Una nueva oportunidad para la seguridad vial

Los accidentes de tránsito constituyen una de las tragedias más dolorosas y persistentes que enfrenta la República Dominicana. Cada día, las noticias dan cuenta de personas fallecidas, lesionadas y familias que quedan marcadas por el dolor como conse­cuencia de siniestros viales que, en ­muchos casos, pudieron evitarse.

La magnitud del problema exige respuestas firmes y sostenidas. El crecimiento del parque vehicular, particularmente de las motocicletas, las deficiencias en la infraestructura vial y, sobre todo, conductas como el exceso de velo­cidad, la imprudencia, el consumo de ­alcohol, el uso del teléfono celular al conducir y el irrespeto a las señales de tránsito, confi­guran un escenario que demanda una política nacional de seguridad vial mucho más efectiva.

En este contexto, debe valorarse la reciente decisión del presidente Luis Abinader de ­introducir cambios en el tren gubernamental, entre ellos la designación del mayor general retirado, Juan Manuel Méndez García, como nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). Este cambio abre una nueva oportunidad para fortalecer las políticas públicas dirigidas a enfrentar los graves problemas del tránsito y la seguridad vial en el país.

La sociedad dominicana espera que esta nueva etapa se traduzca en iniciativas renovadoras y, sobre todo, en soluciones concretas. El país necesita pasar de las respuestas coyunturales a una estrategia permanente que permita enfrentar de manera integral el tránsito, la movilidad y la seguridad vial.

Se requiere fortalecer la coordinación entre el INTRANT, la DIGESETT, el Ministerio de Obras Públicas, los ayuntamientos, el sistema educativo y las demás instituciones vinculadas al transporte. También es indispen­sable mejorar la señalización, la iluminación y las condiciones de las vías; fortalecer la ­fiscalización; promover una formación más rigurosa de los conductores y desarrollar ­programas permanentes de educación vial.

Pero ninguna política será suficiente si no se produce, al mismo tiempo, un cambio en la conducta ciudadana. La seguridad vial es una responsabilidad compartida. Las leyes y las instituciones establecen las normas, pero corresponde a cada conductor, motorista y peatón asumirlas como instrumentos destinados a proteger la vida.

El nuevo director del INTRANT recibe, por tanto, una institución frente a uno de los mayores desafíos nacionales. La expectativa de los dominicanos es legítima: que esta nueva gestión aporte visión, capacidad de coordinación y medidas eficaces para comenzar a transformar una realidad que durante dema­siado tiempo ha cobrado un elevado precio en vidas humanas.

Reducir los accidentes de tránsito no puede ser solamente una meta administrativa. Es un compromiso con la vida. Y cada vida que pueda salvarse mediante una política pública eficiente constituirá un logro de toda la ­sociedad.