Plan Decenal propuesto por el CRD para la seguridad ciudadana

Ruta 2026-2036 pro la paz y el desarrollo social de RD

Introducción:

Conforme a la visión estratégica del CRD, la paz social no es un subproducto del crecimiento económico, sino una precondición para alcanzarlo.

Por tanto, el organismo estima que la nación amerita con urgencia un Plan Integral de Seguridad Ciudadana concebido como política de Estado, no de gobierno, que articule una conjunción de esfuerzos en la que cada institución y cada ciudadano aporte sus capacidades.

La entidad sustenta su propuesta en factores que la criminología moderna reconoce como determinantes para construir una cultura de paz: una familia funcional, educación en valores, control de las economías ilícitas, institucionalidad fuerte y oportunidades productivas.

Asimismo, considera que la evidencia nacional e internacional demuestra que la prevención resulta siete veces menos costosa que la represión.

I. La familia: primera escuela y primer cuartel contra la delincuencia

Para el Consejo, la crisis de seguridad que vive la República Dominicana no nace en la calle, sino en la sala de la casa.

Según los análisis de la institución, el 68 % de los expedientes que llegan a las fiscalías tienen su raíz en familias fragmentadas por la precariedad económica, la migración interna y la pérdida de autoridad parental. Asimismo, señala que el 52.49 % de las denuncias del primer trimestre de 2026 corresponden a violencia intrafamiliar, según datos atribuidos al Ministerio Público.

El organismo sostiene que de un hogar hacinado y sin acceso a terapia pueden surgir, en cadena, situaciones de violencia intrafamiliar, feminicidios, deserción escolar, embarazos en adolescentes y reclutamiento de menores por parte de puntos de droga.

Por ello, afirma que intervenir en la familia permite enfrentar varios problemas mediante una misma estrategia de inversión social.

En ese sentido, propone declarar la intervención familiar como una prioridad de seguridad nacional mediante cinco instrumentos reforzados:

Programa Nacional “Familia Fuerte, Barrio Seguro”, con una escuela para padres de 40 horas obligatorias y certificadas, enfocada en disciplina positiva. La meta sería alcanzar 50,000 familias en dos años.

Centros de Atención Integral a la Familia (CAIF) en cada provincia, con servicios de psicología, mediación y asistencia legal gratuita, priorizando las provincias con mayor tasa de feminicidios.

Intervención casa por casa en los 100 barrios de alta incidencia identificados por el Mapa de Calor de la Fuerza de Tarea Conjunta.

Ley de Paternidad Responsable, acompañada de un Registro Nacional de Padres Morosos que establezca consecuencias relacionadas con pasaportes, licencias y préstamos. La entidad relaciona esta iniciativa con el 31.5 % de uniones tempranas registradas antes de los 18 años.

Programa “Hogares de Paz”, con aportes de RD$3,000 mensuales condicionados para 5,000 familias que mantengan a sus hijos en la escuela y hogares libres de violencia, bajo auditoría social de las juntas de vecinos.

Para la entidad, por cada peso invertido en las familias, el Estado puede reducir los recursos que posteriormente tendría que destinar al sistema policial y judicial.

II. Sociedad civil y sector privado: la corresponsabilidad como pilar

Para el organismo de desarrollo, las encuestas de Latinobarómetro muestran que instituciones como las iglesias, juntas de vecinos y cuerpos de bomberos gozan de altos niveles de confianza social, pero permanecen poco articuladas con el sistema de seguridad.

Asimismo, sostiene que apenas el 23 % de los delitos son denunciados debido, entre otros factores, a la desconfianza de la ciudadanía.

La institución considera que la seguridad es un bien público que requiere recursos y que los sectores que más se benefician de la estabilidad deben participar también en su fortalecimiento.

Por ello, plantea:

1. Formalizar las Mesas Comunitarias de Seguridad, con participación vinculante y derecho a voto de iglesias, juntas de vecinos, clubes y empresarios locales, además de la publicación mensual de sus actas. 2. Crear el Fondo de Responsabilidad Social para Seguridad Ciudadana, mediante el cual el sector privado aporte el 1 % de sus utilidades a programas preventivos, acompañado de incentivos fiscales equivalentes a un 150 % deducible.

3. Otorgar la certificación “Empresa Segura” a compañías que financien iluminación, sistemas de cámaras y empleos para jóvenes en situación de riesgo, con un sello que pueda ser valorado en procesos de licitación pública. 4. Establecer una Red de Mediadores Comunitarios, con el propósito de resolver el 70 % de los conflictos de convivencia sin necesidad de llegar a las fiscalías, contribuyendo así a descongestionar el sistema.

III. Prevención y combate al tráfico y consumo de sustancias ilícitas

Para la entidad, uno de los principales organizadores territoriales de la violencia barrial no es únicamente el gran narcotráfico transnacional, sino también el microtráfico.

El CRD señala que la Policía incautó más de 546,000 porciones de sustancias vinculadas al microtráfico entre enero y mayo de 2026.

Advierte que la operación de un punto de venta de drogas puede afectar toda una comunidad, reclutar menores como “mulas”, fomentar el porte ilegal de armas y favorecer el inicio del consumo de sustancias desde edades tempranas.

También estima que una persona con adicción no tratada puede representar para el Estado un costo de entre RD$750,000 y RD$1,200,000 anuales en emergencias y procesos relacionados, mientras que un programa de rehabilitación tendría un costo considerablemente menor.

Para el Consejo, tratar a la persona con adicción únicamente como delincuente puede contribuir a reproducir el ciclo delictivo.

Frente a esta realidad, propone una doble vía estratégica:

1. Separación institucional clara, dejando la persecución del crimen organizado bajo responsabilidad de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público, mientras que la atención al consumidor se aborde como política de salud pública desde el Ministerio de Salud Pública. 2. Creación de Centros Regionales de Atención Integral a las Adicciones (CRAIA), bajo un modelo de comunidad terapéutica de seis meses y en alianza con iglesias, financiados con el 20 % de los bienes incautados mediante procesos de extinción de dominio. 3. Programa de Interdicción Focalizada e Inteligente (PIFI), que sustituya las redadas masivas por acciones de inteligencia barrial dirigidas a 300 puntos críticos identificados por el Observatorio del Delito. 4. Reinserción laboral posrehabilitación, vinculada a empleos en empresas con certificación “Empresa Segura” y acompañamiento durante 12 meses.

IV. Educación en valores: el blindaje moral de la nación

El organismo considera necesario fortalecer la participación de las instituciones educativas dentro de las políticas nacionales de seguridad ciudadana.

En ese contexto, cuestiona que el Decreto 121-13, que crea la Mesa Nacional de Seguridad, Ciudadanía y Género, no contemple, según sostiene la entidad, la participación del Ministerio de Educación (Minerd), el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), organismos vinculados directamente con la formación de la juventud.

El CRD considera que cuando la escuela no fortalece suficientemente la educación en valores, otros referentes sociales pueden ocupar ese espacio, incluida la denominada narcocultura.

La institución señala que el Ideice reportó una deserción escolar de 3.5 % durante el período 2024-2025, equivalente a 91,451 estudiantes, mientras que en secundaria la cifra alcanzaría el 5.70 %. Asimismo, indica que uno de cada cuatro adolescentes de entre 15 y 17 años no asiste a la escuela.

Para enfrentar esta situación, propone:

1. Incorporar al Minerd, Mescyt, Infotep y Ministerio de la Juventud a la Mesa Nacional de Seguridad. 2. Establecer un Plan Nacional de Educación en Valores como eje transversal desde el nivel inicial hasta el universitario, con contenidos relacionados con honestidad, responsabilidad, patriotismo constitucional, respeto a la ley y trabajo digno. 3. Fortalecer la enseñanza de Moral y Cívica, desde cuarto de primaria hasta sexto de secundaria, con instructores formados conjuntamente por las Fuerzas Armadas y organizaciones de la sociedad civil. 4. Ejecutar el programa “Escuelas Abiertas 24/7”, para convertir los planteles durante los fines de semana en centros culturales y deportivos, con una meta inicial de 500 escuelas durante el primer año.

V. Creación de oportunidades: empleo, emprendimiento y dignidad humana

Para el Consejo Regional de Desarrollo, la generación de oportunidades constituye uno de los principales instrumentos para prevenir la delincuencia y fortalecer la cohesión social.

La institución sostiene que un joven que no estudia ni trabaja, denominado comúnmente “nini”, tendría 11 veces más probabilidades de ser captado por una banda que uno vinculado al sistema educativo o productivo.

Según datos citados por la entidad y atribuidos al Banco Mundial, la tasa de jóvenes que no estudian ni trabajan se situó en 25.8 % en 2024. Asimismo, señala que el programa Oportunidad 14-24 la habría reducido al 16.59 %, con más de 200,000 jóvenes reinsertados. También cita datos de la Cepal que situarían el indicador en 15.9 % durante 2023.

La institución reconoce la existencia de iniciativas como Supérate, pero considera que los distintos programas todavía se encuentran dispersos.

Para la entidad, el mejor programa de seguridad ciudadana es garantizar un empleo digno.

En ese sentido, propone:

1. Crear una Ventanilla Única de Oportunidades (VUO) en cada gobernación y alcaldía, que integre vacantes laborales, becas del Infotep y del ITLA, así como financiamientos de Promipyme y Banca Solidaria, con respuestas en un plazo máximo de 48 horas. 2. Programa “Mi Primer Empleo Seguro”, mediante un subsidio salarial del 50 % durante seis meses para empresas que contraten jóvenes de entre 18 y 24 años provenientes de barrios vulnerables. La meta sería beneficiar a 10,000 jóvenes en dos años mediante contratos de un mínimo de 12 meses. 3. Fondo Regional de Capital Semilla, por RD$200 millones, destinado a respaldar 1,000 emprendimientos juveniles con tutoría empresarial durante 12 meses y una tasa de interés de 0 % durante el primer año. 4. Formación técnica acelerada en oficios de alta demanda, entre ellos electricidad, refrigeración, instalación de paneles solares, fibra óptica, programación básica y servicios bilingües de centros de llamadas, mediante cursos de tres meses y alianzas laborales con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

VI. Modernización, profesionalización y dignificación policial

El CRD considera que la profesionalización de la Policía Nacional debe ir acompañada de mejores condiciones laborales y sociales para sus miembros.

La institución sostiene que no resulta razonable exigir altos estándares de desempeño y ética a agentes que reciben bajos salarios o trabajan en destacamentos con condiciones inadecuadas.

Asimismo, considera que el actual modelo policial mantiene características predominantemente reactivas y que debe fortalecerse su orientación preventiva y comunitaria.

El Consejo destaca que la reducción de la tasa de homicidios, que sitúa en 13.20 en 2022 y 7.39 en septiembre de 2026, constituye una señal de que la focalización territorial puede generar resultados, aunque considera indispensable profundizar la dignificación policial.

En ese sentido, propone:

1. Dignificación laboral, mediante un salario base mínimo de RD$40,000 netos, bono de riesgo, seguro médico familiar, programa de viviendas para policías y becas universitarias para sus hijos. 2. Carrera policial meritocrática de cuatro niveles, con ascensos sustentados en evaluaciones anuales, polígrafo y valoración ciudadana del trabajo realizado en cada cuadrante, evitando criterios de carácter político.

3. Policía de Proximidad por Cuadrantes, organizados en zonas de ocho por ocho calles, con equipos permanentes distribuidos en tres turnos, motocicletas, GPS, cámaras corporales y una aplicación de reporte directo conectada al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. 4. Instituto Regional de Criminología y Derechos Humanos, orientado a la formación continua en mediación, prevención y uso proporcional de la fuerza, con estándares de certificación internacional. 5. Régimen de consecuencias, mediante procesos trimestrales de depuración con participación de organizaciones de la sociedad civil y publicación de evaluaciones de desempeño por cuadrantes.

VII. TECNOLOGÍA, INTELIGENCIA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL:

Esta institución enmarca que hoy se delinque con iPhone, drones y criptomonedas, y se persigue con radio análoga y libreta. La falta de integración entre 911, Policía y Ministerio Público hace que la información se pierda.

Para el organismo, un barrio oscuro es un barrio entregado.

Ante esto, considera la motorización de:

1. Sistema Integrado de Videovigilancia Regional Nordeste-Cibao Central* conectado al 911 con 2,000 cámaras con analítica de video y reconocimiento de placas, con centro de mando regional.2. Observatorio Regional del Delito que produzca cada lunes el Mapa de Calor por municipio, barrio y hora, como hace la Fuerza de Tarea Conjunta, para patrullaje basado en datos. Actualmente 28 territorios ya están en un dígito, replicar modelo. 6e0e3. Botones de Pánico Comunitarios en 5,000 colmados, farmacias y paradas de motoconcho conectados al 911, con tiempo de respuesta menor a 5 minutos.4. Plan "Luz y Vida”: levantamiento de 500 espacios oscuros y abandonados para iluminar con paneles solares, limpiar y convertir en canchas y parques. Donde llega la luz y el deporte, se va la droga.

VIII. JUSTICIA OPORTUNA Y CULTURA DE DENUNCIA:

La entidad constata que solo el 23% de los delitos se denuncia por desconfianza y miedo, y la impunidad genera reincidencia. En feminicidios, solo el 13% de las víctimas había denunciado antes del crimen en 2026.

Para este organismo, el delincuente sabe que no será denunciado y si es apresado, será liberado rápidamente.

Al efecto propone:

1. Tribunales de Flagrancia en en todas las regiones que dicten medidas en 48 horas, con jueces especializados.2. Casas de Justicia Comunitaria para resolver conflictos menores sin llegar a fiscalía, meta: 70 casas en el Nordeste y el Cibao Central.3. APP Denuncia Segura con denuncia anónima georreferenciada, seguimiento en tiempo real y chat con fiscal, con protección de identidad.4. Programa de Protección efectiva a Víctimas, Testigos y Denunciantes* con reubicación temporal, apoyo psicológico y subsidio económico de RD$10,000 por 3 meses.

IX. GOBERNANZA LOCAL Y PARTICIPACIÓN MUNICIPAL:

Este Consejo asume que la seguridad se gana o se pierde en el municipio, no en el despacho del Ministro.

Por tanto, considera relevante lo siguiente:

1. Consejos Municipales de Seguridad* presididos por el Alcalde con plan local propio y reuniones semanales obligatorias con acta pública. 2. Policía Municipal preventiva* articulada con la Nacional para ordenamiento y prevención, con 100 policías municipales por municipio cabecera.3. Inversión mínima obligatoria* del 5% del presupuesto municipal en prevención de violencia y rescate de espacios, con fondo concursable del CRD.4. Ranking anual de Municipios Más Seguros* del Nordeste y Cibao Central con premio anual de RD$5 millones para obras preventivas, para competir por la paz.

X. PLAN DECENAL 2026-2036: DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO A LA POLÍTICA DE ESTADO:

La institución considera que el país no ha fracasado por falta de planes, ha fracasado por exceso de planes de cuatro años que cada gobierno desmonta. Ningún país ha reducido la criminalidad con operativos de 90 días. La seguridad requiere 10 años mínimo.

En tal virtud, llama asumir:

1. Convertir el Plan Decenal en Ley Orgánica* y firmarlo como Pacto Nacional por la Seguridad Ciudadana por Presidencia, Congreso, partidos, CONEP, iglesias, universidades y sociedad civil.2. Establecer metas duras y medibles:* reducir homicidios de 7.39 actual a 4 por 100,000, feminicidios en 60% (de 89 en 2024 a menos de 35), deserción de 5.7% en secundaria a 2%, y elevar la denuncia de 23% a 70%. 6e0e3. Presupuesto plurianual blindado* de 2.5% del PIB en prevención y que 30% de lo recuperado por extinción de dominio vaya exclusivamente a prevención y rehabilitación.4. Auditoría externa independiente anual* con publicación del Ranking de Cumplimiento, porque lo que no se mide, no mejora. Evaluación a cargo de universidades y PNUD

XI. ESTADÍA DE LOS PROBLEMAS: LA RUTA CRÍTICA Y LA RUTA DE RETORNO:

Este organismo visualiza que la delincuencia no es un hecho súbito, es una ruta con cinco estadías. Si no intervenimos en la primera, siempre llegaremos tarde a la última.

En la Estadía 1, de Vulnerabilidad Silenciosa de 0 a 10 años, el hogar con desempleo y hacinamiento produce un niño sin supervisión. Hay 309,611 NINI entre 15 y 24 años según ONE 2022.En la Estadía 2, de Desconexión de 11 a 14 años, deserta de la escuela, prueba alcohol y es reclutado como campana por RD$500.En la Estadía 3, de Cooptación de 15 a 18 años, porta arma del punto y comete atracos menores. En la Estadía 4, de Carrera Criminal de 19 a 25 años, integra banda estructurada y entra a una cárcel donde se profesionaliza, costando RD$35,000 mensuales sin producir. En la Estadía 5, de Irreversibilidad Social, muere violentamente o queda con cadena perpetua social, dejando hijos que reinician en la Estadía 1. Entre 2016 y 2024, 1,072 menores quedaron huérfanos por feminicidios.

Frente a esta ruta, el plan de este Consejo traza las pautas para cada estadía en su raíz: Para la Estadía 1, Escuela para Padres, CAIF y Hogares de Paz. Para la Estadía 2, Escuelas Abiertas 24/7 y Plan Luz y Vida. Para la Estadía 3, CRAIA y Mi Primer Empleo Seguro. Para la Estadía 4, Policía de proximidad y Tribunales de Flagrancia. Y para la Estadía 5, romper el ciclo con el Plan Decenal.

Contempla pues este organismo, que no hay delincuente que no haya sido primero un niño abandonado por todos. Por tanto, la seguridad más barata se hace en la cuna, no en la celda.

XII. CONCLUSIÓN ESTRATÉGICA DEL CRD: EL PACTO SOCIAL POR LA PAZ:

Para el Consejo Regional de Desarrollo., la seguridad ciudadana no se decreta, se construye, no se importa, se cultiva.

La visualiza, que no es un asunto de policías y cárceles, sino como un resultado de un pacto social superior.

Entiende el organismo, que está más que demostrado que el problema no es policial, es humano; no es un problema de balas, es un problema de valores, familia y oportunidades.

Para el Consejo, la pregunta no es cuántos policías necesitamos, sino cuántos niños tenemos que salvar de la calle para no necesitar tantos policías mañana.

Entiende pues, que el modelo represivo tradicional está agotado. Llenar cárceles de jóvenes NINI que el Estado nunca educó ni empleó no es seguridad, es venganza social, y la venganza no produce paz.

Asumiendo la indicada realidad, llama pasar de la seguridad como represión a la seguridad como corresponsabilidad, donde la familia forme, la escuela eduque en valores, la empresa genere empleo digno, la iglesia oriente, la junta de vecinos vigile, la policía proteja con dignidad y la justicia sea pronta.

Esa sinergia, con el Plan Decenal 2026-2036 como Política de Estado blindada por ley y presupuesto, es la única capaz de producir esa sociedad inclusiva, segura, sana, justa y con oportunidades para todos que soñaron los fundadores y que demanda con urgencia el pueblo dominicano.

Conforme a la visión del Consejo Regional de Desarrollo, Inc., implementar as estrategias que propone para una eficaz seguridad ciudadana, constituye una ruta diáfana para la formación de un laboratorio de paz que sea columna de la consolidación de nuestras regiones y de las familias dominicanas, lo cual debemos lograr, ya que el país lo urge y lo espera.

Los autores son.

1) Dr. Ysócrates Andrés Peña Reyes, Director General del Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD), abogado y politólogo, Tel. 809-244-5496. Correo: crd.consejoregionaldedesarrollo@yahoo.com. San Francisco de Macorís, R.D

2. Lic. Juan Alfonso Mera Montero, Coordinador General de la Dirección de Estrategias de Desarrollo de Instituciones Empresariales y Comerciales del Consejo Regional de Desarrollo (CRD), empresario. Tel. 809-244-5496. Correo: crd.consejoregionaldedesarrollo@yahoo.com. San Francisco de Macorís, R.D