En cumplimiento del mandato conferido por la Ley 16-26 que autoriza el pago a contratistas del Estado y crea una comisión para la revisión de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal, fue realizada la primera sesión de trabajo en la que se aprobó un protocolo para la aplicación de la referida legislación y de esta forma honrar los compromisos con terceros que cumplan con los requisitos establecidos.
La aprobación fue adoptada por la comisión dispuesta por la ley, la cual está conformada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, quien la preside; el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez; el director de Presupuesto, José Rijo Presbot, y Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas.
De forma general, los miembros de la comisión sancionaron decisiones fundamentales que están orientadas a establecer el marco operativo para la implementación de la referida legislación y avanzar en el reconocimiento y pago de las deudas del Estado con los contratistas acogidos a esta normativa bajo lineamientos de transparencia.
En ese sentido, el protocolo aprobado para la aplicación de la Ley 16-26 establece los procedimientos, criterios y requisitos técnicos que regirán el proceso de revisión, evaluación y tramitación de los expedientes, el cual será de conocimiento público.
Este protocolo representa un paso decisivo para la ejecución de la legislación, al dotar al proceso de reglas claras, uniformes y ágiles para el conocimiento de los expedientes, manteniendo la seguridad jurídica de las actuaciones administrativas.
De igual forma, la comisión dispuso su remisión a los veedores y todas las instituciones comprendidas en dicha legislación, a fin de asegurar la correcta aplicación de los procedimientos establecidos, incluyendo la supervisión y rendición de cuentas contempladas.
La comisión reiteró que constituye un objetivo prioritario avanzar con la mayor agilidad posible en la implementación efectiva de la referida ley, creando las condiciones administrativas, técnicas y operativas necesarias para dar inicio al proceso de pago de las deudas reconocidas por esta legislación.
En ese orden, se dará prioridad a aquellos expedientes que, al momento de la entrada en vigor de la normativa, se encontraban en proceso de revisión por la Contraloría General de la República.
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