

Las organizaciones sindicales consideran que la decisión de devolver el proyecto a comisión para reabrir su discusión constituye un desconocimiento del trabajo realizado por los legisladores y una maniobra dilatoria que genera incertidumbre sobre el futuro de la reforma y debilita la confianza en el diálogo social. 

"El propósito de abrir un nuevo proceso de discusión, bajo el argumento de promover otro diálogo, sólo persigue retrasar la aprobación de una iniciativa que ya fue ampliamente consensuada por las partes", expresan las centrales sindicales. 

Asimismo, reiteran que no participarán en una nueva negociación relacionada con la cesantía laboral, ni aceptarán modificaciones que impliquen eliminarla o alterar   contenido del artículo 86 del Código de Trabajo, referente al pago oportuno de las prestaciones laborales y la aplicación del astreinte en caso de incumplimiento. 

Las confederaciones también manifestaron su rechazo a cualquier propuesta orientada a extender hasta seis meses los contratos de aprendizaje, al considerar que esa medida podría incentivar la sustitución de empleos formales por contrataciones temporales, afectando principalmente a los jóvenes que ingresan al mercado laboral, quienes quedarían sin prestaciones laborales ni cobertura de protección social. 

No obstante, reafirmaron su disposición a continuar participando en los espacios de diálogo para discutir otros aspectos de la reforma laboral, siempre que se respete el consenso alcanzado durante el proceso tripartito y no se vulneren los derechos adquiridos de los trabajadores. 

Las organizaciones sindicales sostienen que, si no existe voluntad política para aprobar el texto consensuado, resulta preferible que el presidente Luis Abinader retire la iniciativa del Congreso antes que mantener abierta una discusión que, a su juicio, busca modificar acuerdos previamente pactados entre las partes.

El anuncio fue realizado por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien informó que el órgano legislativo estará abierto a recibir todas las observaciones que presenten los distintos sectores de la sociedad sobre la normativa.

Pacheco explicó que la intención es conocer todas las iniciativas que sean necesarias e, incluso, realizar vistas públicas si las circunstancias lo ameritan, con el propósito de escuchar a los sectores que han expresado objeciones a diversos artículos del Código Penal.

No obstante, se señaló que el objetivo es conocer y tramitar las posibles modificaciones durante los 19 días que restan de la presente legislatura, la cual concluye el próximo 26 de julio.

Sin embargo, reconoció que, debido a la amplitud del proceso de consultas y a la cantidad de planteamientos que puedan surgir, existe la posibilidad de que la discusión se extienda más allá del cierre de la legislatura.

Al concluir la rueda de prensa, Pacheco dejó claro que el debate sobre las tres causales para la interrupción del embarazo no forma parte de este nuevo proceso de revisión.

Según explicó, ese tema fue ampliamente discutido durante los años que tomó la aprobación del Código Penal en el Congreso Nacional, por lo que las eventuales modificaciones estarán orientadas a otros aspectos de la legislación que han sido objeto de cuestionamientos por distintos sectores.

El primer desafío que está llamado a enfrentar aquel que recibe la delegación democrática de mandar es la percepción irreflexiva de los gobernados, que, sin detenerse en la necesaria comprensión de que en un Estado de derecho los poderes tienen límites, alimentan la creencia de que los gobernantes todo lo pueden. Es así como la pretensión de quedar bien con la universalidad de los gobernados, de ordinario, termina siendo el peor escollo para desarrollar un buen gobierno. Al final, quien con ese propósito preside termina siendo odiado por muchos y amado, en menor número, por otros.

Tal aseveración implícitamente encierra una realidad política amarga al paladar: gobernar no es complacer, sino decidir. Y decidir, en el ámbito público, supone inevitablemente afectar intereses, contrariar expectativas y asumir costos. Esas consecuencias en el ejercicio del poder suelen exacerbar el espíritu de los gobernantes y restar eficacia en el logro de los objetivos propuestos, pues, aunque se maximicen los esfuerzos, no es posible alcanzar la totalidad de los aplausos en un estadio donde la visión humana se caracteriza por la pluralidad.

Desde la óptica constitucional, además, el poder no se ejerce para satisfacer emociones momentáneas ni para administrar simpatías. La República Dominicana, definida en el artículo 7 de la Constitución como un Estado social y democrático de derecho, descansa sobre la idea de que toda autoridad está sometida a límites jurídicos, a la responsabilidad institucional y a la procura del interés general. De ahí que el buen gobierno no pueda medirse únicamente por el volumen de aplausos que recibe, sino por su fidelidad a la Constitución, a la ley y a los fines públicos que justifican la existencia misma del poder.

Por eso, el gobernante que se convierte en presa de las ovaciones corre el riesgo de extraviar el buen tino, en tanto se distancia de la búsqueda del bien común y se hace reo de los elogios. Ya no actúa conforme a la ley, la justicia y la conveniencia pública; empieza a calcular cada paso según el impacto inmediato en la opinión de los demás. En ese contexto, promete a unos lo que no puede cumplir; evita decir verdades incómodas; posterga decisiones necesarias; se torna indebidamente tolerante para no generar conflictos; y, en nombre de la armonía, permite el crecimiento de la frustración social.

Obviamente, todo buen gobierno debe poner el oído en el corazón de todos, pero esto no implica que todos deban ser obedecidos. La escucha es una virtud democrática; la complacencia absoluta, en cambio, es una renuncia al liderazgo. Un gobernante responsable debe atender razones, valorar consecuencias y tomar decisiones fundadas, aunque estas no sean populares. Hay momentos en que la autoridad debe decir no. No al privilegio, no a la voracidad del individualismo, no a la presión indebida, no importa de dónde provenga.

Esa obligación de decidir con fundamento encuentra también sustento en el principio de juridicidad que gobierna la actuación administrativa. El artículo 138 de la Constitución exige que la Administración Pública actúe con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado, bajo los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación. De manera que gobernar bien no consiste en ceder ante cada reclamo, sino en decidir con razones, motivación suficiente y apego al interés general.

La gran frustración que genera la utopía de querer quedar bien con todo el mundo es que, al final, nadie queda verdaderamente satisfecho. Los sectores favorecidos siempre querrán más; en tanto, aquellos que no han resultado complacidos sentirán que se les ha traicionado. En consecuencia, la ciudadanía, al valorar la gestión de gobierno, termina creyendo que ha triunfado la incoherencia, la debilidad o la falta de sinceridad. Con ese predicamento emerge la gran paradoja: la aprobación que se perseguía como finalidad desemboca en el desprecio, y el gobernante que quiso evitar enemigos termina multiplicándolos.

Esto no significa que gobernar deba ser un ejercicio de arrogancia o imposición. El buen gobernante no desprecia la crítica ni se encierra en su propia voluntad. Al contrario, debe ser humilde para escuchar, inteligente para corregir y prudente para reconocer límites. Pero una cosa es escuchar al pueblo y otra muy distinta es gobernar desde el miedo a incomodar. La política seria requiere sensibilidad, pero también firmeza; apertura, pero también convicción. Un gobernante puede equivocarse y aun así conservar el respeto si actúa con honestidad, transparencia y sentido de responsabilidad. No obstante, quien cambia de posición solo para agradar pierde credibilidad, y sin credibilidad ningún gobierno puede sostenerse moralmente.

Quizás parezca un tema de aristas complejas porque enfrenta la vanidad del “yo” con la objetividad del buen gobierno, pero es innegable que quien gobierna pendiente de la aprobación inmediata termina prisionero de todos. Por eso, pretender quedar bien con todo el mundo es una desgracia para gobernar bien. El poder público no existe para satisfacer vanidades ni para administrar simpatías. Existe para servir, ordenar, proteger derechos y procurar el bien común; por ello, intentar agradar a todos mientras se gobierna es exponerse a perder el respeto de todos.

La eucaristía fue presidida por el párroco Juan Tomás García, quien ofreció bendiciones especiales para los ­socios y colaboradores presen­tes, así como para las futuras iniciativas de Cooperativa La Altagracia.

Rafael Narciso Vargas, presi­dente de Cooperativa La Altagracia, dirigió unas pala­bras de agradecimiento a todos los presentes, destacando el compromiso y la dedicación de quienes han contribuido al crecimiento y éxito de la coope­rativa a lo largo de más de siete décadas. 

En su discurso, el licenciado Vargas enfatizó la importancia de los valores cooperativos y la colaboración constante entre los miembros para alcanzar metas comunes.

Durante la celebración, se hizo especial mención a los logros alcanzados durante estos 74 años de vida institucional, destacando el impacto positivo de la cooperativa en la comunidad y su papel fundamental en el desarrollo económico y social de la región.

Cooperativa La Altagracia, fundada un 03 de julio de 1952, se ha consolidado como un pilar de la economía local, promoviendo principios de ­solidaridad, equidad y desarro­llo sostenible entre sus asocia­dos. 

Reafirma su compromiso con sus valores fundacionales y su misión de seguir sirviendo a sus asociados y a la comunidad con integridad y responsabilidad.

La eucaristía contó con la participación de los Consejos de Administración y Vigilancia Central de Cooperativa La Alta­gracia, socios, colabora­do­res y medios de comunica­ción; quienes se reunieron en un ambiente de gratitud para conmemorar este importante hito de su historia institucional.

El tribunal declaró "inadmisible" la solicitud de nulidad del auto de apertura a juicio planteada por las defensas de Alain Rodríguez y compartes, y ordenó la continuación del proceso judicial el próximo 22 de julio de 2026, a partir de las 9:00 de la mañana.

Las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yisel Soto hicieron constar que "no hubo afectación constitucional en la utilización del mote en este proceso penal". Sin embargo, ordenaron a las partes abstenerse de utilizar apodos para referirse al caso penal, tal y como lo estableció el Tribunal Constitucional (TC) en una sentencia.

La resolución indicó que a partir de los elementos aportados por las partes "no hay razón para establecer que esa situación haya causado un agravio al derecho de defensa".

El tribunal también rechazó los incidentes que procuraban la nulidad de actuaciones ya decididas, declarando inadmisibles aquellas sobre cuestiones previamente juzgadas durante la etapa intermedia.

De acuerdo con el expediente judicial, Alain Rodríguez malversó más de 6,000 millones de pesos mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en los que se desempeñó como procurador general de la República. 

La medida forma parte "de una investigación administrativa destinada a determinar si los agentes incurrieron en faltas disciplinarias durante su actuación en el operativo", señaló la Policía.

En un comunicado, el portavoz de la Policía, coronel Diego Pesqueira, señaló que los cinco agentes son investigados por una presunta actuación que no se ajustó a los protocolos institucionales, especialmente en lo relativo a la protección de la vida y la asistencia inmediata a personas en situación de riesgo.

A la vez, Pesqueira precisó que los agentes son interrogados como parte de la investigación interna, que se desarrolla de forma paralela a la pesquisa penal que dirige el Ministerio Público contra el cabo Moreta Heredia, cuya audiencia para conocerle medida de coerción fue aplazada para mañana.

El portavoz reiteró que la Policía mantiene una política de "cero tolerancia" frente a actuaciones contrarias a la ley, los derechos humanos y los principios que rigen la función policial, y afirmó que cualquier irregularidad comprobada será sancionada conforme al debido proceso.

La institución indicó que no ofrecerá más información sobre el caso hasta que concluyan las investigaciones. 

La institución recordó que el artículo 125 de la Ley núm. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que el régimen tarifario para la prestación del servicio de transporte de pasajeros es competencia exclusiva del Intrant.

En ese sentido, precisó que ningún chofer, sindicato, federación, empresa o prestador del servicio de transporte está facultado para aumentar el precio del pasaje de manera unilateral, ya que cualquier modificación a las tarifas debe ser previamente autorizada por el órgano rector.

El director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, advirtió que cualquier incremento aplicado sin la autorización correspondiente constituye una violación a la Ley 63-17 y podrá dar lugar a las sanciones administrativas previstas en la normativa vigente, incluyendo la imposición de multas a quienes incumplan las disposiciones legales.

Morrison reiteró que la protección de los derechos de los usuarios del transporte público constituye una prioridad para la institución y exhortó a la ciudadanía a no pagar aumentos no autorizados en el pasaje, al tiempo que hizo un llamado a denunciar cualquier cobro irregular a través de los canales oficiales del Intrant.

Asimismo, aseguró que toda decisión relacionada con las tarifas del transporte será informada oportunamente por la institución, conforme a lo establecido en la 

La Policía informó que la suspensión forma parte de una investigación administrativa para determinar si los agentes incurrieron en faltas disciplinarias y si su actuación se apartó de los protocolos institucionales, especialmente en lo relativo a la protección de la vida y la asistencia inmediata a personas en situación de riesgo.

El caso también reavivó el debate sobre la reforma policial. La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) sostuvo que el hecho evidencia las deficiencias que aún persisten en ese proceso, al considerar que las actuaciones de algunos agentes no reflejan la inversión realizada por el Estado en capacitación, asesoría, equipamiento y modernización de la institución.

En la misma dirección, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, afirmó que la transformación de la Policía solo podrá consolidarse con la aprobación del proyecto de ley que cursa en el Senado, al entender que la reforma requiere cambios estructurales y un nuevo marco legal.

Desde el ámbito político, el presidente Luis Abinader expresó su "total indignación" por el hecho, calificó de "animal" al agente señalado como responsable y sostuvo que debe recibir una sanción ejemplar. A su vez, el expresidente Leonel Fernández definió el caso como un "gran retroceso", mientras el senador Antonio Taveras Guzmán afirmó que la tragedia demuestra la urgencia de introducir cambios estructurales en la institución. El Partido de la Liberación Dominicana también reclamó una investigación independiente y la imposición de las máximas sanciones a los responsables.

A las críticas se sumó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, quien aseguró que en los últimos seis años la Policía Nacional ha cometido más de 600 ejecuciones extrajudiciales, aunque sin precisar una cifra oficial. El defensor de los derechos humanos lamentó que esa práctica, según afirmó, se haya vuelto más recurrente en los últimos años pese a encontrarse en marcha el proceso de reforma policial.

Las distintas reacciones reflejan que el caso ha trascendido la investigación penal para convertirse en un nuevo punto de evaluación sobre la capacidad del Estado para garantizar una reforma efectiva de la Policía Nacional. Mientras avanzan las pesquisas, las demandas de justicia para la familia de Darlin Mercado Reyes se acompañan de renovados llamados a fortalecer los mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas dentro de la institución.

Según el Gobierno, este presupuesto está enfocado en el "fortalecimiento del capital humano, el desarrollo del capital físico, el incremento de la productividad y el fortalecimiento de la institucionalidad, preservando al mismo tiempo las prioridades sociales y la inversión pública".

En ese sentido, mantuvo la asignación en Educación equivalente al 4.05 % del Producto Interno Bruto (PIB), además de "continuar impulsando el Plan Horizonte 2034", orientado a elevar los años efectivos de aprendizaje, junto con la construcción y ampliación de planteles escolares, nuevas aulas y la expansión del Programa Nacional de Transporte Escolar, indicó Presidencia en una nota de prensa.

En el ámbito de la salud y la protección social, este nuevo presupuesto contempla la continuidad y culminación de hospitales "estratégicos", el "fortalecimiento" de las Unidades de Atención Primaria, la expansión de la Red Nacional de Emergencias y la continuidad de los programas sociales dirigidos a proteger a la población frente a choques externos.

Asimismo, en infraestructura se destinarán recursos al desarrollo de autopistas y sistemas de transporte integrado en los principales centros urbanos e interurbanos, la construcción de acueductos y sistemas de saneamiento, así como la continuidad del programa nacional para el mejoramiento de viviendas.

Por otro lado, el presupuesto asignará mayores recursos al Poder Judicial para "consolidar" la seguridad jurídica, además de continuar las inversiones destinadas al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y fronteriza, incluyendo la construcción de la verja perimetral inteligente y nuevos centros correccionales, indicó el Ejecutivo.

De acuerdo con el ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza, estos presupuestos están orientados a cumplir con las metas de desarrollo establecidas para 2036 con "inversiones que fortalecen la competitividad, la cohesión social y la confianza institucional".

La visita inició con la presentación de los resultados alcanzados por Save the Children Dominicana entre 2022 y 2025, así como de los avances del proyecto Capotillo Protege financiado por Hoteles Nacionales, una iniciativa que fortalece la participación comunitaria para crear entornos más seguros y protectores para niñas y adolescentes.

Durante el recorrido, Natalia Bayona conoció la Escuela El Túnel, donde pudo compartir con participantes de El Poder del Arte financiado por las familias Rizek Guerrero y Diaz Rainieri, programa que utiliza las artes plásticas y la música como herramientas para fortalecer habilidades para la vida, fomentar la creatividad y promover el desarrollo integral de la niñez. Durante el recorrido Natalia pudo presenciar a los niños, niñas y adolescentes en sus sesiones artísticas. 

La jornada incluyó testimonios de niñas, niños y jóvenes que compartieron cómo estos espacios han contribuido a fortalecer su autoestima, desarrollar nuevos talentos y ampliar sus oportunidades de crecimiento.

La delegación también recorrió distintos puntos de Capotillo acompañada por líderes comunitarios y las Brigadas Verdes, quienes mostraron el trabajo que realizan para promover el cuidado del entorno, fortalecer la convivencia y generar espacios seguros para las familias de la comunidad.

Durante la visita, Natalia Bayona resaltó el valor de las iniciativas que nacen desde las comunidades y el papel que desempeñan la educación, la cultura y el trabajo colaborativo como motores de desarrollo sostenible e inclusión social.

En palabras de Natalia Bayona directora ejecutiva de ONU Turismo "Cuando las comunidades cuentan con oportunidades para desarrollar su talento y fortalecer sus capacidades, se generan transformaciones que impactan no solo a las personas, sino también al futuro de los territorios."

Por su parte, Save the Children Dominicana reafirmó que la protección de la niñez requiere del compromiso conjunto entre organizaciones, instituciones públicas, sector privado y comunidades, trabajando de manera articulada para garantizar que cada niña y cada niño pueda crecer en un entorno seguro, con acceso a educación de calidad y oportunidades para desarrollar todo su potencial.

La jornada concluyó con un recorrido por la comunidad que permitió evidenciar tanto los desafíos que aún enfrenta Capotillo como el impacto positivo que tienen las iniciativas impulsadas junto a líderes comunitarios, familias y aliados estratégicos, reafirmando la importancia de continuar fortaleciendo alianzas en favor de la niñez y la adolescencia.

El cabo José Francisco Moreta Heredia fue imputado por causarle la muerte de un disparo de arma de fuego a Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años de edad.

El crimen ha causado gran indignación en todo el país. El pre-sidente Luis Abinader llamó "animal" al autor de la muerte de Mercado.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, calificó el hecho de "indignante" y anunció, la mañana del sábado, que los fiscales a cargo del caso solicitarán la imposición de la medida de coerción contra el imputado por homicidio voluntario.

El Ministerio Público depositó la tarde del sábado la solicitud de medida de coerción contra Moreta Heredia ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, siendo fijada la audiencia para este lunes, 6 de julio de 2026, a partir de las 12:00 del mediodía.

De acuerdo con la imputación, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 5:00 de la tarde, cuando el procesado realizaba labores de patrullaje en La Cañada de Guajimía, y se encontraba requisando al ciudadano Fénix Junior Ceballos Guzmán, quien conducía una motocicleta propiedad de la víctima Darlin Enmanuel Mercado Reyes.

El Ministerio Público establece que, cuando la víctima Mercado Reyes se acercó al agente policial para indicarle que la motocicleta le pertenecía, el imputado, sin mediar palabras, le realizó un disparo en el tórax que le ocasionó la muerte de manera instantánea, conforme al acta de levantamiento de cadáver.

Los hechos fueron grabados por Ceballos Guzmán, desde su teléfono celular, el cual será remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para su posterior extracción.

El órgano persecutor calificó jurídicamente los hechos como una violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan el homicidio voluntario.

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitará la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra el imputado, al considerar que existen más que suficientes elementos de prueba que comprometen su responsabilidad penal en el hecho investigado.EFE

Los cambios fueron aprobados en medio de las gestiones para que el presidente Luis Abinader asuma la presidencia del partido mientras concluye su mandato constitucional.

La reforma elimina la figura del coordinador ejecutivo de la presidencia y dispone que el primer vicepresidente asuma la coordinación ejecutiva de esa instancia, además de convertirse en el primero en la línea de sucesión del presidente del partido.

Como parte de las modificaciones, el PRM incorporó una disposición transitoria que establece que las autoridades que resulten electas el próximo 9 de agosto ejercerán un período excepcional de dos años, entre 2026 y 2028, en lugar de los cuatro años previstos en los estatutos.

A partir del siguiente proceso interno, que se celebrará después de las elecciones nacionales de 2028, las autoridades volverán a ser escogidas para períodos ordinarios de cuatro años.

La reforma también amplía de 60 a 65 el número máximo de integrantes de la Dirección Ejecutiva y modifica el mecanismo para escoger a los vicepresidentes, quienes serán distribuidos de manera proporcional a los votos válidos obtenidos por la plancha ganadora de la presidencia del partido.

Asimismo, dispone que, una vez concluidas las elecciones nacionales de 2028, la siguiente dirección del PRM volverá a ser escogida mediante el voto universal, directo y secreto de la militancia, dejando la convención de delegados como una moda-lidad excepcional para el proceso de este año.

El Comité Nacional había aprobado la semana pasada que las nuevas autoridades fueran elegidas mediante una convención de delegados. Este domingo, además, la organización pospuso para entre el 2 y el 9 de agosto la elección de su presidente, vicepresidentes, secretario general y subsecretarios generales.

La reforma estatutaria se produce en medio de la competencia entre las principales figuras del oficialismo por la candidatura presidencial de 2028 y de reiterados llamados de la dirección del partido a preservar la unidad interna. EFE.

En ese sentido, el país alcanzó 82 puntos sobre 100 en la Encuesta de Presupuesto Abierto (Open Budget Survey, OBS) 2025, la calificación más alta  entre los países de Hispanoamérica y  el segundo país del mundo en transparencia presupuestaria y además de ocupar el tercer lugar global en participación pública.

De manera simultánea, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) otorgó a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) el Premio de las Naciones Unidas al Servicio Público (UNPSA 2026), el mayor reconocimiento internacional en materia de administración pública, por el desarrollo del Sistema de Alerta Preventiva y Reactiva (SAPR), una herramienta tecnológica que fortalece la transparencia y la integridad en las contrataciones del Estado.

Estos logros reflejan el compromiso del Gobierno con una gestión pública abierta, moderna y orientada a resultados, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de control, el acceso a la información pública y la participación ciudadana.

Asimismo, la encuesta de Presupuesto Abierto, elaborada por la International Budget Partnership (IBP), reconoció a la República Dominicana como el caso más destacado de progreso sostenido en transparencia presupuestaria a nivel mundial. Los datos sostienen que en los últimos años, el país incrementó su puntuación de aproximadamente 12 a 82 puntos, el mayor avance registrado entre las naciones evaluadas durante ese período.

Este resultado responde a la publicación sistemática de los documentos presupuestarios fundamentales, el fortalecimiento técnico de la Dirección. General de Presupuesto (DIGEPRES), la institucionalización de mecanismos de participación ciudadana y la colaboración permanente con organizaciones de la sociedad civil.

Al recibir los resultados de la encuesta, el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, destacó que la transparencia presupuestaria fortalece la confianza ciudadana y mejora la calidad del debate sobre el uso de los recursos públicos. 

Reconocen a Contrataciones Públicas

En materia de contrataciones públicas, el reconocimiento de las Naciones Unidas distingue el impacto del Sistema de Alerta Preventiva y Reactiva (SAPR), una plataforma desarrollada por talento técnico dominicano que permite detectar de forma automatizada posibles riesgos e irregularidades antes de la adjudicación de los procesos de compra.

Desde su implementación en 2021, el sistema ha analizado más de 360,000 procedimientos de contratación, generado más de 147,000 alertas preventivas y contribuido a la corrección temprana de miles de procesos, lo que ha permitido reencauzar contrataciones por más de US$778.3 millones bajo criterios de mayor transparencia, competencia y cumplimiento de la normativa.

Al conocer esta decisión de ONU, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, señaló que el reconocimiento de  ese oorganismo mundial demuestra que la innovación pública constituye una herramienta eficaz para fortalecer la integridad institucional, prevenir riesgos y optimizar el uso de los recursos del Estado.

Mientras la Encuesta de Presupuesto Abierto reconoce la apertura y transparencia en la gestión de las finanzas públicas, el Premio de las Naciones Unidas valida los avances del país en materia de integridad, prevención de riesgos y control de las contrataciones estatales. En conjunto, ambos reconocimientos evidencian el fortalecimiento de la rendición de cuentas y de la institucionalidad pública impulsado por el  Presidente Luís Abinader.

Con estos resultados, la República Dominicana fortalece su posicionamiento como referente internacional en gobierno abierto, transparencia presupuestaria e innovación pública.

“Ciudad Colonial es mucho más que monumentos históricos, viviendas e infraestructuras, lo más importante que tiene es su gente; estamos y estaremos siempre para acompañarlos y mejorar su calidad de vida”, expre­só Mejía.

Este programa se efectúa en distintos barrios con el objetivo de que todos puedan ser benefi­ciados con la diversidad de servicios ofrecidos que contribuyen al bienes­tar de todos, tales como consultas genera­les, oftalmológicas, pediá­tricas y entrega de canastillas y medicamentos. 

En ese sentido, los resul­tados obtenidos ­reflejan el compromiso asumido por Carolina al frente de la Alcaldía para continuar impulsando iniciativas que acerquen servicios esenciales a las comunidades y promuevan el bienestar integral de la población.

“Aquí está la Alcaldía del Distrito Nacional en un operativo médico traba­jando para nuestra gente; nuestro corazón está en estas bellas perso­nas que cuidamos, acompañamos y amamos”, señaló Mejía.

Se realizaron 141 ­consultas generales, 25 consultas pediátricas y 64 consultas oftalmoló­gicas. Además, se entregaron 20 canastillas para embarazadas.

Se contó con la cola­boración del Instituto ­Internacional de la Visión en las consultas oftalmo­lógicas. Al tiempo que el equipo médico del ­cabildo suministró vacu­nas para la hepatitis B, Neumo 20, Neumo 13 y Dt.

El presidente del ­Concejo de Regidores, Giancarlo Vega, enfatizó el trabajo que viene ­haciendo la ejecutiva muni­cipal por el bienestar de los capitaleños.

“Carolina Mejía es una mujer que no solamente se ha ocupado de la infraestructura de la ciudad de Santo Domingo, va más allá porque se preocupa por sus ciudadanos y que reciban operativos como este donde pueden tener consul­tas, medicamentos y alimentos”, apuntó Vega.

Raudy Vargas, coordi­nador del Gabinete Social de la Alcaldía del Distrito Nacional, resaltó el impac­to directo que tienen este tipo de opera­tivos en las personas.

“Carolina no solo se ha enfocado en embelle­cer la ciudad, sino también en tocar a lo más importante que tiene la ciudad, que es la gente”, enfatizó Vargas.

En representación de los comunitarios, William García, presidente de la Unión de Juntas de Veci­nos, agradeció a la ejecu­tiva municipal por el ope­rativo que beneficiará a los munícipes. García, en sus palabras de bienvenida, externó su apoyo a la alcaldesa en acciones como esta que van a ­favor del bienestar de los ciudadanos.Estos ope­rativos también se han realizado recientemente en sectores como el 30 de Mayo, Villa Francisca y Los Ríos, entre otros.

Durante su intervención, la embajadora expresó que el mayor vínculo entre Estados Unidos y la República Dominicana es el compromi­so compartido con la libertad, un valor que, afirmó, merece ser protegido y transmitido de generación en generación. Asimismo, destacó que esta fue su primera celebración del Día de la Independencia como jefa de la misión diplomática en el país y recordó la importancia histórica de este aniversario para el pueblo estadounidense.

El acto contó con la presen­cia del presidente Luis Abina­der, la primera dama Raquel Arbaje y el ministro conseje­ro Prashant Hemady, quienes acompañaron la ceremonia como muestra de los sólidos lazos de amistad y coopera­ción que unen a ambas ­naciones.

En su discurso, la diplo­má­tica evocó el legado de Charles Carroll of Carroll­ton, uno de los firmantes de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, resaltándolo como ejemplo de valentía y compromiso con los ideales de libertad. Además, invitó a los presentes a continuar promoviendo y defendiendo los principios democráticos tanto en el ­ámbito público como en la vida cotidiana.

La celebración sirvió ­también para reafirmar el inte­rés de ambos países en fortalecer su relación bilateral, impulsando iniciativas conjun­tas en favor de la democracia, la seguridad, el desarrollo y el bienestar de sus pueblos.

Durante la presentación de la estructura nacional de juventud de la Fuerza del Pueblo, celebrada en el Club San Carlos, Fernández manifestó su "indignación" por el hecho y sostuvo que ninguna infracción de tránsito puede terminar con la pérdida de una vida humana.

"Las multas se pagan con muerte; ese es el gran retroceso del PRM", expresó el exmandatario, al referirse al caso del joven, cuyo padre es pastor y quien, según dijo, era un técnico en la realización de eventos y un trabajador ejemplar.

"Con esa muerte el país ha retrocedido increíblemente", afirmó el exgobernante, de acuerdo a una nota divulgada por la organización que fundó y dirige, la Fuerza del Pueblo.

Fernández relató que observó en detalle el video del incidente y cuestionó la actuación del agente policial. "Desde el punto de vista legal, ¿tenía derecho el policía a detener, a apresar al joven dueño de la motocicleta? No", afirmó.

Explicó que la falta atribuida al conductor de la motocicleta, circular sin placa y sin la documentación correspondiente, constituye una infracción de "simple policía", cuya sanción es una multa y no la privación de libertad.

"Lo que procedía era retener la documentación y citar al joven ante el tribunal correspondiente. Ni siquiera había lugar a privación de libertad", sostuvo.

El presidente de la Fuerza del Pueblo cuestionó además los resultados de la reforma policial impulsada por el Gobierno.

"Entonces uno se pregunta: ¿estas reformas policiales no enseñan que la privación de libertad es la excepción y que la libertad es la regla? ¿No saben que solo cuando se ha cometido una falta que conlleva pena de prisión es que puede detenerse a un ciudadano?", expresó.

Fernández consideró que el hecho demuestra graves deficiencias en la formación de los agentes y aseguró que, si la reforma policial no puede garantizar la vida de los jóvenes dominicanos, "no sirve para nada".

La ceremonia de clausura se celebró en un acto solemne realizado en el salón de eventos académicos de la Escuela Campus Gaspar Hernández, con la participación de autoridades policiales, docentes, instructores e invitados especiales, quienes acompañaron a los estudiantes de policía en la culminación de esta importante capacitación.

La actividad fue encabezada por el rector del IPES, general Juan Hilario Guzmán Badía, junto al director central de Transformación Policial, general Francisco Adolfo Pimentel; el comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, general (r) Luis Ernesto García Hernández; la directora de la escuela de formación policial de Hatillo San Cristóbal, coronel Alexandra Familia Acevedo; el subdirector administrativo de la Escuela Campus Gaspar Hernández, coronel Dionis Smith Sánchez, entre otras importantes autoridades policiales.

En su intervención, el rector del IPES, general Juan Guzmán Badía, exhortó a los rasos en entrenamiento a continuar fortaleciendo su disciplina, vocación de servicio y compromiso institucional, resaltando la importancia de aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso en el ejercicio de sus funciones policiales.

“Ustedes representan el futuro de una Policía más profesional, moderna y cercana a la ciudadanía, comprometida con la seguridad y el respeto a los derechos humanos, por eso les exhorto a mantener una actitud de disciplina, aprendizaje constante y firme compromiso con los valores institucionales en el ejercicio de sus funciones.”

Asimismo, el rector destacó el papel fundamental de los instructores y el personal académico en el proceso formativo, al considerar que su entrega y compromiso han sido claves para garantizar una capacitación de calidad, orientada al fortalecimiento institucional y a una Policía más preparada y eficiente.

De su lado, el comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, general (r) Luis Ernesto García Hernández, destacó el impacto del curso SITAB en el proceso de transformación de la Policía Nacional, al considerar que este tipo de capacitación fortalece las competencias de los futuros agentes y consolida una institución más profesional, moderna y orientada al servicio de la ciudadanía.

En el encuentro, que reunió a representantes de instituciones de formación profesional y organismos internacionales de 17 países, Morla Pineda destacó que la Alianza se ha convertido en una comunidad regional que impulsa la formación, el empleo y la inclusión social mediante el intercambio de conocimientos y experiencias.

Durante su intervención, compartió cinco lecciones que, a juicio del INFOTEP, han marcado el fortalecimiento de la Formación Dual en la región.

Explicó que la primera es que la calidad de la formación se construye mediante la cooperación permanente y el intercambio de buenas prácticas entre las instituciones.

La segunda establece que el diálogo social entre gobiernos, empleadores y trabajadores resulta indispensable para desarrollar programas de formación pertinentes y alineados con las necesidades del mercado laboral.

Como tercera lección, resaltó la importancia de contar con marcos normativos que garanticen aprendizajes de calidad, tomando como referencia la Recomendación 208 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La cuarta plantea que la cooperación regional permite responder de manera conjunta a desafíos como la digitalización, la inteligencia artificial y las nuevas competencias que demanda el mundo del trabajo.

Finalmente, señaló que el principal valor de la Formación Dual radica en su impacto sobre las personas, al generar oportunidades de empleo, inclusión social y desarrollo para miles de jóvenes y sus familias.

"Hoy renovamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo esta alianza y promoviendo la Formación Dual como una herramienta para transformar vidas y contribuir al desarrollo sostenible de nuestros países", expresó la directora general del INFOTEP.

Durante la jornada, Michael Wiechert, del Instituto Federal de Formación Profesional de Alemania (BIBB), destacó la consolidación de la Alianza como una comunidad regional de cooperación y aprendizaje.

Silvia Guzmán, del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) de México, recordó los principios fundacionales de la iniciativa y resaltó el valor del trabajo conjunto entre las instituciones participantes.

Por su parte, Ana Beatriz Waehneldt, del Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial (SENAC) de Brasil, planteó entre los principales retos ampliar el acceso de los jóvenes a la Formación Dual, fortalecer la articulación con las empresas y responder a los cambios tecnológicos.

La directora de OIT/Cinterfor, Elena Montobbio, llamó a ampliar el alcance de la Alianza, incorporar nuevos actores y fortalecer su impacto en los sistemas de formación de la región.

Cinco años fortaleciendo la Formación Dual

La Alianza para la Formación Dual en América Latina y el Caribe fue creada en 2021 como un espacio permanente de cooperación para promover el intercambio de experiencias, el aprendizaje mutuo y el fortalecimiento de los sistemas de Formación Dual de la región. Actualmente reúne instituciones de 17 países y cuenta con una Presidencia Pro Témpore rotativa, la Secretaría Técnica de OIT/Cinterfor y el Instituto Federal de Formación Profesional de Alemania (BIBB) como institución de referencia.

El INFOTEP ejerció la Presidencia Pro Témpore durante el año 2024, consolidando su participación en la promoción de iniciativas regionales dirigidas a fortalecer la Formación Dual como mecanismo para mejorar la empleabilidad, la productividad y el desarrollo económico.

La entidad exhortó a los comunicadores a "comprometerse a difundir contenidos que promuevan la verdad, la dignidad humana, el diálogo, la esperanza y el bien común, utilizando los medios de comunicación y las nuevas tecnologías como instrumentos para construir una cultura del encuentro, inspirada en el Evangelio y al servicio de toda la humanidad".



Así lo destacó el obispo de San Francisco de Macorís, monseñor Alfredo de la Cruz Baldera, en un encuentro con directores de medios y periodistas, tras ser elegido presidente de la Conferencia para el trienio 2026-2029.

Además, reiteró que la Conferencia está abierta a las inquietudes de los medios de comunicación: "cuenten con nosotros, estamos a la disposición", resaltó.



El obispo dijo que sus palabras "están inspiradas" en la reflexión sobre el mensaje del papa León XIV con motivo de la 60° Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y la encíclica 'Magnificat Humanitas'.



Del encuentro participaron, entre otros, el director de Listín Diario, Miguel Franjul; de El Día, José Monegro; de RNN, Ricardo Rojas León; de El Zol de la Mañana, Julio Martínez Pozo, y la productora del programa televisivo El Día, Edith Febles.

La nueva directiva también estará integrada por monseñor José Amable Durán como secretario general, además de monseñor Santiago Rodríguez y monseñor Andrés Napoleón Romero, quienes completan el equipo de obispos que dirigirá la institución encargada de coordinar la acción pastoral de la Iglesia católica en el país.

Monseñor Freddy de la Cruz nació el 25 de enero de 1961 en San Francisco de Macorís y fue ordenado sacerdote en enero de 1990. Es licenciado en Teología Moral por la Academia Alfonsiana y ha desarrollado una amplia trayectoria en la formación de seminaristas, la docencia y el servicio pastoral dentro de la Iglesia.

En mayo de 2020 fue designado obispo de la Diócesis de San Francisco de Macorís por el papa Francisco y recibió la ordenación episcopal el 4 de julio de ese mismo año. Desde entonces ha impulsado una gestión pastoral centrada en la formación del clero, la evangelización y el fortalecimiento de las comunidades parroquiales.

Por su parte, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán nació en Santiago de los Caballeros el 2 de febrero de 1965 y fue ordenado sacerdote en 1990 para la Arquidiócesis de Santiago. A lo largo de su ministerio ha desempeñado diversas responsabilidades pastorales, académicas y administrativas.

En 2016 fue nombrado obispo auxiliar de Santiago y posteriormente asumió el servicio episcopal en la Diócesis de La Vega. Actualmente se desempeña como arzobispo coadjutor de Santiago y es reconocido por su cercanía con las comunidades, así como por su trabajo en la formación sacerdotal y la pastoral juvenil.

Con la elección de esta nueva junta directiva, la Conferencia del Episcopado Dominicano inicia una nueva etapa de conducción institucional orientada a fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia, la coordinación pastoral entre las diócesis y el acompañamiento de los principales desafíos sociales y espirituales que enfrenta el país.

La jornada se desarrollará el viernes 10 de julio, de las 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche, en la explanada del edificio Monseñor Agripino Núñez Collado del campus Santo Domingo, ubicado en la avenida Simón Bolívar esquina Abraham Lincoln.

 Para esta convocatoria se espera la participación de unas 30 empresas de sectores como servicios financieros, seguros, manufactura, consumo masivo, energía, logística, consultoría y gestión del talento humano.

Entre las organizaciones confirmadas figuran el Banco Popular, AFP Crecer, Humano Seguros, La Colonial de Seguros, Scotiabank, Colgate-Palmolive, Pollos Victorina, Planeta Azul, DP World Dominicana, TotalEnergies, Smurfit Westrock, Hayco, Reid & Compañía, Diesco, ACERH, Intrarhecursos y el Parque Zona Franca Las Américas.

 Para esta quinta edición el comité de estudiantes organizador se ha preparado para la asistencia de más de 3,000 personas. Como en años anteriores y apegada a la política de inclusión de PUCMM, esta feria de empleo contará también con intérpretes de lenguaje de señas y facilidades de movilidad accesible.

 La Feria de Empleos PUCMM “Invest in Yourself” está dirigida a estudiantes, egresados y público en general interesados en explorar oportunidades laborales, establecer contactos profesionales y conocer las necesidades del mercado de trabajo, a través del intercambio directo con representantes de las empresas.

Es una iniciativa organizada por los estudiantes miembros del Comité de Estudiantes de Ingeniería Industrial y de Sistemas (CEIIS), que este 2026 se prepara para entregar su quinta edición y continuar facilitando conexiones entre las empresas y los candidatos que buscan oportunidades de trabajo.

El régimen de contribuciones previsto en el artículo 36 ha sido modificado nuevamente por el Congreso apenas meses después de la promulgación de la Ley 98-25, manteniendo un escenario de incertidumbre para los contribuyentes.

Para la ONEC, más allá de los ajustes realizados a la escala de contribuciones, preocupa el precedente que supone modificar reiteradamente una norma de alto impacto económico mediante procedimientos de urgencia y con escasos espacios para el análisis técnico y la participación de los sectores involucrados.

"El comercio necesita reglas claras, estables y previsibles. La planificación financiera, las inversiones y el cumplimiento regulatorio no pueden depender de cambios sucesivos aprobados en cuestión de días", señaló la organización.

La entidad recordó que la reforma fue aprobada por el Senado apenas días antes del vencimiento del primer pago semestral de la contribución especial establecido para el 30 de junio. Posteriormente, la Cámara de Diputados introdujo nuevas modificaciones, incluyendo cambios en las escalas de aportes, un régimen transitorio para el año fiscal 2025 y la extensión excepcional de los plazos de pago para las empresas que aún no habían realizado la contribución.

La organización reiteró que respalda los esfuerzos orientados a fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos y reconoce la importancia de dotar al país de mecanismos de financiamiento para enfrentar este desafío ambiental. Sin embargo, insistió en que los cambios legislativos deben sustentarse en análisis técnicos, procesos de consulta amplios y reglas estables que brinden certeza tanto al Estado como a los contribuyentes.

Asimismo, la ONEC respaldó el llamado realizado por diversos gremios empresariales para que reformas de esta naturaleza sean discutidas mediante procesos transparentes, participativos y suficientemente deliberados, garantizando un equilibrio entre los objetivos ambientales de la legislación y la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo de la actividad económica formal.

La alianza permitirá el diseño e implementación de programas de capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento empresarial en áreas estratégicas como calidad, trazabilidad, sostenibilidad ambiental, cumplimiento regulatorio, gobernanza e innovación. Asimismo, promoverá la implementación de sistemas de gestión de la calidad alineados con normas nacionales e internacionales, contribuyendo al desarrollo de un sector industrial más competitivo y preparado para responder a las exigencias de los mercados.  

Rafael Cruz expresó que este convenio expresa una visión de largo plazo de impulsar una industria dominicana donde la excelencia, la innovación y la sostenibilidad sean motores permanentes de competitividad y crecimiento.

“Consideramos que esta alianza permitirá acercar a las empresas a programas de formación especializada en normas ISO, gestión de la calidad, innovación, sostenibilidad, transformación digital, gestión ambiental, gestión de riesgos y mejora continua. De manera que saludamos esta alianza estratégica, que viene a fortalecer la visión de una gestión comprometida con colocar esta institución en otra dimensión”, sostuvo el funcionario.

Como parte del acuerdo, Proindustria y Aenor desarrollarán programas de apoyo orientados a fortalecer la cultura de la calidad en las industrias manufactureras, promoviendo la implementación de normas ISO y otros estándares internacionales, así como certificaciones, auditorías, evaluación de la conformidad y acciones de mejora continua que contribuyan a incrementar la eficiencia operativa y facilitar el acceso a nuevos mercados.  

El convenio también contempla el diseño de programas de asistencia técnica para incorporar criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en la administración de parques industriales y zonas francas, además de la realización conjunta de jornadas de capacitación, actividades de difusión y planes de trabajo que fortalezcan las capacidades del tejido industrial nacional.  

De su lado, Espejo Combes, de la Aenor, sostuvo que hoy no basta con demostrar calidad. “Las organizaciones también deben evidenciar su compromiso con la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente, la innovación, la gestión responsable de los residuos, la inocuidad alimentaria, la reducción de su huella de carbono y una gobernanza cada vez más sólidas y determinan la capacidad de competir y acceder a mercados internacionales”.

La actividad fue liderada por Gisselle Valera, presidenta e Isaac Luciano, gerente general, ambos de Pueblo Viejo, quienes junto a más de 200 participantes sembraron unas 1,581 plantas de especies nativas como el candongo, cacao, guama, algarrobo, mara y palo de indio, en una zona cercana a la cuenca del río Margajita, que desemboca en el embalse de Hatillo.

La selección del área de intervención responde a la importancia ambiental de la cuenca del río Margajita, cuya protección contribuye a la conservación de recursos hídricos en Hatillo, la recuperación de ecosistemas y el fortalecimiento de la biodiversidad local.

La jornada, que logró restaurar más de 7,300 metros cuadrados con especies sembradas, contó con la participación de colaboradores de Barrick Pueblo Viejo, representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO), líderes comunitarios de Hatillo y empresas contratistas de la minera como AGROPUVI, Constructora ECEGET y Transporte Figueroa.

Asimismo, participaron representantes de instituciones gubernamentales, entre ellos Franklin Bautista, director provincial del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Sánchez Ramírez, quienes se sumaron a esta iniciativa orientada a fortalecer la restauración forestal y la protección de los recursos naturales de la provincia.

La siembra de especies nativas y de alto valor ecológico, representa un aporte significativo a la conservación de la flora local y al fortalecimiento de corredores ecológicos que favorecen la resiliencia de los ecosistemas.

Esta jornada forma parte de las acciones permanentes que desarrolla Barrick Pueblo Viejo para cumplir los compromisos asumidos en su Programa de Manejo Ambiental y su Plan de Compensación Forestal.

A través de estas iniciativas, la empresa impulsa la colaboración y las alianzas entre comunidades, autoridades, academia y aliados estratégicos para restaurar ecosistemas, proteger los recursos naturales y generar un impacto positivo y duradero para las comunidades y las futuras generaciones.

La alianza, rubricada por Claudio Caamaño Vélez, director ejecutivo de la TNR, y Luis Bienvenido Gómez Luciano, vicerrector de Investigación y Producción Científica de Utesa, establece un marco de cooperación para el desarrollo de programas de capacitación, educación continuada, investigación aplicada, intercambio de especialistas y actividades de divulgación científica dirigidas a fortalecer las competencias técnicas del talento humano e impulsar la incorporación de tecnologías innovadoras en la agricultura.

Durante el acto, Caamaño Vélez destacó que este acuerdo representa un paso importante para fortalecer las capacidades técnicas y profesionales del país en materia de riego tecnificado.

Dijo que esta iniciativa contribuirá de manera significativa al fortalecimiento del capital humano especializado en tecnologías de riego, mediante la formación y actualización de profesionales en las herramientas y sistemas más avanzados disponibles actualmente para el sector agropecuario.

Por su parte, Gómez Luciano afirmó que este acuerdo reafirma el compromiso de la casa de altos estudios de aportar soluciones al desarrollo sostenible de la agricultura dominicana desde la investigación científica, el emprendimiento y la innovación.

Indicó, además, que proyectos de agricultura inteligente basados en inteligencia artificial y el fortalecimiento de la investigación aplicada reflejan el compromiso de Utesa con la generación y transferencia de conocimiento para impulsar un sector agropecuario más competitivo y sostenible.

Como parte de los compromisos asumidos, Tecnificación Nacional de Riego brindará asistencia técnica especializada y facilitará procesos de formación en materia de riego tecnificado, mientras que Utesa contribuirá con su capacidad académica, infraestructura y experiencia en investigación para garantizar el éxito de los proyectos y programas desarrollados en el marco del convenio.

Con este acuerdo, TNR y Utesa sellan una alianza que busca generar conocimientos, fortalecer el talento humano y promover la innovación en el sector agropecuario, contribuyendo al cumplimiento de la Estrategia Nacional de Tecnificación de los Sistemas de Riego y al desarrollo sostenible de la República Dominicana.

La firma del acuerdo, desarrollada en el salón Gilberto Reynoso, contó con la asistencia por parte de TNR, de Ramón Cabrera, encargado jurídico; Jorge Soto, encargado de Operaciones, y Eriberto Tejada, responsable de la División de Extensión y Capacitación, entre otros colaboradores de la institución.

En tanto, por Utesa figuraron María Jesús Rodríguez González, vicecanciller de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales y consultora legal, junto con Ariana López, directora senior de Comunicaciones del Sistema Corporativo Utesa, respectivamente.

El buque K Marine V zarpó desde el puerto río Haina con toneladas de alimentos no perecederos, productos de hidratación y medicamentos, "resultado de un amplio esfuerzo de coordinación entre instituciones del Estado, el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil, logrando unir la solidaridad de miles de dominicanos y de ciudadanos venezolanos residentes en el país en favor de las víctimas de esta tragedia", destacó un comunicado del Ministerio de Defensa.



Las donaciones fueron recibidas en dos centros de acopio habilitados bajo supervisión médica militar.

De igual manera, forman parte de esta ayuda los insumos recolectados durante el Radioteletón 'Hoy por Venezuela', organizado el lunes por la Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV) y transmitido por diversos canales y emisoras del país.



Tras la devastación causada por los sismos, el Gobierno dominicano activó la misión 'Quisqueya Solidaria 2026', un grupo de expertos en desastres que arribó a territorio venezolano un día después de doble terremoto, mientras que el sábado envió un cargamento de medicamentos.



Además, el lunes habilitó un vuelo humanitario en el que llegaron a la República Dominicana 55 dominicanos, nueve venezolanos y un estadounidense que residían en zonas afectadas por los terremotos.