La muerte del joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de apenas 19 años, durante una intervención de un agente de la Policía Nacional, ha provocado una indignación que trasciende diferencias políticas e ideológicas.
Gobierno, oposición, legisladores, organizaciones de la sociedad civil y amplios sectores ciudadanos coinciden en que el hecho no puede ser tratado como un episodio aislado, sino como una advertencia de que la reforma policial aún está lejos de alcanzar los resultados que el país espera.
Las palabras del presidente Luis Abinader, al calificar el hecho como un acto "incalificable", reflejan la gravedad de lo ocurrido. Sin embargo, la condena moral, por firme que sea, debe traducirse en decisiones capaces de fortalecer la institucionalidad. La confianza en los organismos encargados de preservar el orden solo puede sostenerse cuando sus integrantes actúan con estricto apego a la ley y cuando las faltas reciben sanciones oportunas y ejemplares.
No puede desconocerse que el Estado ha destinado importantes recursos a la modernización de la Policía Nacional. Se han impulsado programas de capacitación, asesorías especializadas, nuevos equipos y reformas normativas. No obstante, cuando continúan registrándose actuaciones incompatibles con la misión constitucional de proteger la vida, resulta legítimo preguntarse si el problema radica únicamente en las leyes o, más profundamente, en los procesos de selección, formación, supervisión y evaluación permanente de quienes ejercen la autoridad.
Las propuestas formuladas desde distintos sectores merecen ser atendidas con seriedad. La profesionalización de los agentes, las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas periódicas, las pruebas antidopaje, mejores condiciones laborales y mecanismos efectivos de supervisión constituyen medidas que contribuirían a prevenir hechos lamentables y a fortalecer la credibilidad de la institución.
Pero, en medio de la conmoción, una voz ofreció una lección que el país no debería pasar por alto. El padre de la víctima, Noelo Mercado, afirmó que no alberga rencor contra el agente involucrado y que solo espera que la justicia actúe conforme a la ley. Su testimonio recuerda que la fortaleza del Estado de derecho no descansa en la venganza, sino en la aplicación serena e imparcial de la justicia.
La República Dominicana necesita una Policía respetada porque respeta la ley, firme contra el delito y absolutamente comprometida con la defensa de la vida. Cada tragedia que pudo evitarse debilita la confianza ciudadana y erosiona el prestigio de una institución indispensable para la paz social. La reforma que espera la sociedad será aquella que logre que hechos como éste no vuelvan a repetirse.
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