La Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) anunció que, a partir del próximo 14 de julio, suspenderá de manera indefinida los servicios a los afiliados de las ARS Primera y ARS Futuro, como parte de las medidas de presión para exigir una actualización en las tarifas que reciben de las Administradoras de Riesgos de Salud.
La decisión fue aprobada durante la asamblea nacional de la entidad y dada a conocer por su presidente, Rafael Mena, quien explicó que estas dos aseguradoras serán las primeras afectadas por la protesta, aunque advirtió que el gremio evaluará extender la medida a otras ARS si el conflicto no encuentra una solución.
Andeclip aclaró que los servicios de emergencia y las unidades de cuidados intensivos (UCI) continuarán operando con normalidad para garantizar la atención de los pacientes en condiciones críticas y evitar riesgos para la vida.
El gremio sostiene que las ARS mantienen tarifas desactualizadas que comprometen la sostenibilidad financiera de las clínicas privadas. En ese sentido, reclama una indexación del 110 %, al considerar que ese porcentaje refleja la inflación acumulada por el sector salud desde la entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Social. Según Mena, en más de dos décadas las administradoras solo han aplicado incrementos cercanos al 25 %, cifra que calificó de insuficiente frente al aumento de los costos operativos.
DIDA irá a tribunales por suspensión de servicios
La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) anunció este miércoles que acudirá a los tribunales de la República, mediante una acción de amparo colectivo, si los centros privados de salud llegaran a suspender la atención a los afiliados a causa de su diferendo con las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).
El titular general de la DIDA, Elías Báez, afirmó que la institución actuará de inmediato para salvaguardar el derecho a la salud de los afiliados, y recordó que el acceso oportuno, continuo y sin interrupciones a los servicios sanitarios es un derecho fundamental protegido por la Constitución de la República, la Ley No. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y la Ley General de Salud No. 42-01.
«Los conflictos entre las ARS y los prestadores de servicios de salud no pueden resolverse en detrimento de los afiliados. Ninguna diferencia administrativa, financiera o contractual entre las partes puede poner en riesgo la salud de la población», enfatizó Báez mediante un comunicado de prensa.
El director general reconoció que los prestadores tienen legítimo derecho a plantear y defender sus reclamaciones, pero subrayó que para ello existen mecanismos legales e institucionales que permiten dirimir esas controversias sin interrumpir la atención médica que reciben los afiliados.
Recordó, además, que las ARS administran recursos destinados exclusivamente a las prestaciones del Seguro Familiar de Salud, por lo que esos fondos deben garantizar el acceso efectivo al Plan de Servicios de Salud (PDSS) y no pueden verse comprometidos por disputas entre los actores del sistema.
La DIDA informó que mantiene una vigilancia permanente sobre la situación y que ejercerá todas las acciones legales y constitucionales necesarias para garantizar la continuidad de los servicios y la protección de los afiliados. La institución reiteró que sus canales de orientación y asistencia permanecen disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.
«La misión de la DIDA es defender a los afiliados y velar por que reciban las prestaciones que les garantiza la ley. Ante cualquier medida que limite o interrumpa el acceso a los servicios de salud, actuaremos con la firmeza que exige la protección de ese derecho fundamental», concluyó el director general.
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