El Banco Central demuestra que la construcción registra un fuerte repunte en 2026. Lidera la economía nacional con una expansión interanual del 14.9 % en junio y aporta 30 % del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE). Excelente, pero por esta magnitud económica, el sector inmobiliario tiene una elevada responsabilidad social que es proporcional a su poder.
Santiago tansita por este sorprendente “Boom” de nuevas viviendas, edificios, torres, hoteles, complejos turísticos, estaciones de combustibles, almacenes, depósitos, naves industriales, centros comerciales, supermercados, clínicas, oficinas de salud oral, colegios y centros recreativos que acumulan más de 4.4 millones de metros cuadrados en construcción de obras físicas.
Este “Boom” se mide por el volumen de capital movilizado, empleos creados o metros cuadrados vendidos. Pero su balance genuino se establece, según cuánto aporta al bien común, a la movilidad, paisaje, agua, espacio público, infraestructura y calidad de vida. Esa es la esencia de la planificación estratégica y el ordenamiento.
El constructor no puede limitarse a decir que cumple los requisitos mínimos de un permiso de no objeción. La ciudad no es un solar privado ampliado. Es un sistema colectivo donde cada torre, urbanización, centro comercial o complejo residencial consume capacidad vial, agua, energía, drenaje, suelo y el paisaje de todos.
El capital inmobiliario es indispensable, pero no puede determinar hacia dónde debiera crecer Santiago. El sector privado participa, invierte y propone. El Ayuntamiento regula y ordena con planes estratégicos y territoriales que establecen el marco común. Cuando esos papeles se confunden, la ciudad deja de ser planificada y comienza a ser simplemente comercializada.
Por eso nos ocupamos en su momento, que la Resolución Municipal 3240-19 del Ayuntamiento de Santiago, que oficializa el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT 2030), estableciera la Mesa de Coordinación Interinstitucional del Ordenamiento Territorial. Espacio que debiera coordinar acciones de los entes del Gobierno central, agencias descentralizadas, gobierno local e instituciones privadas.
Tenemos evidencias de varios agentes inmobiliarios que presentan diseños bonitos, vistas aéreas y renders arquitectónicos con videos digitales 3D que, “como espejitos para indios”, muestran cómo se verá un proyecto antes de ejecutarse. Pero cuando se indaga sobre agua potable, residual, pluvial, energía, movilidad y arborización, algunos promotores entran en pánico. Es allí donde termina el marketing inmobiliario y comienza la verdadera responsabilidad urbana.
Por eso, no se puede sorprender a Santiago con un supuesto Plan de Regeneración Urbana (PIDU) con intenciones de irrespetar varios de los 77 artículos del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT), como instrumento legal. Los PIDU pueden ser instrumentos valiosos, pero dejan de serlo cuando se convierten en vehículos para aumentar el valor del suelo, sin garantizar vivienda asequible, servicios públicos, infraestructura, espacio público y permanencia de las comunidades. Una ciudad regenerada para el mercado puede terminar siendo una ciudad que expulsa a sus propios habitantes.
Internacionalmente, los PIDU presentados en ocasiones como panacea de ordenamiento territorial, reciben críticas severas cuando priorizan estética superficial, valorización inmobiliaria y especulación del suelo sobre necesidades ciudadanas. Encarecen la vida local, destruyen la identidad comunitaria y expulsan a vecinos originales. Regenerar no significa simplemente construir más, elevar precios y llenar la ciudad de torres.
Regenerar significa recuperar ciudad para la gente, proteger el patrimonio natural y construido y asegurar que la inversión privada sea compatible con el interés público.
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