Durante el acto, el presidente Abinader afirmó que el Gobierno ha impulsado el proceso de titulación con determinación para garantizar que las familias que por años han vivido en sus hogares cuenten finalmente con seguridad jurídica. “Lo que queremos es que ese terreno con su casita donde ustedes viven, que es de hecho de ustedes, hoy sea de derecho y nadie pueda quitárselo ya, a partir de hoy”.

Asimismo, señaló que una de las prioridades de su gestión ha sido eliminar prácticas del pasado que generaban incertidumbre entre los residentes sobre la propiedad de los terrenos. “Ustedes saben que siempre aparecía un vivo político de un partido, de un gobierno, que supuestamente los vendía, y eso lo hemos eliminado en este Gobierno. Se lo estamos dando a la gente que vive por años en esas localidades”.


Además, resaltó el valor económico que representa para las familias contar con un título legal, ya que esto incrementa el valor de sus propiedades y facilita el acceso al crédito formal. “Con ese título ustedes pueden ir a los bancos con una tasa de interés mucho más baja, arreglar su casita, construir una segunda planta o poner un negocio”.

El gobernante definió la entrega de títulos como una acción de justicia social y desarrollo económico dirigida especialmente a los sectores más vulnerables. “Hoy ustedes eran dueños de hecho, pero ahora salen con su título de propiedad de derecho”, enfatizó.

Asimismo, destacó el esfuerzo realizado por la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), encabezada por Duarte Méndez, al valorar el impacto que tiene la entrega de títulos de propiedad para miles de familias.

Los 1,500 títulos entregados este domingo abarcan un área geográfica de 87,800.33 metros cuadrados. El proceso fue ejecutado por la UTECT y Bienes Nacionales, para permitir que hoy estas familias cuenten con la seguridad jurídica de sus solares y viviendas.

Hace tres semanas, el mandatario entregó  2,000 certificados, con lo cual totalizan a la fecha 3,500 títulos. Estos benefician a unas 18,000 personas en esta etapa del proyecto, el cual proyecta alcanzar a 40,000 ciudadanos del sector Domingo Savio una vez concluidas las entregas en un área de 117,067.11 metros cuadrados.

Cumpliendo una vez más la palabra empeñada del presidente Luis Abinader

De su lado, el director de la UTECT, Duarte Méndez resaltó que la acción del Gobierno ahorró a los beneficiarios RD 120,000,000.00 que tenían que pagar los beneficiarios si este proceso lo hubieran hecho por la vía privada, “y hoy, gracias al compromiso del presidente Luis Abinader, reciben estos títulos totalmente gratis”.

“Hoy, cumpliendo una vez más la palabra empeñada de nuestro presidente Luis Abinader, estamos aquí por segunda ocasión para hacer entrega de 1,500 nuevos certificados de títulos, llevando esperanza y paz a igual número de hogares que desde hoy cuentan con la garantía legal de que sus propiedades les pertenecen”, manifestó Méndez.

Resaltó que, por la determinación y el enfoque estratégico del mandatario de impulsar la titulación de terrenos como una política clave para el desarrollo social, continúan con el trabajo para dotar de sus títulos a las familias de los sectores 27 de febrero, Ensanche Espaillat y María Auxiliadora, todos ellos correspondientes a la parcela 1B.

La conferencia contó con las exposiciones de Osmar Benítez, presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD); Gabriela Quiroga Gilardoni, representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en República Dominicana; Silvio Carrasco, director de la Unidad de Agua de la PUCMM; y Danilo Cruz, secretario de la Asociación Dominicana de Proveedores de Tecnologías Agrícolas (Adoproteca), quienes coincidieron en que la tecnificación del riego constituye un eje estratégico para garantizar la sostenibilidad agrícola y enfrentar los retos del cambio climático en el país.

Manuel Mejía, encargado de Planificación y Desarrollo de TNR, resaltó los principales avances alcanzados durante los últimos cinco años, período en el que la institución ha impulsado iniciativas orientadas a modernizar el sistema de riego y promover un uso más eficiente del agua en la producción agrícola nacional. Se priorizó la implementación y expansión de tecnologías como el riego por goteo, la microaspersión y el bombeo fotovoltaico, sistemas que han permitido optimizar el uso del recurso hídrico y mejorar la productividad en diversas zonas del país, además, la institución ha capacitado a más de 7,500 productores en los últimos cinco años

Mientras Claudio Caamaño Vélez, director de TNR destacó que, a través del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (Fotesir), se han realizado 14 convocatorias en todo el país, facilitando incentivos no reembolsables que han reducido costos de producción y mejorado la eficiencia del agua.

 La vicemandataria aseguró que el nuevo muelle pesquero de Sabana de la Mar forma parte de las iniciativas del Gobierno para fortalecer y desarrollar las comunidades pesqueras del país.

 “Esta obra brindará a nuestros pescadores un espacio

más seguro, moderno y funcional para realizar su labor, y este es el compromiso que asumimos desde el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, dignificar los espacios de los dominicanos”, expuso Peña.

 Por su parte el titular de APORDOM, Jean Luis Rodríguez, destacó el interés del Gobierno en dignificar los espacios de los hombres y mujeres del mar.

 “Hoy Sabana de la Mar vive un día especial. No solo porque inauguramos el muelle número 20 del Programa Nacional de Muelles Turísticos y Pesqueros de la APORDOM, sino porque seguimos llevando dignidad, oportunidades y desarrollo a nuestras comunidades costeras y a nuestra gente”, expresó Rodríguez.

 El titular de APORDOM resaltó que Sabana de la Mar es una comunidad profundamente vinculada al mar y donde la pesca representa tradición, esfuerzo y sustento para decenas de familias.

“Hoy entregamos un muelle moderno, seguro y preparado para responder a las necesidades de nuestros pescadores, construido con una inversión superior a los 16 millones de pesos y pensado para perdurar en el tiempo”, destacó.

 La obra cuenta con un área total de 176.09 metros cuadrados y fue diseñada para operaciones de pesca y atraque de embarcaciones menores, permitiendo fortalecer la organización y operatividad de la actividad pesquera en la zona.

 El nuevo muelle incluye un gazebo de servicio de 26 metros cuadrados destinado al descanso y resguardo de los pescadores.

 “Este espacio facilitará las labores pesqueras y el atraque de embarcaciones, pero además se convierte en un punto de encuentro para la comunidad, impulsando la economía local y fortaleciendo el potencial turístico de esta hermosa zona del Este del país”, afirmó Rodríguez.

Jean Luis Rodríguez manifestó que desde la Autoridad Portuaria Dominicana han asumido el compromiso de rescatar y construir muelles pesqueros en todo el país.

El director ejecutivo de APORDOM agradeció además el respaldo de la vicepresidenta Raquel Peña y del presidente Luis Abinader a las iniciativas de desarrollo impulsadas por la institución.

“Gracias de manera especial a nuestra vicepresidenta de la República, Raquel Peña, por acompañarnos y respaldar esta visión de desarrollo impulsada por el presidente Luis Abinader, una visión que transforma comunidades y mejora vidas”, señaló.

Con esta obra, APORDOM alcanza 20 muelles pesqueros entregados a comunidades costeras de la República Dominicana, fortaleciendo la infraestructura marítima nacional e impactando de manera positiva la vida de miles de familias.

Acompañaron a la vicepresidenta Raquel Peña y al director ejecutivo de APORDOM, Jean Luis Rodríguez, autoridades locales, representantes del sector pesquero, funcionarios de la institución e invitados especiales.

“Aquí, el águila, aterrizando en la superficie lunar”, comunicó Aldrin al presidente de EEUU, Richard Nixon, que le escuchaba y veía en el mismo instante, a 380 mil kilómetros de distancia, conversando de un planeta a otro. Increíble, pero cierto. 

Correcto fuese decir: “Aquí, el Aguila, alunizando en la Luna”, como en su momento un astronauta dirá: “Aquí amartizando en Marte”.

Era la una y quince minutos de ese día, el autor de este trabajo residía temporalmente en Nueva York, y refractario a trasnocharme, aguardé paciente presenciar la odisea más extraordinaria registrada del hombre, superior a las gestas del Almirante Cristóbal Colón de unir el mundo conocido por el desconocido el l2-l0-l492, y la de Juan Sebastián El Cano, el primero que circunvaló el globo terráqueo el 06-09-l522. Zarpó de Sevilla el l0-08-l5l9, regresando tres años después capitaneando la nave Victoria.

Original, el capitán de la expedición fue Fernando de Magallanes, nauta luso, pereciendo de un flechazo por los indígenas en la isla Mactán, Filipinas, el 27-04-l52l.

Esas comparaciones, porque esos dos intrépidos nautas concretizaron sus hazañas en el planeta Tierra, mientras que Neil Armstrong y Buzz Aldrin lograban negociar una distancia enorme en tres días de vuelo, desertar de la esfera terrestre, vencer la gravedad, posarse en la superficie selenita, acoplar el módulo lunar, y completar la odisea, retornando al hogar terrícola, desde donde despegaron tres días antes. el l6, en la estación espacial Jon Fitzgerald Kennedy de Cabo Cañaveral, Florida.

“Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad”, se escuchó la aldea Tierra al cosmonauta Aldrin expresar al presidente Richard Nixon, con el fondo ríspido y brilloso del paisaje selenita, y la bandera de las barras y las estrellas arriada, porque la Luna es un planeta ingrávido, donde no hay vientos, gravedad, sonidos, ni vida.

La aventura por la supremacía espacial que inició la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en l957 con la nave Sputnik, colocando en su vientre a la perrita Laika como cobayo para monitorear sus reacciones físicas (presión arterial y neumológico), impactó a nivel planetario el éxito del experimento, que sirvió a la URSS como demostración de superación por la conquista espacial.

El l2-04-6l, el astronauta ruso Yuri Gagarin circunvalaba, el primero, la esfera terrestre, en el módulo Vostok 3KA-3, y el 25-07-84, la cosmonauta Svetlana Swistskaya, caminó fuera del módulo, en la inmensidad del infinito, primera en hacerlo.

La odisea del Apolo II fue seguida por seis intentos más con la misma denominación, Apolo l2 alunizó el l9-ll-69, apenas l20 días del anterior éxito, en esta ocasión transportando a los astronautas Conrad Bean y Richard Gordon, hollando la superficie lunar, otro éxito que los soviéticos no han logrado igualar nunca.

 Apolo l3 el l4-04-70 explotó tanque oxígeno y obligó retornar a casa.

Apolo l4 ingresó a la Luna el 05-02-7l tripulada por Alan Shepard, Satchel Roose y Edgard Mitchell.

Apolo l5 alunizó el 30-07-7l tripulada por David Scott, James Brewer y Alfred Wordan.

Apolo l6 alunizó el 2l-04-72 tripulada por John Young, comandante, Charles Duke y Thomas Mattingly.

Apolo l7 alunizó el ll-l2-72 tripulada por Eugene Corner, comandante, Ronald Evans y Harrison Schmit, última expedición extraterrestre hasta la fecha.

Reciente, el presidente Donld Trump avanzó que someterá al Congreso una ponencia para reactivar las exploraciones a la Luna y Marte, con una puja inicial de costos por US$l,600 millones.

La gran interrogante hasta hoy, no explicada, se cierne a los motivos reales que persigue EEUU y Rusia en la aventura espacial, que agrega India, China, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia e Israel, que procuran estos primeros países enviando sondas y humanos a los planetas más cercanos al nuestro, y más allá.

Los primeros astronautas de la nave Apolo ll colectaron 383 kilos de polvo y rocas lunares, objeto de estudios que han determinado su contenido mineral y otros elementos que pudieran contener ingredientes de uso positivo para los humanos, hasta hoy, top secret.

Especulaciones las hay en el sentido que los países interesados en enviar sondas y humanos a los dos satélites más próximos a nuestro planeta consiste en determinar si las estructuras de esos suelos contienen elementos superiores a nuestros metales y el contenido de poder energético que pudieran poseer, como alternativa y visión a la ecuación de que tanto los metales como los hidrocarburos llegará un momento que se agotarán, y para impedir regresar a la cultura arbórea de nuestros antepasados homínidos, la alternativa correcta parece prospectar e identificar las potencialidades en estos aspectos de los suelos de esos dos satélites,posibles de pisar su suelo y retornar a casa.

Al autor de este trabajo resulta imposible abrir otra especulación ajena a las dos expuestas.

Durante una visita institucional a las instalaciones del emblemático club capitaleño, Aguilera calificó como “inspiradora” la experiencia de conocer de cerca el trabajo que realiza la entidad a través de su fundación, el liceo, la escuela, el centro médico y las áreas deportivas y culturales.

“El Club Mauricio Báez representa mucho más que una institución deportiva. Aquí se forman valores, se crean oportunidades y se brinda esperanza a miles de jóvenes que encuentran en este espacio un lugar seguro para aprender, desarrollarse y construir un mejor futuro”, expresó el ejecutivo bancario.

El recorrido incluyó visitas a distintas áreas de la institución, donde el presidente ejecutivo de Banreservas pudo interactuar con estudiantes, directivos y representantes comunitarios, además de conocer los programas de formación académica, desarrollo deportivo y asistencia social que impulsa el club.

Aguilera resaltó el impacto positivo que iniciativas como esta generan en la sociedad dominicana y reafirmó el compromiso de Banreservas de continuar respaldando proyectos que contribuyan al bienestar colectivo, la educación y el fortalecimiento de la juventud.

“Conocer de cerca esta realidad reafirma nuestra convicción de seguir apoyando iniciativas que transforman vidas y aportan al desarrollo integral de nuestra gente”, sostuvo.

Durante la visita, el doctor Aguilera estuvo acompañado por Leo Corporán, César Heredia Guerra, Vladimir D’Oré, Amaury Heredia Guerra, José Domínguez (Boyón) y Nandy Rivas, junto a Franklin Soriano, vicepresidente de Comunicaciones de Banreservas; Diosmary Peralta, jefa de gabinete de Banreservas; y Héctor Romero, asesor de comunicaciones de Banreservas.

Los directivos y representantes del Club Mauricio Báez compartieron detalles sobre los distintos programas sociales, educativos y comunitarios que desarrolla la institución desde hace décadas en favor de la juventud dominicana.

La institución también precisó en un comunicado que, de materializarse la reducción, "afectaría la equidad en la contienda, la seguridad jurídica electoral y el ejercicio mismo de la democracia", sustentada en el sistema de partidos.

El Gobierno propuso, a finales de abril pasado, la reducción en un 50 % del presupuesto asignado a los partidos políticos, como parte de un conjunto de medidas orientadas a contener el gasto público y mitigar el impacto de la crisis internacional derivada de la guerra en Oriente Medio.

En esa oportunidad, el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, explicó que esta propuesta se enmarca dentro de una estrategia más amplia de contención y eficientización del gasto, con la que se busca generar una disponibilidad cercana a 40,000 millones de pesos.

El comunicado de hoy de la JCE establece, sin embargo, que en el Presupuesto General de la Nación de 2026 se redujo la asignación de los partidos políticos de un 0.25 % de los ingresos nacionales, como lo establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral, a un 0.12 %.

"La propuesta de reducir nuevamente dicha asignación implicaría afectar la planificación financiera, organización, operativa, educativa y logística, así como el cumplimiento de los gastos y compromisos que han contraído (los partidos políticos) con base en el Presupuesto General de la Nación de 2026", afirmó el órgano electoral.

La JCE dijo que confía en que las "autoridades competentes" actuarán conforme al marco constitucional y legal vigente, en respeto del sistema democrático y las reglas preexistentes que garanticen la estabilidad del sistema de partidos, la "sana y justa" competencia electoral, así como el cumplimiento de los fines esenciales reconocidos a dichas organizaciones políticas en el artículo 216 de la Constitución de la República.

La propuesta del Gobierno ha sido rechazada por todos los partidos de oposición, que ven en la misma una "maniobra política" del Ejecutivo.

Las organizaciones consideraron que los recursos que reciben no son discrecionales, sino compromisos institucionales que garantizan la representación, la participación ciudadana y la competencia electoral, por lo que recortarlos significaría debilitar las bases mismas del Estado democrático de derecho y abrir la puerta a un esquema de partido único.

Con la suma de las seis jornadas realizadas en la sede central del BCRD, han sido más de 200 bancentralianos los que desinteresadamente han donado su sangre a fin de contribuir solidariamente al reclamo de este elemento esencial para la vida.

La Cruz Roja Dominicana resalta la relevancia de que “un solo donante puede salvar tres vidas”, y que los bancos de sangre como el que esa institución desarrolla son establecimientos que se dedican a asegurar la calidad de la sangre y de sus derivados, a través de los procesos de obtención, procesamiento, fraccionamiento y almacenamiento, mediante el procedimiento de aféresis.

La aféresis es un tipo de donación en la que se extraen, por separado, sólo aquellos componentes de la sangre que se necesitan, devolviendo el resto al donante por la misma vía de recolección.

Las jornadas de donación de sangre son una actividad organizada por el Voluntariado Bancentraliano como institución vinculada al Banco Central, integrada por colaboradores activos y pensionados, que deciden manifestar su espíritu solidario con la sociedad y su sensibilidad con el medio ambiente, mediante el ejercicio de la generosidad humana y el cuidado de nuestro patrimonio natural.

El Voluntariado Bancentraliano responde así a una necesidad fundamental de que los dominicanos procedan con su altruismo a la donación de sangre, puesto que los niveles de donaciones actuales en nuestro país todavía no responden a los estándares necesarios para preservar este servicio y la disponibilidad de este elemento vital en los hospitales de nuestra nación.

La jornada fue coordinada por la Comisión de Desarrollo y Asistencia Social, que dirige Denisse Comarazamy, y contó con la colaboración de los voluntarios, Yanery Mora, Raschid Zaiter, Soraya Bautista, Sandra Ramírez, Johanna Geano, Madeline Bare y Juan Carlos Santana.

El decreto 309-26 establece que la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa debe diseñar las bases para la conformación de un Sistema Educativo Nacional Integral, orientado a un nuevo modelo educativo y a su articulación con la ciencia, la tecnología y la innovación.

Su principal encomienda es presentar al Poder Ejecutivo un anteproyecto de Ley de Educación para la transformación del sistema educativo dominicano en un plazo no mayor de seis meses.

La información oficial indicó que la comisión estará integrada por el ministro de Educación, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el ministro de Administración Pública y la directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).

Como parte de sus funciones, la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa organizará una consulta nacional para el futuro de la educación dominicana, la cual incluirá contactos en todas las regiones del país, consultas institucionales y abiertas a la ciudadanía y encuentros con expertos nacionales e internacionales.

El propósito de este proceso será recoger propuestas para construir un sistema educativo integral, definir los elementos de una educación orientada al futuro, promover una reforma curricular y organizacional, y formular una nueva ley de educación acorde con las necesidades del desarrollo nacional.

Una vez concluida la consulta, se elaborarán propuestas para fortalecer la articulación del sistema educativo, consolidar el sistema de aseguramiento de la calidad, desarrollar un ecosistema nacional de investigación educativa y fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.

“Con esta medida, queda derogado el Decreto 580-24, del 7 de octubre de 2024, que creó una comisión especial para coordinar los procesos administrativos y legales relativos a la fusión de los ministerios de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología”, precisó la información.

El decreto indica que los integrantes de la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa deberán coordinar sus trabajos con la Comisión Nacional creada mediante el decreto 173-16, del 24 de junio de 2016, a fin de garantizar la coherencia entre el proceso de transformación educativa y las iniciativas ya desarrolladas en el sector.

La disposición también instruye a todas las instituciones del Poder Ejecutivo a colaborar con la comisión en el marco de sus competencias.

Entre los aspectos fundamentales que la comisión debe tomar en cuenta figuran el desarrollo de mecanismos de aseguramiento de la calidad educativa, la articulación entre educación, formación técnico-profesional y mercado laboral, así como el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Sistema Nacional de Investigación Educativa y del Marco Nacional de Cualificaciones.

Asimismo, contará con un Comité Consultivo integrado por expertos de distintas áreas de la educación, encargados de propiciar el diálogo, la consulta y el consenso en torno a las transformaciones del sistema educativo y del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.

La exitosa intervención, considerada una de las más relevantes de las últimas sema­nas fue desplegada a varias millas náuticas al Sur de las costas de la referida demarca­ción y evidencia la capacidad operativa, el alto nivel de ­respuesta táctica, así como la integración efectiva de las ­instituciones del Estado.

Las fuerzas de seguridad fueron alertadas sobre la presen­cia de dos embarcacio­nes que se desplazaban de manera sospechosa hacia aguas territoriales dominicanas, activándose de inmediato el protocolo de vigilancia y perse­cución por aire, mar y tierra, para interceptar ambas lanchas y capturar a sus tripulantes.

Como resultado del amplio despliegue operacional, en las costas de Pedernales, las unidades actuantes interceptaron una primera embarcación de aproximadamente 24 pies de eslora, equipada con moto­res de 100 caballos de fuerza, donde fueron arrestados dos hombres y confiscadas 16 pacas, conteniendo en su inte­rior 314 paquetes de presunta cocaína y 89 de marihuana, para un total de 403 paquetes­.

De manera simultánea, y en medio de una intensa perse­cución, las unidades mixtas, lograron neutralizar una segun­da embarcación en las proxi­midades de las mismas coorde­nadas marítimas, ocupando otros 836 paquetes de presunta marihuana y 56 de cocaína, totalizando 892 paquetes. En esta intervención fueron arres­tados un dominicano y un ciuda­dano venezolano.

“La neutralización simul­tánea de ambas narcolanchas constituye otra demostración del elevado nivel de coordinación, capacidad de respuesta y compromiso de las fuerzas de seguridad de la República Dominicana, que lograron apresar a cuatro individuos e incautar un total de 1,295 ­paquetes de presunta cocaína y marihuana en una misma operación combinada”.

Este foro de alto nivel, bajo el enfoque “Construyendo Oportunidades” se proyecta como una plataforma estraté­gica para posicionar a la República Dominicana y demás países de las Américas, como destino de inversión, informó ProDominicana en una nota.

En un contexto de creciente dinamismo en las Américas, marcado por la "reconfigura­ción" de las cadenas globales de valor, el 'nearshoring', la transición energética y la digi­talización, el AIF 2026 será un espacio clave para canalizar nuevas oportunidades de inver­sión hacia las Américas, así como a la República Dominicana.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos del Gobierno dominicano para continuar consolidando un clima de nego­cios competitivo, moder­no y atractivo para los inversionistas internacionales en un momento determinante.

Durante los tres días de agenda, el Americas Investment Forum (AIF) 2026 ­reunirá a inversionistas, repre­sentantes gubernamentales, organismos multilaterales, ­cámaras de comercio, empresarios y agencias de promoción de inversiones (APIs) de ­distintos países, con la partici­pación estimada de más de 2,000 asistentes, más de 20 sesiones de alto nivel y más de 50 conferencistas locales e internacionales.

El programa incluirá una conferencia magistral a cargo del presidente del Consejo Ejecutivo de la Conferencia Mundial de Inversiones (WIC) de la WAIPA, James Zhan, experto en atracción de inver­siones. Además, contará con la presencia de altos manda­tarios y la comunidad internacional.

“Así concebimos este lugar sagrado que definimos como la escuela. Esta apreciación da tranquilidad a los padres y madres, al saber que las horas que pasarán sus hijos en el centro educativo, éstos estarán libres de cualquier contingencia que afecte su integridad física y psicológica”, expresa la iglesia en el editorial del periódico Camino, titulado: La escuela que necesitamos.

 Sin embargo, el órgano de difusión de la Iglesia Católica en la República Dominicana, editado en Santiago, observó que en los últimos años las escuelas están siendo contaminadas por acciones violentas, protagonizadas por alumnos que arrastran traumas y malos hábitos, que adquirieron en sus hogares y la sociedad. “Esto ha traído como consecuencia, que la relación entre docentes y alumnos haya perdido su fundamento”, reflexionó. 

Hoy tenemos-agrega- la triste realidad de ver cómo el maestro pierde la autoridad, ante alumnos que se sienten protegidos por un sistema educativo que desautoriza al maestro, para corregir el mal comportamiento de algunos alumnos.

Señala que hay docentes que ya sienten miedo de estar en las aulas, porque las agresiones contra ellos se están repitiendo con mucha frecuencia porque el irrespeto a las normas establecidas se ha convertido en un estilo de vida para muchos estudiantes.

Advierte que de no buscarse a tiempo los correctivos necesarios para frenar esta nueva relación entre maestros y alumnos, que se está presentando en el sistema educativo dominicano, corremos el riesgo de llegar a un punto en donde la escuela perderá su razón de ser. ¿Qué estamos haciendo para evitarlo?, preguntó.

Expresa que el país necesita una escuela en donde se aprenda el amor al trabajo, la disciplina, puntualidad, honradez, solidaridad, vocación de servicio, y fomentar una cultura de paz, añadiendo que solo así tendremos la patria que tanto anhelamos.

Como resultado de un proceso integral de mapeo, análisis estratégico y consultas multisectoriales desarrollado por Crime Stoppers International junto al Instituto Republicano Internacional, se identificó que el país cuenta con un sólido piso jurídico, capacidades institucionales en evolución y una clara voluntad política para combatir de manera estructural al Crimen Organizado Transnacional, la corrupción sistémica y las dinámicas de convergencia criminal que amenazan la estabilidad democrática y el desarrollo económico, detalla un comunicado enviado este jueves.

Entre los avances más significativos destacan la promulgación del nuevo Código Penal (Ley 74-25) y la implementación de la Ley de Extinción de Dominio, instrumentos estratégicos que fortalecen la capacidad del Estado para desarticular estructuras criminales mediante la persecución de sus activos, la interrupción de sus cadenas logísticas y la afectación directa de su músculo económico-financiero.

Este análisis fue enriquecido mediante entrevistas estructuradas con líderes clave del sector público, privado, académico y de la sociedad civil, complementadas por talleres presenciales y consultas digitales especializadas realizadas durante 2026. Este ejercicio permitió identificar fortalezas, vacíos normativos y oportunidades concretas para acelerar reformas, robustecer capacidades técnicas y promover una respuesta integral frente a las nuevas amenazas criminales.

“El desafío contemporáneo no radica únicamente en acceder a información, sino en desarrollar la capacidad de cruzarla, analizarla y convertirla en inteligencia accionable. Ese es precisamente el valor estratégico de Crime Stoppers: conectar ciudadanía, tecnología y análisis para contribuir en el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del Estado frente al crimen organizado, a través de mecanismos confiables como nuestra plataforma de denuncias anónimas www.tupista.org” manifestó Alejo Campos, Director Regional de Crime Stoppers.

Fundado e inaugurado el 1 de marzo de 1982 por el entonces presidente Antonio Guzmán Fernández, el museo ocupa el edificio que funcionó como el antiguo Liceo Unión Panamericana desde 1964. A lo largo de las décadas, el MNHG se ha consolidado como uno de los principales espacios dedicados a la conservación, investigación y difusión de la memoria histórica dominicana.

El museo permaneció abierto durante varios años hasta que cerró sus puertas entre 2005 y 2020. Durante este período, la edificación fue renovada, pero la manipulación de las piezas museográficas, tanto dentro como fuera del edificio, causó daños considerables a la colección.

En 2022, se realizó una reapertura parcial, con tres salas abiertas y unas treinta piezas restauradas. Sin embargo, las condiciones climáticas adversas y las filtraciones, junto con las aberturas en los galpones, continuaron afectando tanto la estructura como la conservación de las piezas.

Ante esta situación, en junio de 2025, el museo cerró nuevamente las salas de exposición para llevar a cabo un proceso integral que incluyó la impermeabilización de techos, paredes y ductos, el cierre de aberturas en los galpones, la instalación de un sistema de drenaje exterior e interior, así como la implementación de un sistema de aire acondicionado central. Al mismo tiempo, se restauraron diversas piezas patrimoniales.

Durante este proceso, permanecieron abiertos el Salón de Conferencias Vetilio Alfau Durán y la Biblioteca Rodríguez Demorizi, ambos reinaugurados en 2024, además del vestíbulo y una sala destinada a eventos y exposiciones temporales.

Con la reapertura oficial, el museo presenta una edificación completamente renovada y rebautizada con el nombre de Emilio Cordero Michel, en honor a uno de los más grandes historiadores dominicanos.

La nueva propuesta museográfica incluye el nuevo vestíbulo, la Sala de la Patria y de los Presidentes remozada, la ampliación de la Sala de la Era de Trujillo, la restauración de 528 piezas patrimoniales, así como nuevas salas dedicadas a la guerra de Abril y a la guerrilla de Caamaño.

El museo también presenta el nuevo Jardín de Hostos y tres exposiciones temporales: “Hermanas Mirabal”, “África en el Caribe” y “Los cuatro elementos”. Además, se han lanzado publicaciones sobre Emilio Cordero Michel, las conferencias del museo y brochures informativos.

El Museo Nacional de Historia y Geografía reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio histórico nacional y la difusión del conocimiento, ofreciendo visitas guiadas, así como un programa constante de conferencias y actividades culturales para el público en general.

El museo está abierto de martes a domingo, en horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Para más información, los interesados pueden consultar el perfil de Instagram @museohistoriaygeografiard o comunicarse al teléfono 809-687-6452.

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA

1. El Museo Nacional de Historia y Geografía fue inaugurado el 1 de marzo de 1982 por el presidente Antonio Guzmán Fernández en el edificio donde funcionó el Liceo Unión Panamericana desde 1964.

2. Permaneció abierto hasta el periodo comprendido entre 2005 y 2020. Durante ese tiempo, aunque se realizó una renovación de la edificación, la manipulación de la colección, trasladada fuera y dentro del edificio, causó daños significativos a numerosas piezas.

3. En 2022, el museo reabrió parcialmente, con tres salas exhibiendo alrededor de treinta piezas restauradas. No obstante, las condiciones climáticas, filtraciones y las aberturas de ventilación en dos galpones afectaron tanto la estructura del edificio como la conservación de la colección.

4. En junio de 2025, se decidió cerrar nuevamente las salas de exposición para llevar a cabo una intervención integral que incluyó la impermeabilización de techos, paredes y ductos, el cierre de las aberturas en los galpones, el drenaje exterior e interior, y la instalación de un sistema de aire acondicionado central. Durante este proceso, se restauraron de nuevo varias piezas museográficas.

A lo largo de este período, permanecieron abiertos al público el Salón de Conferencias Vetilio Alfau Durán y la Biblioteca Rodríguez Demorizi, ambos reinaugurados en 2024. También permanecieron habilitados el vestíbulo y una sala destinada a eventos y exposiciones temporales.

5. El 28 de abril de 2026, el museo reabrió con su edificación completamente renovada y rebautizada con el nombre de Emilio Cordero Michel, en honor al destacado historiador dominicano. La renovada propuesta museográfica incluye: un nuevo vestíbulo, la Sala de la Patria y de los Presidentes (remozada), la Sala de la Era de Trujillo (ampliada), la Sala de las Piezas (con 528 piezas restauradas), nuevas salas dedicadas a la Guerra de Abril y a la Guerrilla de Caamaño, el nuevo Jardín de Hostos y tres exposiciones temporales: “Hermanas Mirabal”, “África en el Caribe” y “Los cuatro elementos”. Además, se lanzaron publicaciones sobre Emilio Cordero Michel, las conferencias del museo y brochures informativos.

6. El Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG) se encuentra ubicado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo, y está abierto al público de martes a domingo, en horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. El museo ofrece visitas guiadas y un programa permanente de conferencias y eventos culturales. Para más información, pueden consultar su perfil en Instagram: @museohistoriaygeografiard o comunicarse al 809 687 6452.

Fotos: Geografia

La obra, publicada en febrero, contiene más de 140 fotos inéditas del artista cubano, tomadas por Mordzinski, quien califica el libro como “un recorrido visual, emocional y obligatoriamente sentimental por la vida de uno de los cantautores más importantes de la lengua española”.

La presentación se realizará en el Centro Cultural de España el viernes 19 de junio a las 10:00 de la mañana. Los interesados en asistir podrán asegurar su cupo, sin costo, inscribiéndose en la página web www.mardepalabras.com . Al final de la presentación, Mordzinski firmará ejemplares a los lectores que adquieran la obra. 

Mar de Palabras, organizado por la Fundación René del Risco Bermúdez, se celebrará en la Ciudad Colonial de Santo Domingo con la participación de más de 60 autores nacionales e internacionales. La directora general, Minerva del Risco, informó que del 19 al 21 de junio se realizarán 30 eventos, entre ellos, conversatorios, talleres de formación, tertulias literarias, cinefórum entre otros. Desde ya el programa está habilitado en la web oficial para consulta e inscripción.

La directora ejecutiva de Mar de Palabras, Yulissa Álvarez Caro, dijo que con el Festival se promueve el turismo cultural en la Ciudad Colonial de Santo Domingo y la dinamización y fortalecimiento de la industria del libro en la región. Mar de Palabras se realiza con apoyo del Ministerio de Turismo, Banreservas, Instituto 512 (i512), Banco Popular Dominicano, Centro Cultural de España y Embajada de España, Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM), INDOTEL, Seguros Universal, Centro León, Centro Cultural Banreservas, Plan Lea, RNN, APAP, Editorial Monumental y Hotel Billini.

Sobre la Fundación René del Risco Bermúdez. La Fundación René del Risco Bermúdez es una organización sin fines de lucro dedicada al fomento de la lectura, el intercambio académico y la organización de eventos culturales. Las actividades que promueve persiguen el deleite artístico, el intercambio de conocimiento, y el fortalecimiento de las relaciones entre creadores y sus espectadores/lectores.

Sobre Mar de Palabras. Con sede en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, Mar de Palabras es el primer festival de literatura en la región del Caribe. Sus compromiso principal con el país es fortalecer el ecosistema del libro y la lectura mediante actividades que promuevan los espacios de diálogo, intercambio y circulación de conocimiento, contribuyendo a posicionar al país como el principal destino del turismo cultural de la región, diversificando el flujo de nuestros visitantes, en particular durante las temporadas que tradicionalmente han sido bajas.

Cotuí alberga la mina de oro de Pueblo Viejo, operada por Barrick Gold, considerada  la más grande de América Latina y una de las 13 más grandes del mundo. Los números, en apariencia, resultan contundentes y seductores. La mina de Pueblo Viejo, ubicada en Cotuí, ha llegado a representar cerca del 2% del Producto Interno Bruto nacional, una cifra que por sí sola la coloca como un actor económico de peso en la República Dominicana.

A esto se suma que, entre 2013 y 2020, la operación minera generó más de 2,600 millones de dólares en impuestos para el Estado, consolidándose como una de las principales fuentes de ingresos fiscales del país en ese período. En el plano comercial, el impacto también ha sido significativo: el oro extraído en Cotuí llegó a representar hasta un 31% de todas las exportaciones dominicanas, posicionándose al país como un jugador relevante en el mercado internacional de este mineral.

En términos de empleo, la mina se mantiene alrededor de 2,350 trabajadores directos, además de unos 2,500 contratistas, lo que evidencia su capacidad de dinamizar, al menos parcialmente, el mercado laboral en la zona. A esto se suma una inversión inicial que superó los  US$4.000 millones, una de las mayores en la historia del país.

La otra cara de los datos es incómoda

Pero la otra cara de los datos es incómoda y, con frecuencia, queda fuera del discurso oficial. Diversas denuncias documentadas apuntan a la contaminación de ríos como el Maguaca y el Margajita, en las inmediaciones de Cotuí, con presencia de metales pesados y sustancias como el cianuro, utilizados en los procesos de extracción.

A esto se suma el impacto humano. Al menos 65 familias han sido desplazadas de sus comunidades, mientras entre 400 y 600 más continúan reclamando reubicación, en medio de un proceso que muchos consideran incompleto o injusto.

En el día a día, los efectos también se sienten en la economía local: las comunidades reportan pérdida de tierras agrícolas, aparición de enfermedades cutáneas y afectaciones al ganado, lo que golpea directamente los medios de subsistencia de cientos de familias. Es decir, mientras millas de millones de dólares ingresan al país por concepto de minería, los costos sociales y ambientales terminan concentrándose, casi en su totalidad, en Cotuí.

San Juan: economía agrícola en cifras reales

A diferencia de Cotuí, San Juan de la Maguana no vive del oro, sino del agua y la tierra. San Juan es uno de los principales polos agrícolas del país, responsable de una parte significativa de la producción nacional de: Habichuelas, Arroz y Maíz.

Este modelo, aunque menos espectacular en cifras macroeconómicas, tiene una característica clave:

distribuye riqueza de forma más directa entre millas de familias productoras.  El proyecto minero Romero, impulsado por GoldQuest, plantea transformar esa estructura económica.

Pero el riesgo es cuantificable: La minería metálica requiere grandes volúmenes de agua, el mismo recurso que sostiene la agricultura del valle. La experiencia de Cotuí demuestra que la actividad minera puede provocar  pérdida de productividad agrícola en zonas cercanas . San Juan no solo produce alimentos; También abastece los mercados nacionales. Sustituir esa base productiva por minería implicaría un cambio estructural profundo… y potencialmente irreversible.}

El contraste: empleo, riqueza y realidad

Cuando se coloca frente a frente las realidades de Cotuí y San Juan de la Maguana, los números dejan de ser fríos y comienzan a contar una historia que incomoda: la de una paradoja evidente.

En términos de aporte económico, Cotuí exhibe cifras llamativas. La minería llega a representar cerca del 2% del Producto Interno Bruto nacional, un peso significativo dentro de la economía dominicana. San Juan, en cambio, no aparece con ese protagonismo en las estadísticas macroeconómicas, pero sostiene un rol silencioso y esencial: es clave en la producción de alimentos que abastecen al país.

El empleo también refleja dos modelos distintos. En Cotuí, la actividad minera genera alrededor de 2.350 empleos directos, concentrados en una estructura empresarial definida. Mientras tanto, en San Juan, la agricultura sostiene a millas de productores y familias, dispersando el trabajo a lo largo de toda la provincia.

Si se observa el comercio exterior, la diferencia es aún más marcada. El oro de Cotuí ha llegado a representar hasta un 31% de las exportaciones nacionales, convirtiéndose en un pilar de ingreso de divisas. San Juan, por su parte, no exporta en grandes volúmenes, pero produce para el consumo interno, garantizando la seguridad alimentaria de la nación.

El impacto ambiental traza una línea más delicada. En Cotuí, la minería ha estado asociada a altos niveles de intervención ambiental, incluyendo denuncias de contaminación y desplazamientos de comunidades. En San Juan, la actividad agrícola depende directamente de la disponibilidad de agua limpia, lo que mantiene, en términos relativos, un menor nivel de impacto ecológico.

Finalmente, la distribución de la riqueza evidencia una de las diferencias más profundas. En Cotuí, los beneficios económicos tienden a centrarse en pocos actores, mientras que en San Juan la riqueza, aunque más modesta, se reparte entre una base social mucho más amplia. La minería genera grandes cifras, pero  concentra beneficios . La agricultura genera menos ingresos globales, pero  los distribuye socialmente .

¿Riqueza para quién?

Los datos de Cotuí desmontan uno de los principales argumentos del discurso pro-minero: la promesa de desarrollo local. En el papel, todo parece indicar lo contrario. La zona ha sido escenario de millas de millones de dólares en exportaciones, aportes fiscales considerados históricos y una de las mayores concentraciones de inversión extranjera en el país.

Sin embargo, cuando se baja del plano macroeconómico a la realidad cotidiana de las comunidades, el panorama cambia drásticamente. A pesar de esa bonanza en cifras, muchas de las poblaciones cercanas a la actividad minera continúan enfrentando serios problemas de acceso a agua limpia, conflictos por la tenencia y uso de la tierra, y condiciones persistentes de vulnerabilidad social.

Esta contradicción entre riqueza generada y bienestar limitado no es casual. Responde a un fenómeno ampliamente estudiado en economía, conocido como la “maldición de los recursos”, donde territorios con abundantes riquezas naturales terminan mostrando bajos niveles de desarrollo humano en sus comunidades.

El caso de Cotuí no es un fracaso económico: es un éxito macroeconómico con fracaso territorial. San Juan aún está a tiempo de decidir si quiere: Un modelo agrícola que sostiene a millas de familias o; Un modelo extractivo que genera riqueza concentrada y riesgos ambientales comprobados.

La verdadera estadística no está en los millones exportados, sino en la calidad de vida de la gente. Porque al final, la gran pregunta sigue sin respuesta convincente:

¿Puede llamarse riqueza a un modelo que deja atrás a su propia gente?

Melvinson ALMÁNZAR

El hantavirus no es una enfermedad endémica del Caribe y no se registran brotes recurrentes en la región. En ese sentido, el Ministerio reite­ra que no hay una situación de alarma sanitaria en el país, pero mantiene el monitoreo preventivo como parte de sus funciones habituales de vigilan­cia y control.

Esta zoonosis la causa el virus del género Orthohanta­virus, cuyo reservorio natural son principalmente roedores silvestres. El virus se expulsa a través de la orina, heces y saliva, contaminando superfi­cies, alimentos o ambientes cerrados.

En el continente america­no, algunas variantes pueden producir el síndrome pulmonar por hantavirus, una forma grave que suele iniciar con fiebre, fatiga y dolores muscu­lares, y que puede evolucionar hacia dificultad respiratoria severa.

El interés reciente sobre esta enfermedad surge a raíz de un evento asociado al buque de expedición MV Hondius. La OMS ha informado que el evento está vinculado a hantavirus y que el riesgo para la población global es bajo, aunque continúa el seguimiento epidemiológico internacional.

El Ministerio recomienda evitar la acumulación de basu­ra, escombros y objetos en desuso cerca de las viviendas; sellar grietas u orificios por donde puedan ingresar roedo­res; almacenar los alimentos en envases cerrados; y mante­ner limpios patios, almacenes y áreas de depósito.

Antes de limpiar espacios cerrados, abandonados o con posible presencia de roedores, se recomienda ventilarlos por al menos 30 minutos. También se aconseja utilizar guantes y mascarilla, evitar barrer en seco, humedecer las superficies antes de limpiarlas, y lavar utensilios, latas, frutas y vegetales antes de su consumo.

Al citar el estudio sectorial sobre el Tejido Productivo de la Manufactura Local, reali­zado por la Asociación de ­Industrias de República Domi­nicana (AIRD), mediante una publicación en X, Yayo resaltó que RD sea “una realidad manufacturera de Latinoamérica y esto no es solo un hito económico; son más de 152 mil familias con empleos ­formales, construyendo su ­futuro con dignidad”.

En dicho estudio, la AIRD presenta que la industria manu­facturera local se consolida como uno de los principales motores de la economía domi­nicana, al aportar el 21% de la recaudación interna del ­Estado y generar un fuerte impacto en el empleo, la produc­ción y los encadena­mientos productivos.

En ese orden, destaca que por cada RD$100 que genera el sector, RD$42 se reinvierten en compras de bienes y servicios locales, lo que dinamiza otros sectores de la economía y fortalece el mercado interno­.

Asimismo, indica que la manufactura local registró ­ventas por RD$1.5 billones en 2025, equivalentes al 17% de todas las ventas formales del país, con un crecimiento promedio anual de 5.5% en la última década.

El estudio también resalta el efecto multiplicador del sector, señalando que por cada empleo directo se generan aproximadamente 2.9 empleos indirectos, lo que evidencia su impacto en la generación de oportunidades laborales y en la articulación del tejido productivo nacional.

En términos de comercio exterior, la manufactura local aporta el 43% de las exportaciones nacionales bajo el régi­men interno y coloca sus ­productos en más de 120 ­mercados internacionales, ­consolidándose como un actor clave en la generación de divi­sas.

El informe subraya, además, que el sector representa el 12.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) y posiciona a la República Dominicana como la mayor economía manufacturera de Centroamérica y el Caribe, y la octava en América Latina.

En el encuentro participaron los agentes especiales a cargo de la Oficina de Miami y del Caribe, Miles D. Aley y Michael C. Mayer, respectivamente, los jefes asociados de Operaciones, Región Noreste y Sureste, agentes Frank A. Torentino y Gregory M. Millard, así como el ⁠Director DEA – Oficina de Santo Domingo, Richard J. Cernuda, detalla una nota de prensa.

Durante la reunión, el Administrador de la DEA, Terrance Cole, hizo contacto telefónico con el titular de la DNCD, donde aprovechó para felicitar al Gobierno del Presidente Luis Abinader, por liderar la lucha contra el narcotráfico en la región.

Terrance Cole reafirmó el apoyo de la DEA a la República Dominicana para planificar, coordinar y ejecutar nuevas estrategias operativas en contra del narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional.

La agenda de trabajo se centró en la planificación de nuevas tácticas para detectar e interrumpir las operaciones ilícitas del crimen, así como los mecanismos para mejorar la eficiencia operativa frente al narcoterrorismo y otras amenazas.

Los representantes de la DEA valoraron positivamente la gestión y los resultados obtenidos por la República Dominicana, subrayando la importancia de continuar potenciando el intercambio de información en tiempo real para desarticular las estructuras logísticas y financieras de las organizaciones criminales.

“Esta visita ratifica el compromiso del Gobierno dominicano de mantener una colaboración estrecha y efectiva con las agencias internacionales, garantizando una respuesta contundente frente a las redes criminales transnacionales”, destacó el vicealmirante Cabrera Ulloa.

La normativa será devuelta a la Cámara de Diputados donde deberán acoger o rechazar los cambios realizados para luego remitirla al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.

Este sistema permitiría activar un mecanismo de respuesta rápida para localizar a niños, niñas y adolescentes desaparecidos o presuntamente secuestrados, mediante la difusión inmediata de información a nivel nacional.

Asimismo, contempla cuatro tipos especializados de alertas para la búsqueda inmediata de personas desaparecidas en riesgo: Amber para menores; Silver para adultos mayores; Azul para personas con discapacidad) y Rosa para mujeres violentadas y víctimas de trata.

Este sistema, utilizado en varios países, consiste en emitir una alerta masiva con los datos del menor desaparecido para movilizar a las autoridades y a la población en general durante las primeras horas, consideradas cruciales para su localización.

El protocolo iniciaría cuando los familiares reporten la desaparición del menor ante las autoridades, como la Policía Nacional o el Ministerio Público, luego de recibir la denuncia, los organismos correspondientes evaluarían si el caso cumple con los criterios necesarios para activar la alerta, entre ellos la existencia de indicios de secuestro o peligro inminente para la vida o integridad del menor.

Asimismo, las autoridades deberán contar con información suficiente que permita identificar al niño o adolescente, como una fotografía reciente, descripción física y datos del lugar donde fue visto por última vez.

Una vez activada, la alerta se difundirá de manera simultánea a través de diversos canales, incluyendo medios de comunicación, redes sociales, mensajes a teléfonos móviles y plataformas digitales, con el objetivo de llegar al mayor número posible de personas en el menor tiempo.

La alerta incluiría detalles como la identidad del menor, edad, características físicas, así como información sobre posibles sospechosos o vehículos involucrados en la desaparición, en caso de que existan.

Dijo que el Estado está absorbiendo gran parte del aumento del crudo, por encima de un umbral cercano a los 74 dólares por barril, lo que implica un alto costo para las finanzas públicas.

Díaz señaló que el Gobierno no puede evitar el impacto de la crisis internacional, pero sí mitigarlo, especialmente en la población más pobre.

Defendió la política de incrementos graduales que registraron los precios de los combustibles durante las últimas semanas, producto del impacto de la crisis internacional del petróleo, como una forma de balancear la estabilidad social con la responsabilidad fiscal.

El funcionario señaló que el Gobierno ha optado por una estrategia de mitigación basada en subsidios focalizados y ajustes graduales en los precios, evitando trasladar de golpe el aumento internacional al consumidor local.

«En economía no hay soluciones perfectas, hay dilemas. Si no subsidiamos, el precio subiría de manera abrupta; si subsidiamos demasiado, el costo fiscal se dispara», indicó.

Entrevistado en el programa Hoy Mismo, el funcionario explicó que el país enfrenta un «choque externo de gran magnitud», con efectos directos en la inflación, el costo del transporte y los precios de los alimentos, dada la alta dependencia de las importaciones de combustibles.

«El impacto es inevitable. Esto se va a sentir en la economía, porque el petróleo afecta prácticamente todos los sectores.  La actual situación del crudo representa una de las mayores disrupciones en la historia reciente de ese mercado», sostuvo.

Entre las medidas adoptadas por el Gobierno, además del subsidio semanal a los combustibles, que en algunos períodos ha alcanzado los 1,500 millones de pesos, el ministro citó el apoyo al transporte público para contener el alza en el precio de los pasajes.

A esto se suman subsidios a fertilizantes y productos agrícolas, con el objetivo de evitar un efecto en cadena sobre los alimentos, además de mayores transferencias a programas sociales dirigidos a los sectores más vulnerables.

Durante una intervención presentada ante el Pleno del órgano electoral, el director ejecutivo del Fopppredom, Dr. José Manuel Jerez, sostuvo que el recorte previamente aplicado de un 52 % ya colocó a las organizaciones políticas en una situación de alta fragilidad financiera, por lo que una reducción adicional del 50% sobre el monto restante “constituiría una verdadera asfixia económica” para el sistema democrático dominicano.

La entidad explicó que, de concretarse la nueva disminución, los partidos políticos terminarían operando con apenas un 24 % de los recursos establecidos por la ley, afectando seriamente áreas esenciales como la formación política, la educación ciudadana, la organización territorial, los procesos democráticos internos y las labores permanentes de filiación y orientación electoral.

Fopppredom advirtió además que debilitar financieramente a los partidos podría generar distorsiones en la equidad de la competencia política, aumentar la dependencia de intereses económicos particulares y producir un desequilibrio institucional frente al uso de los recursos estatales desde el poder.

En ese contexto, la organización solicitó formalmente a la Junta Central Electoral interceder ante el Poder Ejecutivo en defensa del financiamiento público conforme al marco legal vigente, asumir una posición institucional en protección del sistema de partidos y explorar mecanismos jurídicos que permitan preservar la integridad del régimen de financiamiento político de la República Dominicana.

“El debilitamiento del sistema de partidos implica un debilitamiento de la democracia misma”, expresó el Dr. José Manuel Jerez durante su exposición ante el órgano electoral.

La actividad se realizó en el Senado de la República y reunió a representantes de distintos sectores vinculados al sistema de Seguridad Social. Durante el acto, la institución presentó un balance de los principales hitos y desafíos en sus 25 años de funcionamiento, según detalla un comunicado de prensa.

En su intervención, Ceara Hatton indicó que la salud debe prevalecer sobre criterios de mercado y señaló que las decisiones relacionadas con el sistema deben considerar el impacto en la población, especialmente en los sectores más vulnerables.

“Estamos convencidos de que la salud debe estar por encima de cualquier lógica de mercado. Esa es la diferencia entre la vida y la muerte”, expresó.

El funcionario destacó varias iniciativas impulsadas por la Sisalril para fortalecer la protección en salud y riesgos laborales, entre ellas la implementación del Per Cápita Diferenciado por edad y sexo, mecanismo de redistribución de recursos a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), orientado a procurar un sistema más equitativo y sostenible.

Según explicó, la medida busca garantizar la atención médica, particularmente en personas de edad avanzada, sin afectar la calidad de los servicios ni los beneficios de los afiliados.

En ese sentido, Ceara Hatton también señaló como una prioridad institucional la reducción del gasto de bolsillo en salud, especialmente en medicamentos, con el objetivo de ampliar el acceso de la población y reducir el impacto económico en los hogares.

Durante el acto fue presentado un documental sobre la evolución de la Sisalril desde la promulgación de la Ley 87-01, incluyendo testimonios de exsuperintendentes y un recuento de los principales avances alcanzados por la entidad.

A la actividad asistieron el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah; el ministro de Trabajo y presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), Eddy Olivares; la gerente general del CNSS, Aura Celeste Fernández; además de representantes del sector empresarial, administradoras de riesgos de salud, sindicatos, asociaciones médicas y organizaciones de pacientes.

La Sisalril indicó que, a 25 años de la promulgación de la Ley 87-01, mantiene una agenda enfocada en el fortalecimiento de la regulación, la supervisión del sistema y la protección de los derechos de los afiliados.

La ceremonia, celebrada en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, contó con la presencia del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; el director general de Museos, Carlos Andújar; el director del MNHG, José Guerrero Sánchez; el presidente del Voluntariado del museo, Marcial Najri; así como funcionarios gubernamentales e invitados especiales.

"Esto se enmarca dentro de una política y una visión muy clara: que estos espacios pueden conectarnos con el pasado, nos hacen reflexionar el presente y proyectar el futuro", expresó el ministro Salcedo, al tiempo que manifestó que estos museos deben estar a disposición de los jóvenes de las escuelas y colegios, así como de los estudiantes universitarios.

El acto marcó la apertura oficial de siete salas renovadas: Guerra de Abril, La Patria, Los Presidentes, Trujillo: una era de terror, La Guerrilla de Caamaño, la colección de piezas museográficas y El Jardín de Hostos, espacios dedicados a episodios y figuras fundamentales de la historia nacional que recuperan protagonismo en el principal museo histórico del país.

Tras el corte de cinta, el presidente Abinader recorrió las instalaciones junto al ministro Salcedo, acompañados por Guerrero, Andújar y Najri, quienes ofrecieron detalles sobre las áreas intervenidas y los criterios curatoriales que guiaron la actualización de la muestra permanente.

Durante el acto, el mandatario destacó la importancia de rescatar y fortalecer los espacios culturales y museísticos del país como vía para afianzar la identidad nacional y acercar a las nuevas generaciones al conocimiento de la historia dominicana.

De su lado, el ministro Salcedo calificó la reapertura como un paso trascendental, al señalar que este remozamiento devuelve al país un espacio esencial para la reflexión histórica, la educación y la construcción de ciudadanía.

El legislador explicó que la decisión responde a las demandas de diversos sectores sociales, comunitarios y ambientales, que habían expresado su rechazo por los posibles impactos negativos en los recursos naturales y la salud de la población.

Ramírez calificó la suspensión como una victoria para el pueblo sanjuanero y valoró la postura del presidente Luis Abinader, destacando su disposición a escuchar a las comunidades antes de impulsar iniciativas de gran impacto.

Asimismo, aseguró que la medida ha generado “júbilo, regocijo y tranquilidad” en la provincia. El pasado domingo, una multitud se concentró en el llamado granero del sur para manifestarse en contra de cualquier actividad minera en la demarcación.

Tras estas protestas, el mandatario ordenó la paralización de las operaciones vinculadas a la explotación minera en El Romero, decisión que, según Ramírez, refleja compromiso con la ciudadanía.

El diputado reiteró que continuará respaldando acciones orientadas a proteger los recursos naturales y garantizar el bienestar de las familias sanjuaneras.

Durante una entrevista con Eduardo Feinmann para el ciclo América Habla, desde el Palacio Nacional de República Dominicana, Abinader defendió el modelo económico dominicano, basado en estabilidad macroeconómica, apertura a la inversión, seguridad ciudadana, expansión turística, competitividad de zonas francas y firmeza democrática. “La inversión en República Dominicana es segura. Somos un oasis en la región”, resumió.

El mandatario explicó que, aun sin producción de hidrocarburos y afectado por el alza del petróleo, la economía ha mantenido un crecimiento anual promedio de 4.1 % gracias a una diversificación productiva que incluye turismo, exportaciones de zonas francas, remesas, cacao, azúcar, equipos médicos, eléctricos y el liderazgo en exportación de cigarros.

Abinader destacó que el país proyecta recibir 12 millones de visitantes, consolidándose como potencia turística en Latinoamérica después de México, y subrayó la llegada de USD 5,000 millones en inversión extranjera, citando la inversión de USD 500 millones de Google como un voto de confianza en el futuro digital dominicano. “No dependemos de un solo producto”, afirmó.

En seguridad, aseguró una tasa de 7.5 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las más bajas de Centroamérica y el Caribe, atribuida a la coordinación semanal de instituciones como la Policía Nacional, el Ministerio Público y DICRIM.

Respecto al narcotráfico, afirmó que su gobierno ha incautado seis veces más droga que administraciones anteriores, gracias a la cooperación con Estados Unidos. Además, definió la alianza con Washington como “total”, calificó de “excelente” la relación con Israel y señaló que Cuba “no es un estado democrático”, denunciando además el “robo de las elecciones de 2024” en Venezuela.

Durante el panel, realizado en la última Semana de la Ética Gubernamental, los exponentes coincidieron en la necesidad de fortalecer la ética como un principio práctico y transversal en la sociedad. 

Alba Nely Familia, por el sector empresarial, subrayó el papel transformador de la ética en la cultura organizacional, resaltando el compromiso del empresariado con la promoción de valores y señalando que la ética es un componente esencial en el ejercicio responsable de la comunicación y el periodismo. 

En tanto, Ariel Acevedo, en representación del sector laboral, planteó que la transparencia debe ser el eje fundamental de la conducta institucional, al tiempo que abogó por la integración de valores en los procesos organizacionales para generar confianza y sostenibilidad. 

De su lado, Deyanira Campusano, representante del sector estatal, sostuvo que la ética ha evolucionado de un concepto abstracto a una práctica concreta, destacando la importancia de su aplicación colaborativa en la gestión pública para garantizar equidad e integridad. 

De manera conjunta, los panelistas concluyeron que la construcción de una cultura de integridad requiere acciones concretas, coherencia institucional y el compromiso articulado de los sectores laboral, empresarial y estatal. 

En las palabras de cierre, la directora general del INFOTEP, Maira Morla Pineda, reafirmó que la ética debe asumirse como una práctica cotidiana que se refleja en cada acción, como base para fortalecer la ciudadanía y las instituciones.

En la actividad también participaron el subdirector general de la institución, Luis Manuel Rodríguez, la directora de Gestión Humana, Margarita Aquino, directores administrativos y regionales, así como Jorge Tonos y Mildred Pérez, representantes de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN). 

El panel fue moderado por Yoneidi Domínguez, encargado de la División de Responsabilidad Social Corporativa del INFOTEP. 

El panel fue transmitido de manera virtual a todas las regionales del INFOTEP, donde colaboradores de la institución participaron activamente, fortaleciendo su formación en valores y aprovechando este espacio de reflexión sobre la importancia de la ética en el ejercicio institucional y social.

Esta iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el INFOTEP para integrar la ética como eje transversal en sus programas de formación técnico profesional, contribuyendo al desarrollo de capital humano con valores y al fortalecimiento institucional del país.

Esta etapa impactará a aproximadamente 78,000 maestros del sistema educativo público y será ejecutada por más de 1,600 pares evaluadores, seleccionados mediante un proceso técnico que incluyó verificación de credenciales, experiencia profesional, entrenamiento especializado y ejercicios de calibración. 

La fase de observación de clases consiste en la evaluación directa de la práctica docente en el aula, mediante la recopilación de evidencias objetivas sobre la planificación, el desarrollo de la enseñanza y la interacción pedagógica en condiciones habituales. 

La Comisión destacó que el rol del par evaluador es estrictamente técnico y se fundamenta en la observación objetiva del desarrollo de la clase, sin intervenir en la dinámica pedagógica, utilizando instrumentos estandarizados que garantizan la trazabilidad y transparencia del proceso. 

Como parte de la preparación, el Ministerio de Educación desarrolló un proceso de formación de varios meses orientado a asegurar rigor, calidad y homogeneidad en la aplicación de la evaluación. 

Asimismo, recordó que los pares evaluadores, que son todos técnicos docentes, suscribieron compromisos formales de confidencialidad, ética y cumplimiento del proceso, y que el ejercicio de estas funciones constituye una responsabilidad institucional, cuya inobservancia conlleva la aplicación de las medidas administrativas correspondientes. 

El acuerdo tiene como objetivo permitir el ejercicio de actividades remuneradas a los familiares a cargo del personal de las respectivas misiones diplomáticas y oficinas consulares acreditadas en el territorio de República Dominicana y el Reino de Bélgica.

También, los diputados aprobaron la resolución aprobatoria del Acuerdo de Servicios Aéreos entre la República Dominicana y la República de Honduras, firmado el 29 de julio de 2024.



El referido acuerdo tiene como objeto principal favorecer el desarrollo del transporte aéreo entre la República Dominicana y Honduras, que propicie su expansión económica y comercial.



Además, los diputados aprobaron el proyecto de resolución mediante el cual se reconoce al presidente de la Asamblea del Estado de Nueva York, Carl Edward Heastie, por sus aportes en beneficio de la promoción y desarrollo de la comunidad dominicana en el Estado de Nueva York.



Asimismo, aprobaron enviar a una comisión especial el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24, del 13 de diciembre de 2024.



La comisión especial estará compuesta por la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dharuelly D´Aza, quien la preside, así como los diputados Jorge Leonardo Tavárez, Willy Sánchez, Mayobanex Martínez, Ramón Bueno, Rafael Augusto Castillo, Miguel Espinal, Mateo Espaillat, Luis Gómez, Julio César López, Fiordaliza Estévez, Dilenia Santos, Daritza Zapata y Carlos Morillo.



Durante la visita, Paliza resaltó que esta obra forma parte de la política integral del Gobierno para transformar comunidades vulnerables en espacios seguros, organizados y con oportunidades reales de desarrollo humano, mediante proyectos que combinan infraestructura, sostenibilidad ambiental e inclusión social.

“Estamos apostando a una transformación profunda del ordenamiento urbano y la recuperación ambiental del río Ozama, pero sobre todo que prioriza a las familias devolviéndoles su dignidad y esperanza, porque nadie merece vivir en incertidumbre”, expresó el ministro.

El proyecto, respaldado por el decreto 521-25, contempla la creación de un corredor ambiental y social que integrará espacios públicos seguros, áreas verdes, infraestructura vial, equipamientos comunitarios y deportivos, así como servicios esenciales remozados y de nueva construcción. Se estima que esta intervención impactará a 62,815 habitantes de la zona.

Actualmente se ejecuta la primera etapa, que abarca aproximadamente 16,000 metros cuadrados de intervención urbana. Los trabajos se desarrollan en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, como parte de los esfuerzos del Gabinete Ozama-Isabela, iniciativa creada por la Presidencia para dirigir y transparentar las acciones de rescate, saneamiento y recuperación integral de estas cuencas hidrográficas.

En ese sentido, la coordinadora general de URBE, Rocío Vidal, aseguró que la obra avanza conforme al cronograma, priorizando la calidad de los trabajos y el acompañamiento social a las familias impactadas.

“Estamos desarrollando una intervención integral que combina infraestructura, medio ambiente y componente social. Nuestro compromiso es garantizar que cada familia reciba un trato justo y que el resultado final sea un espacio digno, funcional y sostenible para toda la comunidad”, afirmó Vidal.

Detalles del proyecto

La intervención completa incluye 800 mts lineales a la orilla del Río de los cuales de primera fase incluye construcción de una vía de  350 metros lineales a orillas del río, con estabilización de suelos y protección de márgenes.

Asimismo, contempla el remozamiento de infraestructuras comunitarias clave como el dispensario médico, el destacamento policial y canchas deportivas, junto con el mejoramiento del entorno residencial y el fortalecimiento de los servicios básicos.

El proyecto también incluye 5,800 metros cuadrados de áreas verdes y paisajismo, así como nuevas instalaciones comunitarias como un campo de béisbol infantil, un centro comunitario y parques recreativos.

Hasta la fecha, han sido demolidas 198 estructuras, entre viviendas y locales comerciales, y quedan 98 pendientes. Se estima que el proceso impactará un total de 365 familias, las cuales serán reubicadas e indemnizadas conforme a los levantamientos técnicos.

Próxima fase

La segunda etapa del proyecto, cuya adjudicación está prevista para julio de 2026, dará continuidad a la recuperación del margen oriental del río Ozama, enfocándose en consolidar el sistema de estabilización de bordes y suelos, así como en fortalecer el corredor verde mediante vegetación y espacios que garanticen sostenibilidad ambiental y bienestar colectivo.

Esta intervención se enmarca dentro de las Metas Priorizadas de la Presidencia, como parte de los esfuerzos nacionales orientados a reducir la vulnerabilidad climática y construir resiliencia territorial en comunidades expuestas a riesgos ambientales.

Durante la jornada, los gremios indicaron que se garantizaron los servicios en áreas críticas como emergencias, cuidados intensivos, neonatología y atención a pacientes en condiciones delicadas, manteniendo su compromiso con la atención a la población.

Entre las demandas se encuentran la aplicación de los incentivos por tiempo en servicio y distancia, el cambio de designación del personal, el nombramiento de enfermeras en sus diferentes niveles y la pensión con el 100 % del salario, así como la formalización de los acuerdos discutidos con las autoridades.

La convocatoria se realiza después del paro de 24 horas que las trabajadoras de salud hicieron a nivel nacional el pasado 24 de abril.

Pese al respaldo de esa protesta, "las autoridades aún no han convocado a un proceso de diálogo directo con el sector, lo que ha motivado la convocatoria de nuevas acciones", apuntaron las enfermeras en un comunicado.

La AME es una enfermedad de baja incidencia en el país, pero su tratamiento representa una alta carga económica para las familias afectadas, precisó Salud Pública en un comunicado.

Su eventual incorporación al catálogo de cobertura "podría significar un avance importante en la protección financiera y sanitaria de estos pacientes", añadió.

Por ello, Atallah solicitó formalmente al responsable de la Sisalril, Miguel Ceara Hatton, evaluar la viabilidad de incluir el Risdiplam dentro del catálogo de medicamentos del sistema de seguridad social.

Las labores iniciarán a las 7:00 a.m. con el desmonte y desconexión de los tramos 138 kV Cruce de Cabral 2 - Km 15 de Azua L2 y 138 kV Cruce de Cabral 2 - Los Cocos L2, para normalizar el suministro desde Los Cocos hacia Km 15 de Azua. Estas intervenciones concluirán a las 10:00 a.m., y debido a estas maniobras, el servicio eléctrico se verá afectado en la provincia de Pedernales. 

Posteriormente, de 3:00 p.m. a 5:00 p.m., se realizará la apertura de la línea 138 kV Cruce de Cabral 2 - Km 15 de Azua L1, permitiendo a los contratistas continuar con los trabajos de ampliación de la SE Cruce de Cabral 2. Durante este período se desmontarán y desconectarán los tramos 138 kV Cruce de Cabral 2 - Km 15 de Azua L1 y 138 kV Cruce de Cabral 2 - Los Cocos L1, afectando el servicio eléctrico en las siguientes comunidades y empresas: 

Comunidades: Barahona Pueblo, Vicente Noble, Las Damas, Salinas (provincia Barahona), Neyba (provincia Bahoruco), Jimaní y Duvergé perteneciente a la provincia Independencia.  

Empresas: Barahona Carbón, Canoa Solar, Ingenio Barahona, Zona Franca Barahona, Aeropuerto de Barahona, Khoury Industrial, Central Hidroeléctrica Las Damas, Acueducto Sur-Oeste 

ETED agradece la comprensión de todos mientras se realizan estas importantes labores de mantenimiento y ampliación de la red eléctrica, que buscan mejorar la confiabilidad y continuidad del suministro en la región.

El funcionario destacó que más de 90 millones de empleos desaparecerán a nivel mundial debido al avance de la automatización y la inteligencia artificial, aunque aseguró que surgirán nuevas oportunidades laborales vinculadas a la creatividad, la innovación y las habilidades tecnológicas, durante un encuentro celebrado entre el Instituto Marangoni, la Universidad Iberoamericana (Unibe) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

«La buena noticia es que esta cuarta revolución industrial generará alrededor de 140 millones de nuevos empleos», expresó, según señala una nota de prensa.

Santos Badía sostuvo que el principal desafío de las universidades y de instituciones técnicas como el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) consiste en preparar a las personas para los cambios del mercado laboral.

“Las universidades tienen que reinventarse, reaprender y desaprender para ofrecer programas útiles a la gente”, afirmó.

Asimismo, defendió la necesidad de flexibilizar los sistemas regulatorios para facilitar alianzas académicas internacionales y programas de doble titulación.

“No podemos seguir regulando con una mentalidad vieja mientras el mundo cambia a gran velocidad”, señaló el ministro, al valorar el acuerdo académico entre Unibe y el Instituto Marangoni como una apuesta estratégica por la calidad y la internacionalización.

Durante la actividad, la gerente para América Latina del Instituto Marangoni, Gabriela Cermeño, agradeció el respaldo del Mescyt y destacó que la colaboración ha permitido que jóvenes dominicanos accedan a una formación de excelencia en diseño, moda e industrias creativas. Explicó que el programa dual impulsado junto a Unibe constituye el primero de este tipo desarrollado por la institución italiana en América Latina.

Redondo Llenas, junto a su cómplice Juan Manuel Moliné Rodríguez, se llevaron al adolescente, perteneciente a una familia de clase alta, con la excusa de acudir a una exhibición de motores.

La madre del menor había dado permiso para que saliera con su primo y con Moliné Rodríguez, pero les dijo que debían regresar a la casa a las 5 de la tarde, sin embargo, horas después, Redondo Llenas le llamó para informarle de que el niño le pidió que le dejara en una plaza comercial para encontrarse con unos amigos, una versión que resultó extraña para la mujer, que de inmediato salió en busca del niño, generando una gran repercusión mediática en aquella época.

Redondo Llenas, de entonces 19 años, y Moliné Rodríguez, de 18, confesaron que mataron al menor, al que infligieron más de 30 puñaladas y dejaron en un arroyo a las afueras de Santo Domingo.

El primero fue sentenciado a 30 años de cárcel tras ser declarado autor material de los hechos, mientras Moliné Rodríguez fue condenado a 20 años, una pena que finalizó en 2016.

Al salir de prisión este martes de prisión, Redondo Llenas expresó "su arrepentimiento profundo" por el asesinato de su primo y dijo que "cada día" pide perdón por los hechos.

"Hoy, nuevamente, pido perdón a mi familia, víctima directa de mis hechos y a la sociedad afectada por mi comportamiento", dijo al leer un documento ante la prensa apostada en las afueras de la cárcel de Najayo, sureste del país.

En sus declaraciones, el hombre reveló que en prisión estudió Derecho y Ciencias y Letras, al tiempo que participaba en jornada de alfabetización y trabajos agrícolas, aunque, subrayó, "nada de esto borra el daño causado", pero "si evidencia que el tiempo puede ser utilizado para construir, para reflexionar y para cambiar".

La decisión responde a que, según la ley 64-00 de Medioambiente y sus reglamentos, "si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo", dijo Abinader en un breve mensaje a la nación un día después de que cientos de personas se manifestaran en contra del plan.

Asimismo, el mandatario aclaró que este proyecto no es reciente y que su origen se remonta a concesiones de exploración otorgadas durante el año 2005 y reiterada en el 2010.

Posteriormente en el año 2015 y 2018 se renovaron y se autorizaron estudios técnicos que permitieron definir el alcance del proyecto.

"En la etapa actual, bajo nuestra gestión, la iniciativa solo ha estado en fase de evaluación ambiental, sin que exista autorización alguna para su explotación", afirmó.

GoldQuest ha explicado que su eventual explotación de oro, y en menor grado, plata y zinc en la zona, se haría utilizando métodos subterráneos y no a cielo abierto, como ocurre con la mina de Pueblo Viejo, considerada una de las más grandes del mundo, y que opera en la provincia de Sánchez Ramírez la también canadiense Barrick Gold.

El evento, que contó con la presencia del presidente Luis Abinader y reunió a más de 400 líderes del sector, junto con delegaciones internacio­nales de Argentina, Cuba y Puerto Rico, se consolidó como un espacio crucial para el inter­cambio y la cooperación regio­nal en el comercio minorista.

Sanz Lovatón resaltó la necesidad de seguir impulsando la formalización de los negocios, ampliar el acceso al crédito y fortalecer las acciones contra el comercio ilícito. Subrayó la importancia del diálogo público-privado, especialmente ante los desafíos derivados del ­contexto internacional, como el conflicto en Irán, para facilitar la toma de decisiones oportu­nas­.

En cuanto al financiamiento, destacó las facilidades ofrecidas a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), incluyendo tasas de interés de poco más del 10% a través del Banco de Reservas, disponibles en el marco de la Feria de Préstamos MIPYMES realizada hasta el pasado 30 de abril. Como presi­dente del Consejo de PROMIPYME, aseguró que se continuará ampliando la oferta de créditos en condicio­nes favorables para fortalecer la sostenibilidad y el creci­miento de las MIPYMES en todo el país.

La convención fue presidida por Ricardo Rosario, titular de la Central Nacional de ­Detallistas Unidos, e Iván ­García, presidente de la Fede­ración Dominicana de Comer­ciantes, ambos figuras destaca­das por su labor en la defensa y desarrollo del comercio orga­nizado en la República Domi­nicana.

El objetivo principal de esta convención es fortalecer el sector detallista a través de la capacitación, el intercambio de experiencias y la articulación de estrategias conjuntas entre comerciantes, autoridades y otros actores clave, abordando desafíos y promoviendo la competitividad y sostenibilidad de los negocios a nivel nacio­nal.

A los diplomáticos Jérôme Bonnafont, de Francia; Fu Cong, de China; James Kariuki, de Reino Unido; y Vassi­ly Nebenzia, de Rusia; el canciller Roberto Álva­rez le entregó sendas misi­vas del presidente Luis Abinader dirigidas a sus homólogos de estos países en las que les reco­noció el indispensable apoyo realizado para que el Consejo de Seguridad aprobara la resolución 2793 (2025) con la que se autorizó el despliegue de la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF) y el establecimiento de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH).

En estas cartas, el presidente Abinader extien­de su agradeci­miento a sus homólogos Emmanuel Macron, Xi Jinping, Keir Starmer, y Vladímir Putin por su compromiso con la esta­bilidad en Haití y la segu­ridad de la región.

El canciller Álvarez estuvo acompañado por el embajador Wellington Bencosme, representante permanente de República Dominicana ante las ­Naciones Unidas.

La medida fue adoptada en el marco de una sesión de traba­jo encabezada por el minis­tro de Agricultura, Francis­co Oliverio Espaillat Bencosme, junto a representantes de la Asociación Domi­nicana de Avicultores (ADA), realizada en el Club Cerro Alto de La Vega, y estará en vigencia hasta el 31 de agosto del presen­te año.

Como forma de preservar el equilibrio del mercado, se acordó que la liberación del producto pignorado se realizará de manera gradual, evitando así fluctuaciones bruscas en la oferta y la demanda.

El acuerdo también esta­ble­ce compromisos para los industriales participantes, quienes deberán adquirir una proporción del producto a peque­ños productores y cumplir con los lineamientos establecidos por la Unidad Técnica de Pignoraciones para garantizar la transparencia y eficiencia del proceso.

Como parte de las medidas, la Unidad Técnica de Pignora­ciones (UTEPI) asumirá los costos asociados a intereses, seguro, almacenamiento y custo­dia del producto, contem­plando además que un porcen­taje de la compra de pollo provenga directamente de ­pequeños productores, como parte de una política de inclu­sión y fortalecimiento de la producción nacional.

Durante el encuentro, las autoridades y actores del sector avícola evaluaron la realidad actual de la industria, acordando dinamizar el procesamiento y la pignoración de la carne de pollo congelada como meca­nismo para sostener la produc­ción y evitar distorsiones en el mercado.

El ministro Espaillat expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzado, destacando que, en momentos de desafíos globales, el equilibrio y la sensatez deben prevalecer por encima de todo, porque de lo que se trata es de seguir garantizando la seguridad alimentaria del pueblo ­dominicano.

Aseguró que el proceso de renovación de la nueva Cédula de Identidad y ­Electoral no es un simple trámite burocrático, sino ­inversión estratégica que ­fortalecerá la soberanía y la economía nacio­nal.

Dijo que esa inversión no es un gasto para el erario público, sino una solución ­financiera y operativa a largo plazo que blindará la identidad de más de 9 millones de domi­nicanos y tendrá una dura­ción de hasta 30 años.

El presidente de la JCE hizo la afirmación durante su conferencia “La nueva cédula de identidad y electoral, ­garantía de Estado y soberanía nacio­nal”, en el marco de un panel organizado por el ­­­orga-nismo electoral junto a la Fundación Dominicana ­Deba­te Global (FDDG), la Junta Central Electoral (JCE) y la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD).

Explicó que, histórica­men­te, el país operó bajo un ­siste­ma de vencimiento rígido que obligaba al Estado a ­realizar cambios masivos de cédulas cada 10 años, generando picos de gasto traumáticos para el presu­puesto nacional.

“Hemos diseñado un mode­lo de vigencia por ­rangos de edad que evita las crisis de renovación masiva, ­prote­giendo así los fondos públicos y eliminando la necesidad de compras de emergencia”, señaló.

Jáquez Liranzo habló acompañado de Trajano ­Santana, presidente de la FDDG y el director de la ­Escuela de Derecho de la UCSD, Amaury Martínez, durante la actividad realizada en el Auditorio Padre Ramón Alonso Beato de la academia­.

Durante la habitual rueda de prensa del PLD, Pujols indicó que, a más de dos meses de iniciada la crisis internacional derivada de los conflictos en Oriente Medio, el Gobierno dijo que necesitaría entre 40,000 y 50,000 millones de pesos para enfren­tar la situación, por lo que el recorte a los partidos "sería mínimo" para abarcar ese monto.

Sobre el recorte a los parti­dos, Pujols sostuvo que no constituye una solución efectiva al problema, ya que su impacto es mínimo en compa­ración con las necesidades del Estado. A su juicio, se trata de una medida "superficial" que desvía la atención del manejo del gasto público­.

Recordó que, de acuerdo con la ley, en años no electorales los partidos deben recibir el 0.25 % de los ingresos nacio­nales, con el objetivo de garantizar condiciones míni­mas de competencia política y fortalecer la institucionalidad democrática.

Sin embargo, afirmó que desde 2022 el Gobierno ha estado asignando aproximadamente la mitad de ese monto­.

El político opositor explicó que, en ese año, en el contexto de la crisis provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania, el financiamiento fue reducido a 0.125 %, una medida que se presentó como excepcional, pero que, según dijo, se ha mantenido en el tiempo.

En ese sentido, advirtió que una nueva reducción ­llevaría ese porcentaje a 0.0625 %, equivalente a una cuarta parte de lo establecido originalmente por la ley.

Pujols aseguró que esta disminución afecta la capacidad operativa de los partidos de oposición y advirtió sobre el impacto que tendría en la competencia democrática.

"Reducir de manera siste­mática el financiamiento público limita, en los hechos, la competencia política", expre­só.

Asimismo, indicó que el debilitamiento del financiamiento estatal podría ­aumentar la dependencia de recursos privados, lo que, a su entender, distorsiona la representación política y abre la puerta a posibles financiamientos irregulares.

Casimiro Laurencio, presi­dente de la UGTD; denunció que en estos momentos existen dirigentes sindicales que están apoyando a legisladores para que se reforme dicha cesantía­.

Laurencio ofreció sus decla­raciones en una nota de prensa enviada a La Información con motivo del Día Internacional del Trabajo, en la que reclama, además, salarios justos para el sector laboral.

Sostuvo que en el Congreso Nacional hay legisladores que presuntamente están en contra del mejoramiento de vida de los trabajadores.

“Nosotros vamos para la calle a defender la cesantía laboral porque es un derecho de los trabajadores y “vamos a desenmascarar a quienes ­están en contra de los trabajadores en ese sentido”, preci­só.

Además, anunció un plan de lucha para demandar un aumento general de salarios para los trabajadores, ya que los precios de los productos que componen la canasta fami­liar, los bienes y servicios están inalcanzables para las masas desposeídas.

Casimiro Laurencio, presi­dente de la UGTD, pidió a los grupos sociales respaldar sus demandas, que son para el mejoramiento de la calidad de vida de los dominicanos. 

En otro sentido, se denunciará la situación que viven los trabajadores informales que laboran en las calles, los cuales no tienen donde realizar sus necesidades fisiológicas.

Pidió a las autoridades ­municipales la instalación de baños y de esa forma resolver las peticiones del sector.

Esta etapa impactará a aproximadamente 78,000 maestros del sistema educativo público y será ejecutada por más de 1,600 pares evaluadores, seleccionados mediante un proceso técnico que incluyó verificación de credenciales, experiencia profesional, entrenamiento especializado y ejercicios de calibración.

La fase de observación de clases consiste en la evaluación directa de la práctica docente en el aula, mediante la recopilación de evidencias objetivas sobre la planificación, el desarrollo de la enseñanza y la interacción pedagógica en condiciones habituales.

La Comisión destacó que el rol del par evaluador es estrictamente técnico y se fundamenta en la observación objetiva del desarrollo de la clase, sin intervenir en la dinámica pedagógica, utilizando instrumentos estandarizados que garantizan la trazabilidad y transparencia del proceso .

Como parte de la preparación, el Ministerio de Educación desarrolló un proceso de formación de varios meses orientado a asegurar rigor, calidad y homogeneidad en la aplicación de la evaluación.

Asimismo, recordó que los pares evaluadores, que son todos técnicos docentes, suscribieron compromisos formales de confidencialidad, ética y cumplimiento del proceso, y que el ejercicio de estas funciones constituye una responsabilidad institucional, cuya inobservancia conlleva la aplicación de las medidas administrativas correspondientes.

El Ministerio de Educación reiteró que esta fase representa un hito dentro del proceso evaluativo y reafirmó su compromiso de continuar su ejecución conforme a lo establecido, como parte de una política orientada al fortalecimiento de la calidad educativa.

La decisión fue anunciada tras un encuentro encabezado por el presidente Luis Abinader, junto al ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, quien calificó la reunión como “constructiva y fructífera”. El funcionario aseguró que existe un compromiso firme de trabajar de manera continua para impedir incrementos en el costo del transporte en los próximos días.

Sanz Lovatón explicó que el Gobierno evalúa un aumento adicional en los subsidios a los combustibles, dependiendo del comportamiento de los precios internacionales del petróleo, lo que podría implicar un costo extra cercano a RD$800 millones para el Estado. Esta medida busca reducir la presión financiera sobre el sector transporte y evitar su traslado a la población.

En la reunión también participó el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, junto a dirigentes de los principales gremios del transporte, entre ellos Ricardo de los Santos, Antonio Marte, Juan Hubieres, William Pérez Figuereo y Mario Díaz. Los representantes respaldaron la continuidad del diálogo como mecanismo para preservar la estabilidad en las tarifas.

El acuerdo se produce en un contexto de alta volatilidad en los mercados energéticos internacionales, impulsada en gran medida por la crisis en Medio Oriente. Ante este escenario, el Gobierno ha intensificado su política de subsidios, absorbiendo gran parte de los incrementos para evitar que estos impacten directamente en el bolsillo de los ciudadanos.

Solo el pasado viernes, las autoridades destinaron RD$1,421.4 millones para contener las alzas en los combustibles. El subsidio permite cubrir el 100 % del incremento en el Gas Licuado de Petróleo (GLP), manteniendo su precio sin variación, así como la estabilidad del gas natural. Sin embargo, otros derivados como las gasolinas y el gasoil han registrado aumentos, reflejando la presión del mercado internacional.

En lo que va de año, el Gobierno ha invertido más de RD$12 mil millones en subsidios, como parte de una estrategia para proteger la economía nacional. Este esfuerzo ha sido posible mediante medidas de austeridad y control del gasto público, incluyendo restricciones en contrataciones, viáticos, combustibles y publicidad, con el objetivo de garantizar un equilibrio entre la estabilidad económica, la sostenibilidad fiscal y la protección de los ciudadanos.

República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho entre cuyos fundamentos se encuentra la dignidad humana, asumida como valor constitucional fundante por un extenso e intenso desarrollo de la doctrina jurisprudencial.

Es frecuente su consideración desde dos enfoques. El primero se ubica en su función normativa y la explica como valor constitucional, a la vez que como principio y derecho fundamental autónomo; el segundo, desde su objeto, permite a las personas vivir sin humillaciones. De aquí que la dignidad, en diversa medida y con previa consideración de razonabilidad y proporcionalidad, admita el ejercicio de otros derechos separadamente tutelados, entre ellos el derecho a la vida, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad.

Por estas y otras semejantes razones, la dignidad ha sido explicada como “pilar esencial del Estado dominicano”, apreciación que, sin duda, se origina en la redacción del artículo 38 de la Carta, en virtud del cual “el Estado se fundamenta en el respeto de la dignidad…”.

Así concebida, la dignidad como valor, como principio constitucional y como derecho fundamental encuentra un campo precioso y necesario en relación con las personas en situación de vulnerabilidad debido a su diversidad física, cuyo origen normativo en nuestro ordenamiento jurídico parte de la Ley núm. 21-91, del 5 de septiembre de 1991, que reconoce los derechos de las personas “con limitaciones físicas, sensoriales y/o mentales”. Esta es la norma que creó el Consejo Nacional para la Prevención, Rehabilitación, Educación e Integración Social de las Personas Minusválidas (CONAPREM), adscrito a lo que hoy es el Ministerio de Salud. La institución que actualmente trabaja en este entorno es el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS).

Es un hecho fehaciente que las personas con diferencias físicas ven limitado su derecho al trabajo, a pesar de que muchas limitaciones no lo son respecto de ocupaciones que pudieran desarrollarse sin problema alguno por quienes, aun padeciendo alguna condición determinada, no la padecen en cuanto a exigencias laborales tan específicas o especializadas como las que muchas industrias requieren.

La integración laboral de estas personas ha sido un objetivo no alcanzado con efectividad, aunque el total nacional de personas con capacidades diferentes ha alcanzado en ocasiones algo más del 12% de la población total, como ocurrió en 2010, y hasta el 4.8% de la población dominicana total, según el X Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022.

El peor dato, sin embargo, consta en el IX Censo Nacional de Población de 2010, cuando se detectó que el 53.4% de estas personas pertenecía a los grupos socioeconómicos muy bajo, bajo o medio bajo. Hasta el 67% de ellas carecía de ingresos durante el año de la medición.

El dato evidencia las múltiples, extraordinarias e inaceptables limitaciones que este grupo humano enfrenta para el diario vivir, y nos impulsa a comprender la redefinición de la discapacidad como una carencia de inserción socioeconómica individual, inducida por un estado físico particular que, si bien impide la realización de ciertas actividades, no necesariamente impide la de otras.

Esta conceptualización es similar a la corrección terminológica oficial establecida por el CONADIS, en virtud de la cual la discapacidad es “toda limitación en la actividad y restricción en la participación, que se origina en una interacción negativa entre una persona con una condición de salud y las barreras presentes en su ambiente”. La similitud aludida se basa en que, a partir de este entendimiento, se concluye en el estudio de referencia que esta interacción genera dificultades para la realización de actividades de la vida diaria y para participar en igualdad de condiciones en los entornos físico y social.

No queremos caracterizarnos como una sociedad excluyente y restrictiva, en la que la participación de todos los dominicanos en las distintas esferas del quehacer social deje de ser un derecho humano, y uno de los más básicos.

Por eso, los datos disponibles no solo describen una realidad estadística: también revelan una deuda constitucional. Nos obligan a mirar la discapacidad como una expresión de exclusión social que, aunque parte de una condición física particular, no es necesariamente insuperable para todas las actividades posibles.

Resulta poco discutible el hecho de que, en variados contextos teóricos y doctrinales, la inserción laboral no significa solamente trabajar, sino también el logro de una cierta permanencia en la ocupación de que se trate, sea por cuenta propia o ajena. Lo que produce autonomía y genera la probabilidad de satisfacción de necesidades es la estabilidad ocupacional, que solo puede lograrse a partir de acciones educacionales sostenidas y estrategias de incorporación laboral de amplio espectro.

Lograr los niveles de integración requeridos para un sector tan amplio de la sociedad dominicana exige algo más que la sola iniciativa pública: sin la participación consistente del sector privado, es posible que las estrategias de expansión de un sistema de incorporación laboral de personas con capacidades diferentes carezcan de permanencia y de éxito, o no logren la disponibilidad de plazas en la cantidad y diferenciación requeridas.

La protección constitucional de la discapacidad se ha proyectado en ámbitos limitados por el tipo de conflicto que provoca la intervención del Tribunal Constitucional, como ocurre en las sentencias TC/0720/23 y TC/0203/13, que definen la obligatoriedad de la protección reforzada de las “personas discapacitadas” —como las entiende la decisión referida—, pero en el ámbito de la prevención y cobertura de daños ocasionados por accidentes de trabajo. En la TC/0305/25 fue posible eliminar el tope de edad y plazo en la póliza de discapacidad y sobrevivencia.

Son solo ejemplos, se entiende que limitados pero efectivos, orientados a la integración, la defensa y el favorecimiento de grupos poblacionales que necesitan ser considerados tan dignos como cualquier otro, y, como cualquier otro, necesitados de que se les trate con igualdad verdadera para que ejerzan sus derechos a la educación y al trabajo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la discapacidad es un fenómeno complejo y un término general que abarca deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación.

Ismael De León,  presidente del Consejo de Directores de ITEVO, destacó que la institución académica cumple con la sagrada misión de preparar a los talentos humanos para que se inserten en el mercado laboral, contribuyan con el fortalecimiento del emprendimiento e incidan en el crecimiento integral de la sociedad dominicana.

Los técnicos  recibieron sus títulos en diferentes áreas del saber,  quienes adquirieron los conocimientos imprescindibles para explorar y explotar las potencialidades productivas del país.

De León, presidente del Consejo de Directores de ITEVO, mostró  complacencia por  los logros obtenidos gracias a la dedicación de los estudiantes y el esfuerzo puesto en práctica por el cuerpo académico .

“Hemos tenido que expandir la formación técnica a nivel nacional,   debido  a la alta demanda de los empresarios, quienes claman por una mano de obra calificada porque solo de ese modo se garantiza una producción cualitativa y cuantitativa”, afirmó De León. 

Varios  los graduados  fueron  reconocidos por sus altas calificaciones, quienes recibieron sus títulos  en diversas áreas del saber,  como enfermería,  rayos x, reparación de celulares, construcción, flebotomía,  Contabilidad, bioanálisis, secretariado, plomería.

“Como presidente de la República seguiré trabajando en ese consenso, en un consenso que siempre mitigará cualquier situación, y digo mitigará, porque nunca vamos a estar ajenos a los efectos de ésta, pero si podemos deducir significativamente para que nuestro país pueda seguir creciendo. Tuvimos un primer trimestre con un crecimiento de un 4 % y estamos trabajando para que ese crecimiento no se perjudique con la crisis internacional y que el país pueda seguir creciendo como lo ha estado haciendo durante los últimos años para bien de cada uno de nosotros y toda la población”, adujo.

“Por lo tanto, recibo esto como un compromiso más para seguir trabajando confirmando que esa es mi obligación trabajar con ustedes y estoy seguro que no importa las tempestades y las crisis, si seguimos trabajando juntos, vamos a salir a camino y éste país seguirá creciendo para beneficio de todos los dominicanos y las dominicanas”, apuntó el jefe de Estado el encabezar la clausura de la II Convención de Negocios Detallistas 2026, actividad dedicada al mandatario y al sector industrial.

Abinader, expresó que aún siendo un país pequeño, si el Gobierno, la sociedad civil, productores y comerciantes trabajan juntos, como se ha estado haciendo ahora y en el pasado, “no importa ninguna tempestad, siempre vamos a mitigar los efectos de esta”.

“Lo único que estoy haciendo es mi trabajo y para eso no encuentro que necesito ninguna gratificación, sino sencillamente, que podamos seguir trabajando. Lo fundamental es que todas esas crisis que hemos enfrentado: entré con una crisis que era la pandemia y era diferente porque había una deflación de precios; después pasamos a una con inflación, que fue cuando la situación entre Rusia y Ucrania; luego pasamos a varios eventos en sólo unos años; después ocurrieron varios eventos naturales y ahora tenemos una crisis con uno de los mayores niveles de incertidumbre en las últimas décadas”, precisó Abinader tras recibir varios reconocimientos de la Central Nacional de Detallistas Unidos (CNDU) y Confederación General Almacenera (CGA) de Argentina.

Central de Detallistas: precios y Mipymes Mientras, la Central Nacional de Detallistas Unidos (CNDU), se comprometió ante el presidente Abinader y el país, en mantener un equilibrio real en los precios de la canasta básica, además de contribuir con un programa de formalización de Mipymes, de colmados y negocios de provisiones.

Ricardo Rosario, presidente de la CNDU, manifestó que el propósito de la iniciativa es que a través del pago de un monotributo se facilite la bancarización de nuestros negocios a “los fines de modernizarnos y formalizarnos”.

“De manera que con un monto anual con pagos trimestrales 350 mil Mipymes, entre ellas los colmados, podamos garantizar salud, pensiones para las Mipymes y empleados, formalización laboral, entre otros incentivos. Le garantizo señor presidente que de la misma manera que su gobierno ha entregado títulos de propiedad a millones de familias y se la satisfacción personal que esto representa para usted, así mismo usted, será también recordado como el presidente de la formalización Mipymes”, explicó el dirigente en la clausura de la II Convención de Negocios Detallistas 2026 celebrada el fin de semana, actividad que estuvo dedicada al mandatario y la industria nacional.

Rosario indicó que están dispuestos a colaborar, junto a otros gremios del sector, y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y solicitó su apoyo para seguir siendo el principal canal de distribución y ventas del país.

El dirigente comercial recordó al mandatario y a los presentes que cerca del 56 % de los productos de consumo masivo se comercializa en colmados, los pequeños y medianos supermercados representando un 25 % y las grandes cadenas un 19 %.

“Agradecemos el apoyo de su Gobierno para mantener los subsidios en el Programa Supérate donde más un millón 400 mil familias se abastecen de este programa. En ese sentido, solicitamos ratificar que este programa se mantenga en los sectores detallistas, colmados, minimarket y pequeños supermercados, que somos, la tarjeta de créditos de nuestros vecinos los aún fiamos y somos los que brindamos los primeros auxilios a nuestros clientes”, planteó.

Rosario, dijo que la CNDU, a través de su cooperativa y las asociaciones afiliadas, contando con el respaldo del Banco Agrícola, crearán una red de 50 colmados en barrios y municipios integrada para dar soporte al Programa A Comer con unidades básicas de distribución de productos básicos con el propósito de disminuir los costos operativos de esos negocios y garantizando precios justos a los consumidores.

“Del mismo modo anunciamos la expansión de los servicios de operaciones de nuestra cooperativa con la instalación de nuestro centro regional en la Autovía del Este, próximos a la provincia La Romana, para estar más cerca de nuestros afiliados en toda la región Este del país”, indicó.

El presidente de la Central de Detallistas agradeció la distinción del jefe de Estado por encabezar esta la II Convención de Negocios Detallistas 2026. También, saludó la presencia de los almaceneros de Argentina y su colaboración con el sector detallista dominicano.

Durante un encuentro de trabajo encabezado por el ministro de Agricultura, ­Francisco Oliverio Espaillat, en la sede de la institución, los representantes de ambos sectores resaltaron el impacto positivo que ha dejado la ­medida, la cual ha sido deter­minante para evitar distorsio­nes en el mercado agrícola, asegurando la continuidad de la producción y el abasteci­miento de alimentos.

El ministro reveló que, como resultado de este acuerdo, el Gobierno ha destinado más de RD$1,027 millones a favor de las empresas impor­tadoras de insumos para ferti­lizantes, como parte de una estrategia orientada a mitigar los efectos de la crisis interna­cional, particularmente el ­impacto derivado de la situa­ción geopolítica en Oriente Medio.

Empresarios del sector destacaron que este apoyo ha contribuido directamente a sostener los costos de ­producción, evitando alzas en productos esenciales como arroz, plátano, habichuelas, tubérculos, vegetales y frutas, entre otros.

En ese sentido, los representantes de las empresas vinculadas a los fertilizantes como Fersan, Ferquido, Abodom, Almonte Comercial, Agroesa, Quiaasa, Comesa, Agrointesa, Jomiand, Multia­gro y Agroescalante coincidieron en afirmar que la medida ha permitido preservar el equilibrio del sistema productivo nacional, lo cual constituye un punto de gran importancia que se traduce en garantía para empresarios, productores y consumidores.

El presidente de FERSAN­, Fernando Viyella, y de Abodom, José Ramón Peralta, calificaron de trascendental dicho acuerdo, el cual ha sido clave para mantener operativa la cadena agrícola y proteger al consumidor final. “La verdad es una inicia­tiva que hay que apoyar y ser portavoz de ella por la importancia que tiene, y reite­ro la gratitud por el interés del presidente para que el país no sufra los efectos de la crisis en Medio Oriente, y el esfuerzo hecho por el minis­tro Oliverio Espaillat, el cual ha jugado un rol activo desde el primer día que el jefe de Estado trazó la ruta a seguir”, precisaron ambos empresa­rios.

De igual manera, productores agrícolas resaltaron que, gracias a esta política, el campo dominicano se mantiene en pleno funcionamiento, con niveles de producción estables y sin presiones de alzas significativas en los principales rubros de consumo.

En ese orden, Francisco Antonio Quezada, productor de vegetales, valoró la seriedad y prontitud con que el Gobierno ha manejado el tema de los subsidios a los fertilizantes, resaltando la pulcritud y transparencia del proceso, por lo que agradeció la intermediación del ministro Oliverio Espaillat.

“Nosotros estamos altamente agradecidos con el presidente de la República, así como con el ministro Francisco Oliverio Espaillat, que ha venido con una política diferente de integración, transparencia y seguimiento a los temas que en verdad son de trascendencia no solo para el quehacer agrícola, sino para el país”, manifestó Quezada.

Por otra parte, Espaillat Bencosme manifestó que, además del apoyo directo, el ministerio mantiene un sistema de monitoreo riguroso para garantizar la transparencia en la ejecución del subsidio, supervisando la facturación, distribución y uso de los insumos por parte de las empresas beneficiadas.

En el encuentro participaron representantes empresariales y productores del sector, entre ellos José Ramón Peralta (Abodom), Fernando Viyella (Fersan), Víctor Guevara (Ferquido), Ramón Almonte (Almonte Comercial), Pedro Espinal (Agroesa), así como productores como Luis Monegro, Francisco Antonio Quezada, Marcos Rodríguez, Pedro José Hernández, José Alberto García “Mello” y Cristino Tejada García.

En una operación ágil y oportuna, aseguró el organismo, sus brigadas intervinieron de inmedia­to la zona, utilizando equipos pesados para la demolición controlada de las rocas, permitiendo despejar la vía en el menor tiempo posible y devolver la circulación a la normalidad.

Obras Públicas mostró su agradecimiento al apoyo de la Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre (Dige­sett) y la Comisión Mili­tar y Policial (Comipol), una de sus dependencias, por canalizar el tránsito durante la intervención, para garantizar la seguridad de los conductores y facilitar el flujo de vehí­culos mientras se comple­taban los trabajos.

La zona permanece debidamente señalizada y el organismo exhortó a los ciudadanos a condu­cir con precaución.

"Pienso que todas las medi­das que se están tomando, que el gobierno está tratando de tomar, son oportunas y necesarias", consideró el líder religioso en entrevista para la televisión.

Sin embargo, estimó que el país no aguanta un año desembolsando la cantidad de dinero que eroga actualmente por concepto de subsi­dio a los combustibles.

"Lo primero es que la población debe saber que estamos ante una situación difícil y compleja y que no estamos preparados para ella, y que todavía en la República Dominicana no ha llegado, no ha tocado fondo la situación que se ve venir de esa situación", adujo.

Lacen observó que habría que analizar la parte de la propuesta gubernamental en el conjunto de medidas que busca reducir un 50 % de la asignación presupuestaria a los partidos políticos, cuya partida está dispuesta por la Ley Orgánica del Régimen Electoral.

Consideró que primero habría que ver el consenso colectivo de los partidos políticos, si están de acuerdo con la medida de la reducción a los recursos que reciben por ese concepto.

La iniciativa implicaría una reducción de entre RD$1,620 millones y RD$810 millones en el financiamiento público de las organizaciones políticas

El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, expresó su firme oposición a la propuesta, al considerar que "no se puede sacrificar el financiamiento de la democracia".

Lorenzo criticó que el Gobierno mantenga altos niveles de gasto en publicidad y pensiones especiales mientras plantea recortar los recursos a los partidos. No obstante, señaló que el PLD estaría dispuesto a asumir sacrificios, siempre que se apliquen con equidad y transparencia.

Mientras que, la dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Janet Camilo, advirtió que la medida no puede aplicarse sin modificar la Ley de Régimen Electoral 22-23 y la Ley de Presupuesto.

Explicó que el Poder Ejecutivo no tiene facultad para reducir unilateralmente estos fondos, ya que se trata de disposiciones establecidas por ley.

También calificó la propuesta como contradictoria y advirtió que podría debilitar el sistema democrático.

"Es una medida populista que no resuelve el problema fiscal, pero sí pone en riesgo la democracia." Janet Camilo.

"Desprecio" a la democracia

El dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP), Rubén Maldonado, calificó la medida como una muestra de "total desprecio" hacia la democracia.

Sostuvo que existe una intención sostenida del Gobierno de reducir los fondos a los partidos desde el inicio de su gestión, incluso antes de la actual crisis. A su juicio, la disposición forma parte de una estrategia para debilitar las organizaciones políticas.